La masacre de ocho jóvenes en Samaniego, Nariño, en la noche del sábado, volvió a evidenciar la ola de violencia que sacude el departamento, que sufre las consecuencias de las bandas criminales que buscan la hegemonía del narcotráfico.
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El martes, cuando se terminaban las honras fúnebres de las víctimas, la Comisión de Paz del Congreso aprobó una sesión en Cali para llevar a cabo un debate de control político al cual serán citados el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, a fin de explicar lo que ha pasado con las masacres del barrio Llano Verde, en la capital del Valle, y en Samaniego.
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El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, explicó en entrevista con EL TIEMPO las circunstancias en las que ocurrió la masacre de Samaniego y cómo el narcotráfico golpea a las comunidades.
Se tiene claro que las víctimas eran universitarios que retornaron al municipio por la pandemia. Estaban departiendo unas 40 personas cuando llegaron unos encapuchados a disparar. Solicitamos a Fiscalía y Policía realizar todas las acciones que les competen. Hay una recompensa de 200 millones de pesos para ayudar a identificar a los responsables.
¿Quiénes estarían detrás del crimen?Todo está en investigación por la Fiscalía. Las autoridades saben de la presencia de grupos como ‘clan del Golfo’, disidencias de las Farc y el Eln.
Se habla de un comunicado del Eln en el cual dicen que no han sido los perpetradores. Se debe verificar la veracidad, y los organismos investigativos apuntarán a los responsables. Exijo esclarecer los hechos.
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Con el narcotráfico llegó la violencia. Tras la firma de los acuerdos de paz hubo tranquilidad en Nariño. Han pasado tres años, y el conflicto armado empezó a recrudecerse. La población civil queda en el fuego cruzado, como sucedió en el municipio de Leiva, donde unos estudiantes terminaron asesinados.
La presencia de grupos ilegales se da por el narcotráfico, el cual ocasiona que la sociedad quede inmersa en cualquier circunstancia violenta.
Nuestra postura es hacer una revisión de los acuerdos de paz para saber qué es lo que está sucediendo. Allí estaba clara la política especial de sustitución de cultivos ilícitos y entrega de rutas del narcotráfico, las cuales siguen sobre el río Telembí, el Patía y municipios ribereños.
Estos territorios de los que salieron las Farc debieron ser ocupados por el Estado, Ejército y Policía para no permitir que regresaran grupos armados. Debe haber una revisión para conocer qué pasó acá.Se necesita que el Estado haga presencia también con inversión social, son sitios apartados que claman proyectos de alto impacto.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) atiende a varias personas en Tumaco, pero hay muchos esperando en la cordillera que quieren hacer acuerdos voluntarios. La autoridad llega con una erradicación forzosa y se termina en confrontación con las comunidades. Se requiere un acuerdo para sustituciones concertadas y voluntarias.
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Habrá una Comisión de Seguridad que le solicitamos al presidente Iván Duque para evaluar la situación. También se discutirá qué se debe hacer para desarticular bandas, no podemos dejar que nuestro territorio esté dominado por estos ilegales.
El olvido no ha sido de un gobierno, el olvido es de muchos años. Está claro que es el narcotráfico el que nos tiene en estas dificultades. Tenemos que desvertebrarlo, y no es a la fuerza, es de manera concertada como se logra la sustitución de cultivos ilícitos, nuestros campesinos e indígenas están dispuestos.
¿Qué plantea tras esta ola de violencia?Necesitamos avanzar en la sustitución de cultivos; si lo logramos, vamos a ir sacando la economía ilegal del narcotráfico, culpable de todas las pérdidas humanas. Cuando llegan los actores del conflicto, buscan poner su ley y quieren justificar su actuación con terror. No se puede decir que solo se necesita un aumento de pie de fuerza y erradicación forzada, aquí se necesitan diálogo y un Estado de manera integral.
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CRISTIAN ÁVILA
Redactor de NACIÓN
EL TIEMPO