Puerto Carreño, en Vichada, y Sitionuevo, en Magdalena, vivirán este domingo 30 de julio el proceso de revocatoria de mandato a sus respectivos alcaldes. Quienes promueven la jornada en cada municipio esperan hacer historia: ser los primeros en remover a un gobernante. Pero no será fácil: las estadísticas indican que ese objetivo nunca se ha logrado en Colombia.
Especial atención tendrá la capital del Vichada, precisamente por su condición de territorio más importante del departamento.
Marcos Pérez Jiménez, su alcalde, se defendió de la intención de revocarlo: “Demostré, en el Consejo Nacional Electoral y en rendición de cuentas, que ejecutamos el 38 por ciento de nuestro plan de desarrollo, superando en 13 por ciento la meta del primer año. Lo que me está pasando se basa en una persecución política”.
Según cifras de la Registraduría Nacional, desde 1996 hasta el pasado 9 de julio, 56 revocatorias han sido votadas en el país. De ellas, 52 ni siquiera alcanzaron el umbral para que la votación fuera válida y en las cuatro en las que sí se superó, que fueron en Sevilla (Valle del Cauca, 2003), Corozal (Sucre, 2003), Miraflores (Guaviare, 2005) y Murindó (Antioquia, 2005), la población le dijo No a la revocación de su mandatario.
Para José Fernando Flórez, abogado constitucionalista y director jurídico de la Fundación Azul Bogotá, la revocatoria es una figura que bien utilizada le sirve a la democracia para hacer cumplir las promesas de campaña, pero su uso en Colombia como herramienta de revanchismo electoral la ha desnaturalizado.
“Tal como está funcionando, la revocatoria es un mecanismo antidemocrático, porque supone una burla al voto de las personas que ganaron las elecciones y por lo tanto un fraude a la democracia representativa –dice Flórez–. Es además costosa para las ciudades y los departamentos, porque la oposición la utiliza para sabotear la administración de quienes ganaron las elecciones”.
Resaltó que la solución es limitar su uso a hipótesis de verdadero incumplimiento de los programas de gobierno, que es su fin según la Constitución.
César Caballero, politologo y gerente de la firma Cifras y Conceptos, cree que los ciudadanos deben seguir teniendo el derecho a revocar, aunque propone “dos soluciones proactivas” para que el mecanismo funcione mejor.
“En ciudades con más de 500.000 habitantes se debería hacer una segunda vuelta, porque el problema que tenemos ahora es que hay mandatarios que ganan con un porcentaje de tan solo el 30 por ciento –dice Caballero–. Así se podría evitar ver a la otra parte de la población, que es mayoría, descontenta en el momento de una elección”.
“Lo segundo es que se tendría que solicitar, a quienes promuevan la revocatoria, que si mínimo no hay una votación del 70 por ciento del umbral tendrían que tener una póliza”, complementó.
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, cree que las revocatorias no pueden dejar de hacerse.
“Entendemos que es un tiempo muy corto empezar a hacerlas al año y medio de gestión de un mandatario, pero en Colombia los gobiernos son de cuatro años, ese es nuestro diseño institucional, y no por eso se debe dejar a un lado el mecanismo”, precisó.
Asimismo, acotó que es importante que las administraciones garanticen el cumplimiento de la jornada de revocación, pues muchas veces se han encontrado con que el día de la votación se decretan encuentros culturales, deportivos o festivales, y todo para hacer presión para que el mecanismo no salga adelante: que gane la abstención.
“Si hay una revocatoria en la que se puede decir que se encontraron todos estos factores que afectaron el espíritu de hacer una evaluación de la gestión de un alcalde fue en Barrancabermeja –destaca Barrios–. Allí se vio una ausencia de autoridades efectuando control sobre las acciones que podía hacer la administración local”.
La experta recuerda que hoy hay cerca de 119 procesos de revocatoria que esperan ser validados para votar.
En lo que va del 2017 ya son siete las votaciones de revocatoria hechas. Con las dos que se realizarán el domingo y otro par el 13 de agosto (Sogamoso, en Boyacá, y Remolino, en Magdalena), serán 11, lo que impondrá un nuevo récord anual. En 2005 hubo 10 y en 2009, 8.
CAMILO HERNÁNDEZ M.
Redactor EL TIEMPO
