Hace unos días este diario reveló que durante diez años el Departamento había estado haciendo un cobro ilegal a la hora de realizar el pago del impuesto vehicular.
Pues bien, esa ordenanza por la cual se cobraba una tasa para compensar los gastos asumidos por el Departamento por ayudarlo a realizar el pago del impuesto de su automotor, finalmente fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Boyacá que ordenó dejar de recaudar esos dineros, mientras el Superior da el veredicto final.
Pero también se dijo que desde ya se ‘estaban cocinando’ acciones legales para revertir el valor que pagaron cientos de personas durante esos años y que anualmente sumaban entre $2.500 y $3.000 millones.
“Lo que pocos saben es que en el año 2006 se presentó una acción popular y una acción de grupo. La acción popular fue negada, pero la de grupo, con la que en aquel entonces se exigía el reintegro de esos dineros, sigue vigente”, explicó Gustavo Romero, apoderado de los demandantes.
Así pues, lo que esperan ahora es que la decisión sobre esa acción de grupo termine obligando al Departamento a devolver lo que los propietarios de esos vehículos pagaron cada año por ese servicio de sistematización y asistencia, por lo menos desde el año 2004, pues este impuesto o tasa, como fue llamado, venía cobrándose de tiempos atrás.
“Tendrían derecho a la devolución todos aquellos que pagaron, pero hay que esperar la decisión”, explicó Romero.
Si se presenta una nueva acción de grupo, las personas solo podrían reclamar lo que pagaron durante los últimos dos años, sin embargo, con esta acción que fue presentada en el 2006, tendrían la posibilidad de recuperar los dineros pagados desde antes de esa fecha.
