‘Aquí, las petroleras son bienvenidas’

Un pueblo a contra corriente. Mientras otros muchos del país promueven consultas y marchas para cerrar el paso a la minería y el petróleo, en Puerto Limón, la mayoría no quiere que desaparezca el oro negro, creen que lo necesitan para salir de la pobreza. Por eso permiten operar a Gran Tierra Energy a cambio de trabajo y ayudas. Pero no brindan un cheque en blanco. Nunca se fían, les respiran en la nuca y aseguran que al mínimo incumplimiento, tomarán medidas drásticas.

Y tienen cómo hacerlo. Solo hay dos vías de acceso a Puerto Limón, vereda de Mocoa, situada a un par de horas de su cabecera municipal, y un embarcadero sobre el río Caquetá del que parten las lanchas hacia las instalaciones petroleras. Además, las embarcaciones son propiedad de nativos que secundan cualquier protesta.

“Esto era un potrero con casas de tablones de madera, el Estado aparecía en elecciones para colocar una urna. En el 89 vino una petrolera, se fue y no dejaron sino hijos regados. En el 2014 volvieron con Gran Tierra. Nos cogió fuera de base y esto se nos llenó de opitas; traían trabajadores del Huila, de los Llanos y, mientras, nuestros jóvenes desempleados”, rememora John Jairo Mesa, nativo de 40 años. “No recibíamos nada del gobierno local ni del departamental, era un pueblo petrolero que no había conseguido nada. Pensamos en cambiar las cosas”. Las sucesivas alcaldías solían ignorarlos por completo y si los miraban para algo, se escudaban en la declaratoria de Puerto Limón como zona de alto riesgo para no llevar ni un ladrillo.

Por tanto, se dijeron en el pueblo, o era Gran Tierra o seguían en lo mismo.

Los líderes de aquellos tiempos, como Holman Meza, presidente de la junta de acción comunal, reunieron a los vecinos, dedicados a la agricultura y la minería artesanal en el río Caquetá, para animarlos a organizar una protesta contra la petrolera. A todos les enfurecía que solo contrataran forasteros, pero eran reacios a mostrar el descontento, habituados a la ley del silencio. “No, que nos matan”, respondió más de uno. Los líderes insistieron y terminaron todos por acopiar valor y hablar duro a la nueva empresa. Y ya nunca dejaron de exigir lo que consideran sus legítimos derechos.

“Era la segunda oportunidad que nos brindaba la vida para conseguir avances para la comunidad”, señala Holman Meza. “En Gran Tierra, al principio nos dijeron: ‘somos contratistas, no Estado; ya pagamos las regalías, reclamen a quienes las reciben, no a nosotros”.

Los directivos de la multinacional no advirtieron en ese momento las tormentas que se avecinaban. Los afros estaban decididos a luchar unidos hasta conquistar sus metas. De las palabras pasarían a los hechos.

Como primer aviso decretaron un paro de dos días con cierre de válvulas. La compañía accedió a conversar, sellaron acuerdos y, a cambio, los manifestantes permitieron reanudar los trabajos. Poco después, la comunidad sintió que incumplían parte de lo prometido y mostraron los dientes con más fiereza. “Les hicimos otro paro de ocho días. Dejaron de producir 8.000 barriles diarios”, cuenta un nativo.

La respuesta no solo fue un escuadrón de Esmad para aplacarlos, sino la presencia de un viceministro, de delegados de la empresa, de la Anla y otras autoridades. Los manifestantes sintieron que el palo funcionaba. Consiguieron nuevos compromisos. “Reaccionaron y comprendieron que podíamos convivir si trabajábamos juntos. Que ayudaban a la comunidad o no hacían el trabajo”, glosa Meza.

Pactaron que a partir de aquel momento, Gran Tierra entrenaría a los habitantes de Puerto Limón para incorporarlos a su fuerza laboral en mejores puestos. Si necesitaban cuñeros, ponían a un aprendiz junto al experto, y en cuanto estaba listo salía el foráneo y entraba el lugareño. Poco a poco lograron hacer de la petrolera la gran fuente de trabajo de una comunidad de 2.800 almas.

Hoy en día son sesenta nativos con empleo fijo y los capacitan para que sigan avanzando. Al resto los van rotando conforme a un sistema que establecieron los propios habitantes. Y son las organizaciones sociales locales las encargadas de distribuir los cupos.

En un principio solo existía la Organización de Comunidades Negras de Puerto Limón, pero con posterioridad averiguaron que la Ley 70 de las negritudes permite conformar un consejo comunitario con diecisiete familias. Se dividieron y surgieron cinco más: Martin Luther King, que cuenta con 100 miembros; Consejo de Puerto Limón, con 400; Consejo Orcunepul, Palenque y Nelson Mandela, además de dos cabildos indígenas.

Hoy en día, Gran Tierra asigna a cada una cupos laborales, y ellas las distribuyen entre sus afiliados en un sistema que bautizaron Un 28. Significa que los contratan por ese número de días y en ocasiones les renuevan dos y tres veces. La rotación, destinada a repartir la torta entre casi todos los habitantes, tiene el inconveniente de que el mérito pierde valor. Es indiferente si el empleado es excelente o regular, siempre está obligado a dejar el puesto al siguiente una vez cumplido el plazo.

