Trabajos de grado y actas de sustentación falsas o inexistentes para obtener títulos como abogados eran algunas de las estrategias que utilizaba una presunta red de falsificación de documentos que fue puesta al descubierto por una investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
Los hechos se documentaron en la Universidad Tecnológica del Chocó y, de acuerdo con la exposición de un fiscal, este jueves, en el inicio de la audiencia de imputación de cargos contra doce personas que fueron capturadas y trasladadas ante una jueza de control de garantías en Pereira, los estudiantes pagaban sumas que iban desde los 300.000 pesos hasta los 3 millones para obtener sus diplomas.
La investigación, que fue calificada de “compleja” por el fiscal, porque documentos de 108 carpetas de graduados de derecho fueron sustraídos del archivo central de la universidad, arrojó que entre los años 2014 y 2015, más de cien estudiantes de leyes lograron sus diplomas de esa manera. Así, muchos de ellos obtuvieron su tarjeta profesional del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó y hoy están ejerciendo como profesionales del Derecho.
Aunque el número de estudiantes graduados supera el centenar, solo diez de ellos comparecen ante la jueza. Dos de ellos son actualmente funcionarios públicos de entidades de Quibdó, capital chocoana. Una jueza de la República en Quibdó, que fue docente de la universidad y fungió como jurado de trabajos de grado, y un abogado que es defensor público en el departamento son los otros dos indiciados.
Durante la exposición del ente acusador, el nombre de la entonces decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica, Irina Belén Londoño Asprilla, fue el que más se mencionó. En marzo de este año, en una primera fase de esa investigación, ella aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía y acordó con la entidad la entrega de información relevante sobre el modus operandi de la red.
En la lectura de las imputaciones, el fiscal enfatizó en que Londoño Asprilla firmó, como jurado, las actas de sustentación de los trabajos de grado de la mayoría de los diez abogados. La jueza indiciada también firmó como jurado otras actas de sustentación sin que estas ni siquiera se realizaran, por lo que cobró sumas de dinero de hasta 2 millones de pesos.
Además, otras firmas de jurados fueron falsificadas. Las órdenes de captura contra doce personas las emanó el Juzgado 71 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá. Al cierre de esta edición, el fiscal le comunicaba a cada uno de los indiciados los delitos que les imputará: fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, cohecho y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Este último le será imputado a la jueza indiciada.
PEREIRA
