Diecinueve meses después de que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio ordenara la restitución del inmueble donde funcionaba el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) La Victoria, la diligencia se realizará este viernes 17 de noviembre, por parte de la Inspección Sexta de Policía.
El inmueble en mención, ubicado en el barrio La Primavera, tiene 1.400 metros cuadrados y está arrendado desde el 20 de agosto del 2010 al excandidato a la alcaldía Jaime Alberto Ballén Parrado y a su esposa la concejal de Villavicencio Natalia Pineda Panqueva.
La orden de restitución del predio tiene su origen en una demanda que presentó el dueño del local comercial, Jairo Melo Torres, contra Ballén y Pineda, por el no pago del arrendamiento, razón por la que además el Juzgado ordenó la terminación del contrato.
Pero todo no para ahí. Paralelo a la demanda de restitución, Melo ha entablado dos procesos ejecutivos para hacer efectivo el pago de las tasas de arrendamiento y de los intereses atrasados.
El primero de estos lo falló el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, el pasado 9 de junio.
En ese fallo el despacho les ordena a Ballén y a Pineda el pago de 227’227.759 pesos, cifra que incluye los cánones de arrendamiento comprendidos entre el mes de agosto del 2012 y el 19 de febrero del 2013, así como los intereses moratorios de la deuda hasta el 13 de febrero del 2017. Además, el despacho dio por terminado ese proceso ejecutivo.
“Ese dinero lo transfirieron en una cuenta de depósitos judiciales en el Banco Agrario”, informó Melo.
Sin embargo, el arrendador tuvo que iniciar otro proceso ejecutivo para hacer efectivo el pago correspondiente a las tasas de arrendamiento comprendidas entre el mes de marzo de 2013 y septiembre del 2017, que no incluye los intereses y cuyo valor liquidado por el juzgado asciende a la suma de 1.362 millones de pesos.
El nuevo proceso le correspondió al mismo Juzgado Tercero Civil del Circuito, que el pasado 6 de octubre ordenó medidas cautelares.
“El despacho decreta el embargo y retención de los dineros que por cualquier concepto o depósito y cuentas de ahorro, corrientes, CDT, CDAT, entre otros, se encuentren consignados a órdenes de los ejecutados Jaime Alberto Ballén Parrado, Yesid Ballén Vargas, Natalia Pineda e Hilda Alicia Panqueva de Pineda”.
El juzgado también ordenó “el embargo y secuestro de los bienes muebles y enseres de propiedad de los demandados Jaime Alberto Ballén Parrado, Yesid Ballén Vargas, Natalia Pineda e Hilda Alicia Panqueva de Pineda”.
Ese mismo día el Juzgado resolvió librar orden de pago por vía ejecutiva de mayor cuantía contra los mismos demandados, lo cual está en trámite en el despacho.
En carta enviada a Llano Sie7edías, la concejal Natalia Pineda reveló que la deuda de los 1.300 millones de pesos “es inexistente”.
Para soportar su posición, la Concejal dice que el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en fallo del 9 de junio, dio por cancelada la obligación.
“La deuda que por concepto de cánones de arrendamiento, que se le adeudaba a los señores Melo Torres fue cancelada en su totalidad dentro del proceso correspondiente, la cual se demostró que ascendía a $227’227.759”, dice la concejal en su carta.
Y sobre la restitución del local, Pineda afirma que “es sabido que a la fecha de hoy nosotros no tenemos ni relación ni vínculo con el inmueble”.
REDACCIÓN LLANO SIE7E DÍAS
