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Miembros de Mesa de Víctimas renuncian por falta de protección

El grupo de líderes sociales de Santa Marta que  denuncia estar  amenazados  de muerte y no tener la protección del Estado.

El grupo de líderes sociales de Santa Marta que denuncia estar amenazados de muerte y no tener la protección del Estado.

Foto:Roger Urieles

Los líderes en Santa Marta dicen estar desprotegidos pese a haber recibido amenazas contra su vida.

Los integrantes de la Mesa de Víctimas en Santa Marta no quedaron satisfechos
ni mucho menos tranquilos con las acciones que la Unidad Nacional de
Protección anunció se comenzarían a implementar para cuidar la vida de los
líderes en esta parte del país.
Así lo hicieron saber ante la Personería Distrital, donde dieron a conocer su
decisión de renunciar de manera masiva al cargo de representantes que
ostentan, al no sentir garantías para ejercer su labor social.
El Personero Chadan Rosado, quien atendió a los dirigentes en su oficina se
mostró de acuerdo con la posición que adoptaron, considerando que hace falta
una mayor atención y compromiso hacia esta población, por parte de los
organismos encargados de velar por la seguridad de ellos y de sus familias.
“Ellos se sienten desprotegidos y es a penas lógico por la poca importancia que
se les ha prestado al problema de amenazas que vienen enfrentando”, expresó.

Los anuncios fueron muy generales y no hubo medidas
concretas que llenaran de tranquilidad a aquellos que tienen un riesgo inminente
de muerte por ejercer una función de liderazgo

Según Rosado, actualmente más de 12 miembros de la Mesa de Víctimas en
Santa Marta, se encuentran amenazados y no cuentan con un esquema de
protección que impida un atentado contra sus vidas como sucedió con la
suplente de la Mesa, Maritza Quiroz, asesinada en su propio lugar de residencia.
“Todos, incluyéndome, esperábamos mucho más de la visita del director de la
UNP, sin embargo, los anuncios fueron muy generales y no hubo medidas
concretas que llenaran de tranquilidad a aquellos que tienen un riesgo inminente
de muerte por ejercer una función de liderazgo”, agregó el Personero Distrital.
Insistió en que un chaleco y un celular, que es una de las medidas que viene
implementando la Unidad Nacional de Protección, no son suficientes. “Se
necesitan valoraciones eficientes y dependiendo del nivel de riesgo del
amenazado, definirles el esquema indicado y no algo por salir simplemente del
paso”, dijo Chadan Rosado, quien sostuvo que en su caso pese a estar
amenazado tampoco le han brindado ningún tipo de garantías para seguir
ejerciendo su función.
Por su parte la líder social Rosa Villalba, quien ya ha sufrido dos atentados
criminales en su contra en Santa Marta, manifestó no entiende la manera en que
es estudiado el nivel de riesgo de los amenazados, “pues yo que he sufrido
ataques violentos por parte de desconocido y he recibido cualquier número de
intimidaciones, según la UNP presento un grado ordinario de riesgo y no necesito
un esquema ni vigilancia personalizada”.
“Tal parece que lo único que esperan para actuar es un acta de defunción”,
anotó.

He sufrido
ataques violentos por parte de desconocido y he recibido cualquier número de
intimidaciones, según la UNP presento un grado ordinario de riesgo

Yomaira Maldonado, otra lideresa de la región, aseguró que aunque ha recibido
amenazas directas, hoy está desprotegida. “Quizás el Estado está esperando
que me suceda lo mismo que Maritza Quiroz”, sentenció.
Finalmente Javier Vidal, presidente de la asociación nacional de usuarios
campesinos y de la asociación de reclamantes de tierras del Magdalena, dijo que
si el Gobierno no interviene “seguirán acabando con nosotros de manera
sistemática”.
En los últimos meses en la Defensoría del Pueblo, han sido recibidas más de 50
denuncias por amenazas, las cuales siguen en trámite de estudio, mientras que
los afectados permanecen expuestos al igual que sus familias.
ROGER URIELES
Para EL TIEMPO
SANTA MARTA
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