La enorme construcción es la viva imagen del despilfarro y la desidia. Prueba fehaciente de los miles de millones malgastados en supuestos proyectos productivos que en nada cambiaron las vidas de las gentes ni desarrollaron el departamento.
En Orito, capital petrolera del Putumayo, cuya carretera de acceso sigue siendo destapada, lo que debió ser una planta de concentrados está dedicado a almacenar vehículos accidentados. Su construcción y equipamiento los pagó uno de los programas de Usaid derivados del Plan Colombia, y no llegó a funcionar un solo día.
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¿Aprendieron algo de los errores del pasado? En absoluto. Un recorrido por algunos proyectos recientes prueba que los dineros procedentes de programas de cooperación y regalías, que manejan fundaciones de distinta índole, nutren la corrupción y se continúan desperdiciando.
Ante la avalancha de fondos nacionales y foráneos que llegarán de la mano del Ministerio del Posconflicto, unidos a los que entran cada año por regalías, hay voces que emiten señales de alerta porque creen que si no hay correctivos, seguirán idéntico rumbo.
La gobernadora actual, Sorrel Aroca, y su equipo se unieron al coro y están resueltos a adoptar medidas que lo eviten. Pero no todo depende de ellos. Hay proyectos heredados que no se pueden frenar, algunos aprobados el 31 de diciembre pasado.
Destaca uno de 7.000 millones de pesos que tiene por objeto reforestar cuencas de los ríos Putumayo y Mocoa. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Heraldo Vallejo, emitió un concepto desfavorable puesto que “no reúne las condiciones técnicas para su ejecución”. Pese a ello, asegura el funcionario, no queda más remedio que implementarlo. Todo lo más, intentarán dar con supervisores ‘cuchillas’ que no dejen pasar una, aunque su misión es casi imposible por las distancias y el acceso.
El que logró aplazar es el programa de 863 millones de pesos destinados a plantar limón Tahití en 75 hectáreas en veredas de los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez. La Fundación Nativos, su responsable, no ha presentado hasta la fecha un supervisor que cuente con la opinión favorable de la Gobernación.
Tampoco parece que tenga un futuro brillante el limón porque si bien es cierto que en Nariño es rentable y en Perú lo exportan a Estados Unidos, nadie sabe qué pasará con el que saldrá de unos territorios alejados de los puertos ni qué comercializadora pueda estar interesada en el negocio.
En la Fundación Nativos admiten que su trabajo va hasta la siembra; el futuro de los frutos quedará en el limbo. Podrían pudrirse y nadie responderá, como ha ocurrido tantas veces.
Son iniciativas con fines irreales y presupuestos inflados que gestionan fundaciones. Con frecuencia funcionan como empresas con ánimo de lucro y reparten comisiones. Un funcionario admitió que las paga, y en un vivero confesaron que los propios técnicos obligan a poner en las facturas precios superiores al costo real.
Fui hasta Mesas de Sabalito, uno de los caseríos agraciados con los limones Tahití. Queda a una media hora de Puerto Colón, corregimiento de San Miguel, fronterizo con Ecuador. En la localidad proliferan los cultivos de coca que protege el frente 48 de las Farc, pero hay habitantes deseosos de hallar alternativas rentables.
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El señor Juan Narváez, líder local, es uno de los más entusiastas. Probó con la pimienta, de excelente calidad en el Putumayo, y fracasó por la competencia desleal del mercado negro. Soñó después con la mencionada especie de limón y dedicó varios años a tocar puertas con la esperanza de que alguna entidad estatal aprobara el proyecto para su comunidad y cuatro veredas vecinas. No necesitaban intermediarios, lo llevarían a cabo ellos mismos para sacar el mayor rendimiento.
Pero solo cuando la Fundación Nativos recogió la información y lo presentaron como propio, recibió las bendiciones de la Gobernación. Quedó bendecido el 31 de diciembre. “En su día aportamos cada uno 15.000 pesos para contratar un ingeniero que hiciese el proyecto. Estaba para 50 familias y 50 hectáreas. Después, en Mocoa, sin decirnos nada, cogieron nuestro proyecto, le subieron 25 hectáreas, metieron 150 familias y nos incluyeron como recogidos, siendo que éramos los dueños de la idea y del proceso”, rememora con molestia. A la hectárea que tocaba por familia la rebajaron a la mitad.
“Nativos se apropió de su proyecto, y lo cambiaron como les pareció. Si antes les tocaban 256 árboles por familia, ahora les darán 127”, comenta un funcionario de la Alcaldía de San Miguel que pide no dar su nombre.
También hay diferencias en el valor de los contratos. El programa liderado por Juan Narváez y sus vecinos costaba 366 millones. Si le subimos a 75 hectáreas, deberían ser 549 millones. Pero el de Nativos cuesta 300 millones más.