Lo que para Puerto Limón supone una conquista, algunas poblaciones vecinas sienten que han establecido una injusta frontera laboral para limitar el acceso a los demás. “Son muy egoístas, todo lo quieren para ellos. Yo he intentado trabajar allá y a uno no lo dejan. Que primero son ellos”, se queja un mototaxista de Villagarzón, la población más cercana y que también tiene en el oro negro el principal capítulo de su economía. A pesar de su disgusto, la verdad es que también ellos tienen prelación.

Existe “un primer anillo”, me informan, para los de Puerto Limón, enfocados a conseguir que además de los trabajos más básicos los contraten en oficios de salarios más altos. Luego les dan la oportunidad a quienes son naturales de Mocoa, por tratarse de la cabecera municipal aunque quede más retirada, y en tercer lugar tienen en cuenta a los de Villagarzón, a una media hora de distancia. Los profesionales suelen proceder de esas dos últimas poblaciones, salvo que no los encuentren allá y deban buscarlos en otras ciudades. También permiten forasteros en los altos cargos de confianza.

Convertirse en la principal fuente de empleo no es lo único que le arrancaron a Gran Tierra. “Lo que ve usted lo hizo la petrolera que ha sido el Estado”, indica Judy Pinchao, una nativa, mientras pasea la mirada por el pavimento de las calles que rodean al parque principal. “En Puerto Limón ahora las petroleras son bienvenidas”, añade otra vecina.

Tierra Grande entrega 80 millones de pesos por pozo que perfora a cada organización, además de a la junta de acción comunal. Pero no desembolsa el dinero. Paga las obras que deciden realizar y, a diferencia de otras latitudes, han conseguido que no se roben los recursos.

Al margen de la infraestructura, desde 2015 tiene una alianza con la Fundación Batuta para formar chicos en la música –140 ya pasaron por sus clases–, y en Martin Luther King han decidido presentar proyectos de fortalecimiento cultural. Averiguaron que sus ancestros, a los que secuestraban los esclavistas para llevarlos a plantaciones americanas, procedían de Camerún y Senegal y descubrieron que la mayoría terminaron en Barbacoas, Nariño. Ahora pretenden estrechar lazos con sus hermanos africanos y conocer más de sus raíces, además de crear un parque etnocultural y fomentar un turismo que combine el aprendizaje de las tradiciones ancestrales con las maravillas naturales que los rodean.

“Antes cocinábamos con leña, lavaban la ropa en el río. Desde el 2014, ya no”, cuenta Olga Tovar, docente jubilada que fijó su residencia en Puerto Limón, donde lleva medio siglo. Tiene una pequeña tienda en su casa, en el parque principal. “Es un pueblo apacible, ya hay acueducto y alcantarillado. Pagamos 5.000 pesos al mes de basuras y 3.000 de agua. Aun así, no todo el mundo paga porque no hay conciencia de que es necesario hacer mantenimiento”.

Pero no hay cobertura telefónica y no todo lo aprovecharon. Dejaron pudrirse una ambulancia regalada por norteamericanos, y la Casa del Anciano corre el peligro de ser un elefante blanco. Y si bien la inmensa mayoría son afros o indígenas, también hay colonos y sienten que los han dejado al margen. “Son los que menos reciben; los negros tienen sus consejos; los indígenas, sus cabildos. La ley no nos protege a los colonos. Está muy bien lo que lograron, pero debería ser igual para todos”, protesta uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato.

La presidenta de Orconepul, Nelly Meza, replica que también recibieron ayudas y, en todo caso, “todo lo conseguido lo hemos exigido con lucha, con braveza”, nada fue regalado sin pelea.

Aunque la mayoría apuesta por seguir aceptando a la empresa, la gobernadora indígena ha cambiado de bando. Ya no está conforme, piensa que al final del día han sido más los perjuicios que las ganancias.

“No mereció la pena”, afirma rotunda Faria Lucely Cajigas. “En lo económico se ha beneficiado una parte del pueblo, pero en lo social y en lo ambiental, es un desastre”. Su posición puede ser determinante porque lleva diez años en el cargo y posee gran liderazgo entre los suyos.

“Nos ha traído desunión, destrucción de la etnia inga; se han perdido las costumbres por el desarrollo. Es bueno en cierta medida porque la gente vive mejor, pero solo en el aspecto físico, no en el cultural. Con el petróleo comienzan las ambiciones de poder, de tener, se van perdiendo los valores nuestros y se ha generado un conflicto interno entre afros, indígenas y colonos”, diserta Cajigas. “Yo les digo a los otros pueblos: ‘no dejen entrar el petróleo’. A veces uno no dimensiona hasta dónde puede causar perjuicios. Estamos pensando recurrir a las vías de hecho. Gran Tierra no nos ha dado el trato preferencial que merecemos los indígenas”.

El tiempo dirá cómo equilibran esa reciente postura opositora con los deseos de quienes aún esperan arrancarle a la petrolera mejorar las vías, un buen puesto de salud, un parque o el traslado de unas casas que quedan demasiado cerca del río y sufren inundaciones.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
PUERTO LIMÓN (PUTUMAYO)
Twitter: @saludhernandezm