Un nuevo reclamo presentó el gobierno departamental del Huila por los “incumplimientos de la empresa Emgesa”, dueña de la hidroeléctrica El Quimbo, ubicada a unos 70 kilómetros de Neiva y con influencia en los municipios de Garzón, Altamira, Gigante, El Agrado, Tesalia y Paicol.
El reclamo fue hecho por medio de una tutela instaurada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, le pidió a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que haga valer los compromisos pactados por Emgesa en la licencia ambiental otorgada en el 2009.
“No nos cansaremos de exigir el cumplimiento de las compensaciones a los afectados por la construcción de la represa El Quimbo”, afirmó el gobernador González Villa y pidió una revisión de lo pactado “y que se conmine a Emgesa, como dueña de El Quimbo, para que cumpla con todas las obligaciones acordadas en la licencia ambiental”.
La tutela considera que existe violación de derechos fundamentales, en especial al mínimo vital y a la vida digna de los huilenses “que resultaron afectados por la represa”.
El mandatario considera que “ya es hora” que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, como autoridad ambiental y supervisora del proyecto hidroeléctrico, declare administrativamente la moratoria en el cumplimiento de las obligaciones que comprende la licencia ambiental.
Uno de los incumplimientos, dice, es la reforestación de 22.000 hectáreas pactadas en la licencia ambiental, “de las cuales solo ha reforestado 140 hectáreas, es decir, el 0.63 por ciento de lo deforestado por la multinacional Emgesa”. Otros de los incumplimientos citados son la construcción de la vía perimetral de la represa El Quimbo, aguas arriba del embalse de Betania.
No nos cansaremos de exigir el cumplimiento de las compensaciones a los afectados por la construcción de la represa El Quimbo
También pide la restitución de 5.200 hectáreas que fueron inundadas y que se encontraban en producción con ingresos a la región, equivalentes a 50.000 millones de pesos anuales por actividades agrícolas.
La tutela exige el reconocimiento de los derechos a los pescadores artesanales que vivían de ese renglón de la economía y “que terminaron afectados por la contaminación del río Magdalena”.
Al ser consultados, representantes de Asoquimbo afirmaron que “la Anla ha omitido su responsabilidad frente a la sentencia T135 de la Corte Constitucional al no garantizar el derecho de participación de las comunidades durante el proceso del nuevo censo de afectados donde se presentaron 33.000 solicitudes y solo se reconocieron 210 personas”.
La organización también le solicitó a la Corte se declare el desacato a la sentencia, por parte de la Anla, Procuraduría Regional del Huila y Emgesa, proceso que está en curso.
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