Cada vez parece aclararse el panorama para el proyecto de vivienda San Antonio, considerada la urbanización con más problemas en Colombia, y que luego de más de diez años todavía no ha podido ser terminado.
Según cifras de Villavivienda, se espera que antes de octubre se haga realidad un nuevo convenio con el municipio para comenzar la construcción de 400 soluciones habitacionales, con lo cual se haría un nuevo avance en el objetivo de entregar de una vez por todas las casas a los respectivos beneficiarios.
Felipe Suescún, gerente de la empresa oficial, explicó que gracias a diferentes mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda se ha logrado desenredar el plan habitacional, que ha tenido todo tipo de inconvenientes, entre ellos, graves irregularidades con la mayoría de uniones temporales que desde el 2005 estaban a cargo de la construcción de las casas.
“Gracias a las mesas hemos podido ordenar lo que ya se había comenzado y comenzar a solucionar porque la orden expresa del alcalde es que este año, como sea, hay que dejar terminado San Antonio”, indicó el gerente.
Precisamente, ese trabajo articulado permitió identificar que a la fecha están pendientes por edificar 1.030 viviendas, que la aseguradora Cóndor ha entregado 500 viviendas y el excedente es el que “nos toca a nosotros sacar adelante”.
Así las cosas, gracias al futuro convenio, se dará prácticamente por terminado el plan de vivienda social, pues se espera que en menos de 15 días comience la construcción de 115 casas del saldo pendiente.
Otro aspecto por resolverAparte de los múltiples problemas que ha acarreado el proyecto, Villavivienda deberá evaluar una compleja situación con algunos de los beneficiarios.
Ocho cobijados por el plan, en vista de que estuvo estancado varios años, se postularon para otro plan y la mayoría ya vive en los otros inmuebles.
Sin embargo, la normatividad es clara frente a que el beneficiario de una casa de interés social está obligado a habitar la vivienda mínimo durante diez años, es decir, que no la puede arrendar o vender durante ese lapso de tiempo.
Si bien no son muchos casos, la dependencia deberá evaluar jurídicamente, pues tampoco el Estado puede quitar la propiedad que por derecho les corresponde y si queda deshabitada corre el riesgo de que sea invadida por avivatos.
LLANO SIE7EDÍAS
