Tras 20 años de exilio, familia regresó a finca arrebatada por ‘paras’

Tras 20 años de exilio, familia regresó a finca arrebatada por ‘paras’

Asediada por la violencia, esta familia tuvo que huir del país. Vivieron en Chile y México.

Tras 20 años de exilio, una familia regresó a finca arrebatada...

José Cheu tuvo que huir del país junto a su esposa Miryam Toro tras amenazas de paramilitares en la zona.

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Hernando Herrera / EL TIEMPO

09 de mayo 2018 , 07:00 a.m.

Veinte años después de salir aterrorizados huyendo de los paramilitares para salvar sus vidas, dejando abandonada una tierra en la altillanura colombiana que habían transformado en la despensa de alimentos de los habitantes de la vereda La Cristalina en Puerto Gaitán, Meta, José David Cheu y su esposa, Miryam Toro, regresaron de Pachuca (México) a reencontrarse con sus recuerdos y a recuperar su tierra.

Ambos, con más de 65 años de vida, se veían ansiosos el jueves pasado hacia las 5 de la mañana, cuando fueron citados frente a la sede de un juzgado en Puerto Gaitán. Allí los esperaban un juez, funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría y la Comisaría de Familia, así como miembros de la Policía y el Ejército que acompañaban la diligencia de devolución del predio de 2.018 hectáreas que en 1998 les habían arrebatado.

Iban acompañados de su hijo José, que conducía la camioneta que los llevó hasta las finca, 25 kilómetros más adelante. Ya con la luz del día, él fue el primero en reconocer el predio, tras superar una sucesión de estrechas curvas.

“¡Papás, aquí empieza la finca!”, dijo, mientras sus padres, incrédulos, preguntaban si era cierto, pues la vía, ahora pavimentada, no era la misma que tenían guardada en su memoria. Hace 20 años transitaban por una carretera amarillenta y polvorienta en verano y barrosa con piscinas de agua en invierno.

Pero cuando empezaron a reconocerla con el sentimiento atravesado en el corazón, las palabras de José David y Miryam se ahogaban en sus gargantas, mientras sus ojos dejaban derramar lágrimas y sus rostros empezaban a dibujar una amplia sonrisa de felicidad.

La vida de esta pareja empezó en Buenaventura, cuando José David, un samario hijo de un chino y una colombiana, y Miryam, vallecaucana con apenas 17 años de edad, se conocieron. Un año después ya estaban casados, y como fruto de esa unión nacieron dos hijos, a los que sostenían con una tienda de abarrotes que tenían en Cali.

Pero un día, a José David le ofrecieron un predio ubicado a más de 800 kilómetros de Cali, en zona rural del Meta, que en ese momento era poco productivo debido a la acidez del terreno. Eran unos potreros que apenas daban para tener unas pocas vacas.

Sin pensarlo dos veces ni consultar con su familia, José David vendió el almacén de abarrotes, compró el predio en 25 millones de pesos y se llevó a su familia en el año 1991, en el entonces baldío rural denominado La Batalla. En ese momento no le importó que en ese territorio hubiera presencia del frente 16 de las Farc.

Miryam recuerda que nunca había trabajado en el campo, pero con decisión empezó a apoyar a su esposo en la nueva empresa que emprendieron: “Aprendí a ordeñar, a maniar (amarrar) el ganado, a atender los partos difíciles de las vacas, a lidiar con la cochera de los marranos y ayudar a mi esposo en la siembra de cultivos de frutas”.

José David dice que, tal vez por sus ancestros chinos y su afición a la lectura, empezó a aplicar técnicas como la mezcla del estiércol de las vacas con aserrín, que convertía en abono para echarle a las matas que empezaron a germinar maracuyá, naranja, plátano y guanábana.

La prosperidad los llevó a realizar intercambio de productos con los habitantes de las otras fincas de la vereda La Cristalina. “Era como la hacienda La Fazenda (megacriadero de cerdos, también en el Meta), pero pequeña”, dice José David con gran orgullo.

Tras 20 años de exilio, una familia regresó a finca arrebatada por ‘paras’

José David Cheu y su esposa, Miryam Toro, llegaron con su hijo José a la zona.

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Hernando Herrera / EL TIEMPO

La finca de los Cheu Toro empezó a prosperar, y en 1996 decidieron dividirla en tres, con el respaldo del Incoder: Santa María, La Batalla y el Rincón del Venado.

Pero, ya en ese momento, el furor de los campesinos que preferían irse a raspar coca avisaba de lo difícil que sería continuar con su trabajo en la zona.

La violencia

Vivían relativamente tranquilos, hasta que la presencia del grupo paramilitar de los Carranceros, que luego se denominó Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (Acmv), empezó a disputarle el control del territorio a la guerrilla por medio de extorsión e intimidaciones.

El momento crítico ocurrió cuando hombres armados llegaron al caserío y empezaron a sacar a la gente de sus casas; los tendían boca abajo, regaban gasolina o ACPM a las viviendas y enseres, y les prendían fuego.

