La construcción de la doble calzada Ciénaga – Barranquilla, en el tramo entre la Ye de Ciénaga y el peaje de Tasajera, no solo enfrenta el desafío ambiental de no repetir el daño causado por la actual vía a la Ciénaga Grande de Santa Marta, sino otro social por el reasentamiento de cerca de 1.000 viviendas en el municipio de Pueblo Viejo.
Aunque hasta la fecha solo se ha contratado el tramo de la variante del sur de Ciénaga, que fue adjudicado en septiembre de 2016 al consorcio colombocostarricense Meco Magdalena 039 S.A.S., los habitantes de la cabecera de Pueblo Viejo y los corregimientos de Tasajera, Palmira, Isla del Rosario y Nueva Frontera desde ya están preocupados porque no saben qué va a pasar con las viviendas que serán afectadas por el proyecto vial.
El problema radica en que este municipio, ubicado entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe y cuya población es de cerca de 30.000 habitantes, casi no cuenta con zonas de desarrollo urbano y los pocos lotes donde se podrían reasentar las viviendas que serán afectadas por el proyecto vial en su mayoría son privados y están en zonas de riesgo mitigable.
De acuerdo con el estudio de impacto ambiental y plan de reasentamiento, elaborado por la firma Ambiotec Consultorías Ambientales y contratado por la Concesión Ruta del Sol II, en el municipio de Pueblo Viejo serán afectadas por la doble calzada 995 viviendas, donde residen 5.140 personas. La mayor intervención corresponde a los corregimientos de Tasajera y Nueva Frontera con 355 y 258 viviendas respectivamente.
Igualmente, en el área de influencia del proyecto se encuentran dos cementerios, uno localizado en la cabecera de Pueblo Viejo y otro en el corregimiento de Isla del Rosario, que no serán intervenidos.
En Pueblo Viejo, según el estudio, el 44 por ciento de la población intervenida requiere reasentamiento, el 35 por ciento cuenta con espacio suficiente para que el propietario reciba el pago de la vivienda o mejora y con ese dinero realice el proceso de reconstrucción o remodelación en el mismo predio, y el 16 por ciento corresponde a predios que serán intervenidos pero no se identifican viviendas afectadas.
La propuesta técnica para la reubicación de las viviendas, realizada por la Concesión Ruta del Sol, plantea que el Municipio debe identificar los lotes disponibles, en donde sea factible ejecutar los proyectos de vivienda, que serían de casas con un área mínima de siete metros de frente por siete de fondo, dos habitaciones, sala comedor, cocina y un baño.
El secretario de Planeación de Pueblo Viejo, Hernán Lobo, certificó en octubre de 2016 que, de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), los suelos que pueden ser urbanizados en el municipio se encuentran en el oriente de la cabecera, aledaños al colegio San José, entre las carreras 13 y 14 y la calle 11 y carretera Troncal del Caribe y en el occidente entre las carreras 1A y 3. Igualmente, en Tasajera están en la zona entre la carrera 1 y límites con el Vía Parque Isla de Salamanca y el sector del Mondongal.
A pesar de que esos terrenos están ubicados en zonas de riesgo mitigable, según Lobo, si se realizan las obras necesarias para el manejo de aguas y la elevación de la cota del nivel del terreno, no serán afectados por las inundaciones en la temporada de lluvias.
“En Pueblo Viejo por su alto número de habitantes y por la falta de viviendas estamos tratando que se construya verticalmente, es decir, edificios de hasta cinco pisos para que el área que tenemos podamos aprovecharla al máximo”, dijo Lobo.
No obstante, el funcionario precisó que la mayoría de los predios disponibles son privados y el Municipio no tiene recursos para comprarlos ni para realizar las obras necesarias para la adecuación, habilitación y mitigación del riesgo que van desde box culvert hasta rellenos.
El personero de Pueblo Viejo, Jorge Pérez, manifestó que en reiteradas ocasiones le han hecho el llamado al Ministerio de Vivienda para los ayude a estructurar un proyecto teniendo en cuenta las condiciones especiales que tiene el municipio porque el reasentamiento debe implicar la construcción de viviendas nuevas que permitan mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes. “De esta manera antes de que veamos como un enemigo el tramo vial, sea algo que contribuya al desarrollo social del municipio”, expresó.
La mayoría de las personas que tienen sus viviendas a orillas de la carretera en Pueblo Viejo y sus corregimientos han vivido en estos lugares toda su vida y su actividad económica depende principalmente de la Ciénaga Grande, por eso consideran que la doble calzada no solo los va a desplazar, sino también a dejarlos sin su fuente de empleo.
Orvilia Rivera, de 75 años, quien reside desde hace 50 en una casa que está a escasos metros de la carretera en el barrio Providencia, de Pueblo Viejo, dijo que el año pasado llegaron a censar y a medir en su vivienda, pero no sabe nada de la reubicación y le preocupa para dónde va a irse.
“Si aquí tuvieran terrenos para ubicarlo a uno, pero ¿dónde están esos terrenos?, ¿dónde los tienen, pa’ dónde va a coger uno? (…) habrá que comprar en otro lado porque aquí todo el mundo vive en lo propio”, dijo la mujer, que vende fritos en la puerta de su casa.
Su vecino Ángel Ortega, quien trabaja cortando madera en la Ciénaga Grande, aseguró que lo que más le preocupa es que si construyen la doble calzada se quedará sin trabajo porque tendrá que mudarse a otro municipio. “Si pasa la doble calzada nos está quitando el medio de empleo (…) Nos toca irnos para otra parte porque aquí no hay terreno, todos tienen dueño”, expresó.
En Tasajera tienen las mismas preocupaciones. Juan Orozco, morador del barrio Panamá, dijo que no tiene conocimiento sobre el plan de reasentamiento porque la Concesión Ruta del Sol hace las reuniones con los líderes a puerta cerrada.
“Nos van a hacer un desplazamiento forzado, aunque no es masacre y no es con plomo, pero esto es del gobierno y el gobierno es el que puede. Le van a quitar el sustento a miles de las familias en esta región, principalmente si nos vamos para las ciudades de qué vamos a vivir (…) Aquí en Pueblo Viejo no hay tierras para que nos reubiquen”, expresó Orozco y afirmó que no saldrá de su vivienda.
Carmen Cecilia Torres, quien vive en una casa de madera y piso de tierra que está pegada a la carretera, dijo que ella no quiere que la reubiquen, sino que le compren la casa. “Que me den mi plata y comprar en Santa Marta que es donde tengo mis hijos (…) yo pienso salir de aquí y comprar un apartamentico o un terreno para hacer una media agua”, expresó.
Los residentes en las viviendas que serán afectadas por la doble calzada esperan que antes de que inicien las obras en Pueblo Viejo les definan si serán reubicados o les comprarán sus casas y que esta carretera que une a la costa Caribe con el interior del país no genere un problema social.
PAOLA BENJUMEA BRITO
Redactora de EL TIEMPO
SANTA MARTA