El funcionario de San Miguel, así como expertos consultados en el departamento, afirma que una tajada grande acostumbran a destinarla a las comisiones; que es habitual entregar menos insumos de los previstos, árboles de calidad inferior, no prestar las horas de asistencia técnica ni el número de visitas que dicen, y contar con una supervisión que firma sin revisar lo hecho. “La plata se duplica y se triplica cuando todo lo gestionamos nosotros mismos”, indica Obeida León, en la vecina vereda de La Güisita, a una media hora de Mesas de Sabalito. “Hicimos un proyecto agrícola con dineros del pacto agrario y lo ejecutó la junta de acción comunal. Lo dieron para 16 familias y nosotros hicimos rendir el dinero para 21 familias, pagamos un estudio de suelo, contratamos un ingeniero y un contador, y nos alcanzó para más árboles de los previstos”, cuenta orgullosa del resultado. “Nosotros sabemos lo que nos da la tierra, y las fundaciones creen que esos campesinos tonticos, es decir, nosotros, recibimos cualquier cosa que nos traen”.
Su preciosa finca Nápoles es modelo de aprovechamiento de proyectos y de esfuerzo ímprobo por salir adelante sin contar con una sola mata de coca. Tiene ganado, cacao, pimienta, aguacate y otros frutales, y para mantenerla impecable y rentable, ella y su esposo, Dagoberto Zamudio, trabajan de sol a sol. Resulta difícil encontrar ayuda por los altos jornales que pagan en los cocales, el doble o el triple de lo que ellos pueden ofrecer. Ahora son beneficiarios de un nuevo proyecto de aguacate, promovido por la Fundación Ecoforest, y prefieren no hacer cuentas. No les saldrían.
Otro vecino relata que en el 2015 hubo un programa de ganadería para doce familias. Tocaban a 14’700.000 y debían comprar seis reses. Los llevaron a una finca a Mocoa para que escogieran entre cien animales. Eran tan malos que rechazaron casi todos. Terminaron recibiendo en metálico 10 millones de pesos para adquirirlas por su cuenta. “Ellos se quedaron el resto y algunos de los nuestros compraron otras cosas”, señala el campesino.
PaseoEn la pequeña vereda Santa Marta, a veinte minutos de la cabecera de San Miguel, encuentro otro caso de malgasto. Con un presupuesto de 440 millones de pesos, la Fundación Musoruna distribuyó 73 árboles frutales a 50 familias para garantizar su seguridad alimentaria.
Visité a algunos campesinos, que hablaron con la condición de no mencionar su nombre. En una región donde impera la ley del silencio por el poder de las Farc y una ‘bacrim’ llamada ‘la Constru’, es difícil conseguir quien dé la cara. “Vinieron unos pocos sábados a darnos charlas y nos entregaron los árboles, un bulto de cal, otro de fertilizante y veneno”, afirma un beneficiario, sorprendido por el alto costo del programa, que desconocía. “A uno del campo, pobre, todo lo que le regalan le sirve, pero lo que nos entregaron no cuesta eso”.
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Razón no le falta. Garantizan, por ejemplo, 150 “visitas directas a fincas”, pero más de un agricultor no los vio por sus tierras. También mencionan 8.000 plántulas de aguacate y guanábana, así como 15.000 colinos. Los entregados no sobrepasan los 355 y tampoco tendrían capacidad laboral ni tierra ni interés para tantos. Vi decenas aún en las bolsas.
“Nos dijeron que nos llevarían a todos al vivero un día para conocer mejor los árboles, estábamos ilusionados; y luego que no, que no se podía. Dieron el millón de pesos que costaba a la junta de acción comunal”, comentó un labriego. En el proyecto, sin embargo, figuran dos visitas por valor de 20 millones.
A unas cuatro horas, en la vereda Maracaibo de Puerto Caicedo, se trata de reforestar fincas con maderables para quitarles las ganas de retornar a la coca.
Son 1.898 millones para 300 hectáreas. Cuando llegué, diluviaba. Unos campesinos esperaban que escampara para ir a sembrar los árboles que aún les quedan. A cada uno le corresponden 1.200 y, a diferencia de Santa Marta, les pagan 18.000 pesos de jornal por hacerlo. Casi todo el mundo los siembra donde fueron los cocales viejos, en fincas donde hay decenas de troncos caídos y maleza.
Hacer el seguimiento en un terreno que además de quebrado es de acceso complicado, con frecuencia en mula, resulta titánico. Vimos plántulas ahogadas por las lluvias. Las entregaron demasiado pequeñas.
“El personal es muy escaso por la joda de las minas. Coca hay poca por estos lados, pero la gente de Maracaibo se va a trabajarla a Piñuña (vereda sobre el río Putumayo). Por eso tenemos muchos árboles sin sembrar y no nos pueden apretar”, señala Ramón Ortiz, un veterano labriego, insatisfecho porque pagan 18.000 por jornal y ellos quieren 25.000. “A uno le dicen que la madera se ve en diez o veinte años. Yo tengo pasados los 60, no sé si los vea”.
Y cuenta: “La fumiga me hizo ver que la coca no es la solución. Como nos ha dado de comer, nos ha traído ruina”, dice, pero la cultura del dinero fácil dificulta que los agricultores se encariñen con una iniciativa de largo plazo. Una minoría se preocupará por sus árboles, mientras los demás dejan que sea la naturaleza la que se encargue. A fin de cuentas, son regalados.
“No solo es corrupción y falta de estudios sobre la comercialización, también las mentalidades. Hay que cambiarlas”, concluye un funcionario.
SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO
San Miguel (Putumayo).