José David recuerda con horror que a un vecino suyo lo mataron porque en su finca encontraron prendas de la guerrilla enterradas. Pero eso solo lo hacían para evitar que sus predios fueran afectados por el grupo subversivo, no por tener vínculos directos con ellos.

Alguien le advirtió a José David que lo iban a matar. Aquella noche de marzo de 1998 recogieron la ropa que tenían y se fueron con dinero prestado, abandonando las vacas, los cerdos y los cultivos.

Era como la hacienda La Fazenda (megacriadero de cerdos, también en Meta), pero pequeña

“Cuando llegamos a la finca teníamos 105 reses y cuando nos tocó salir corriendo ya teníamos 500 vacas, y cada cuatro meses vendíamos 40 lechones (cerdos)”, recuerda Miryam.

En las siguientes semanas se vieron obligados a vender con la “autorización” del grupo paramilitar parte del ganado, y a pesar de haber dejado un encargado de la finca, este también fue desplazado, y en el predio se instaló un grupo paramilitar, en ese momento bajo el mando de Guillermo Torres, que después de desmovilizó.

Ante las dificultades que empezaron a vivir los Cheu Toro, en el año 2002 pusieron un aviso de venta de la finca, lo que llamó la atención de un posible comprador llamado Carlos Lasso Galindo, que telefónicamente ofreció pagar 400 millones de pesos que serían entregados en Villavicencio.


El encuentro tuvo lugar en una estación de servicio a la entrada de Villavicencio; allí los esperaban en un automóvil, en cuyo interior se encontraba Lasso Galindo y su conductor, Fabián Adolfo Fajardo Jiménez. El primero se presentó como comandante de un grupo de las Autodefensas del Magdalena Medio y les dijo que les iba a pagar 70 millones por la finca, valor que tenían que aceptar.

20 años de exilio, una familia regresó a finca arrebatada por ‘paras’

Asediada por la violencia, esta familia tuvo que huir del país abandonando su finca, ubicada en zona rural del Meta. En los últimos años vivieron en Chile y México.

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Hernando Herrera / EL TIEMPO

Los Chau Toro fueron obligados por el paramilitar a firmar la escritura pública 2560 del 10 de septiembre de 2002 a nombre de Fajardo Jiménez. Ese mismo día, la pareja de esposos fue citada a una casa finca en el Alto Pompeya, en zona rural de Villavicencio, para entregarles el dinero. Allí, durante tres días los mantuvieron secuestrados.

Luego fueron trasladados a un apartamento en Bogotá, adonde llegó Lasso Galindo, quien les manifestó que por su obediencia les perdonaba la vida, pero en la noche fueron llevados a una sucursal de un banco, les entregaron los 70 millones de pesos y les exigieron 7 millones como impuesto de la venta en favor de los grupos paramilitares de Puerto Gaitán. Finalmente fueron liberados.

De Bogotá salieron para Urabá, donde la situación de orden público también los sacó corriendo, y, gracias al apoyo de sus dos hijos, pudieron sobrevivir durante estos años, un tiempo en Chile y desde hace tres años en Pachuca (México), en compañía de su hijo.

Años después, los Cheu Toro se enteraron de que Lasso Galindo y Fajardo Jiménez fueron asesinados el 26 de julio de 2003, en Bogotá.

El regreso

José David sostiene que en 2007 puso una demanda ordinaria para recuperar su finca, pero la perdió, como sus esperanzas de recuperarla, hasta que se enteró del proceso de restitución y llevó el caso ante la Unidad de Restitución de Tierras, que contribuyó para que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera que les tenían que devolver su finca.

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, afirma que este es uno de esos casos en los que se ve claramente el efecto de la restitución de tierras, gracias a la Ley 1448 de 2011, y que “nos motivan a seguir madrugando y trasnochando por que los campesinos recuperan lo que les quitó la guerra”.

Sabogal sostiene que ya han sido entregadas 5.000 hectáreas a colombianos que se encontraban por fuera del país.

Veinte años pasaron para que los Chau Toro regresaran a la tierra que habían trabajado. Esta vez no encontraron vacas, marranos, cultivos de frutas ni el quiosco, corrales y cochera, solo las paredes y las tejas de la casa saqueada por el último ocupante, que hasta arrancó a golpes de cincel y maceta las puertas y las ventanas.

Hoy solo están los pastos en donde se alimentaban las vacas del último habitante de la finca y un grupo de garzas que volaban libres y tranquilas, como ahora lo hacen ellos, pero reconocen que el paso de los años también se llevó el ímpetu que los impulsaba a cultivar la tierra.

En la finca dejaron un encargado mientras llegan los respaldos económicos del Estado para recuperar la casa y desarrollar el proyecto productivo que les permita recuperar, en algo, los años perdidos en exilio.

NELSON ARDILA ARIAS
Enviado especial de EL TIEMPO
PUERTO GAITÁN (META)
​@nelard1

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