El ‘affaire’ Aquarela: la torre a la que llaman un 'crimen cultural'

El ‘affaire’ Aquarela: la torre a la que llaman un 'crimen cultural'

Autora de esta nota dice que desde Bogotá se ha gobernado el castillo de San Felipe de Cartagena.

Edificio Aquarella

La obra fue construida a una cuadra del castillo de San Felipe, edificación histórica y gran atractivo turístico

Foto:

Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Por: María Eugenia Martínez Delgado*
02 de marzo 2018 , 08:18 p. m.

El recinto amurallado de Cartagena y sus fortificaciones forman parte de un conjunto urbano excepcional, cuyos valores fueron reconocidos internacionalmente mediante la declaratoria de patrimonio histórico de la humanidad, por la Unesco, en el año 1984.

La destrucción de este patrimonio cultural de los colombianos no es de ahora, y desde siempre ha estado relacionada con los negocios del capital inmobiliario y constructor que tienen en el centro histórico su eje de acción.

La irrupción del sector como lugar del turismo nacional y externo incrementó la demanda de vivienda para la actividad turística y elevó de manera inverosímil los precios del suelo y de las edificaciones antiguas, lo cual ha despertado una codicia imparable.

La acción rápida y sin obstáculos de Aquarela –y su aparente legalidad– evidencia serios problemas en el manejo de la cosa pública local y deja tranquilos a muy pocos con la tardía, débil y confusa actuación del Gobierno central.

El reglamento para el centro histórico de Cartagena, resolución 043 de 1994, proveniente de Colcultura, definió una amplia periferia histórica que constituía, en sí misma, una interesante zona de amortiguamiento (buffer zone) de este centro y de San Felipe de Barajas.

Conformaban la periferia histórica los barrios de Manga, El Cabrero, Torices y Pie de la Popa, denominados zonas de protección ambiental, los alrededores del castillo –para cuya obra nueva se limitaba la altura a dos pisos en doce manzanas catastrales y cuatro pisos en la manzana 678 (artículo 69.º)– y las fortificaciones de la bahía de Cartagena.

Aunque no hay que olvidar que este reglamento contó con la asesoría de la Unesco, el análisis tipológico se apoyaba en trabajos previos, desarrollados inicialmente en los años 60 por el CIE de la Universidad de los Andes, dirigido por Germán Téllez, y continuados en décadas posteriores por la Universidad Jorge Tadeo Lozano del Caribe.

Las definiciones tipológicas eran la base de las posibles actuaciones en el valioso patrimonio cultural cartagenero, y, hasta donde puede entenderse, ellas han facilitado la aplicación del reglamento. En época temprana se incorporaba, pues, no solo la noción de paisaje sino también de forma urbana.

Conforme a esta norma, vigente hoy, el proyecto Aquarela está localizado en la zona de protección ambiental de Torices, que forma parte de la periferia histórica.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, por su parte, no nombra explícitamente esta zona de protección ambiental de Torices ni la periferia histórica, pero la circular 2 de 2008, que complementa su cartografía, valida tales áreas normativas. Este POT le asigna al predio en cuestión una altura máxima de 4 pisos, al clasificarlo como residencial tipo B.

Por su parte, la circular 033 de 2010 es solo una respuesta de la secretaria de Planeación del momento al curador n.° 1 de Cartagena, en la cual se compilan las normativas que regulan la vivienda social; esta no modifica, en caso alguno, alturas máximas permitidas.

Por supuesto, era necesario confrontar dicha carta con las áreas destinadas a la vivienda social en el POT, entre las cuales, entiendo, no están las vecindades del castillo de San Felipe de Barajas.

No hay que olvidar que el decreto 075 de 2013 era claro en obligar la consideración de las normas relativas a la protección del patrimonio cultural, aun en el caso de la vivienda social, de suyo normas de superior jerarquía en el ordenamiento del territorio.

¿En cuál regla, entonces, soporta el curador n.° 1 de Cartagena semejante despropósito?

La resolución 043 de 1994 ofrece normas generales a la periferia histórica y, desde ese entonces, solicitaba su reglamentación en detalle. No puede haber excusas, ahora, en el inexistente Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), puesto que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó el PEMP de Cartagena mediante acta 6 del 11 de junio de 2010; pero, al parecer, poderosos intereses lo echaron para atrás.

La resolución 1359 del 2013, promulgada por el Ministerio de Cultura –supuestamente transitoria y que, casi cinco años después, todavía sigue en pie–, definió, a compás y regla, un área de influencia de 100 metros alrededor de San Felipe y de todos los bienes de interés cultural del ámbito nacional que, a juicio del Ministerio de Cultura, no la tuvieran delimitada con anterioridad.

Esta decisión no solo conduce a la falible homogenización de problemas, sino que, por su cortedad, no sirvió para contener un proyecto que se enfrenta del modo más tosco posible a San Felipe de Barajas y cuya licencia, para edificios que alcanzan hasta 32 pisos de altura, se tramitó torre por torre y no como urbanización. Por lo demás, esta norma no era necesaria porque el monumento tenía, desde antes, una mejor zona de amortiguamiento.

La nueva norma de emergencia y transitoria, la resolución 1709 de junio de 2017, con la cual pretendió el Gobierno central solucionar tardíamente el problema de Aquarela, creando otro, extendió su propia y cicatera área de influencia, definida en el año 2013, y sobreelevó a diez pisos una parte de la periferia histórica.

Al no modularse la altura, por anillos de proximidad al monumento, ni hacerse un estudio por manzanas, la norma extiende los diez pisos, en bloque, hasta los límites mismos del castillo.

Simulaciones hechas por profesionales de Cartagena obligan a pensar que la sobreelevación significa un enorme riesgo de afectación de las visuales y la pérdida de la preeminencia del monumento, condición que forma parte de sus características mismas y de sus valores.

Dada la existencia de la periferia histórica, también era innecesaria la norma de emergencia del 2017.

En suma, en un sitio del patrimonio mundial, desde Bogotá, en los últimos cinco años, se ha gobernado el castillo de San Felipe de Barajas con normas mal diseñadas e infructuosas.

Ahora se está frente a un doble problema y dos tareas complicadas.

Por un lado, la demolición de una mole, con treinta pisos construidos, que es parte de un conjunto de cinco edificios de vivienda y otro de parqueaderos, con más de 900 apartamentos ya vendidos, según informó el diario EL TIEMPO (28-1-2018), so pena de perder el título que ostenta la Heroica. La decisión de derribamiento está en manos de un juez de Cartagena.

Por el otro, la modificación o anulación de la resolución 1709 de 2017, del Ministerio de Cultura, labor nada fácil, porque, pareciera, el ente central no logra entrever el impacto de su norma.

MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ DELGADO
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
* Consultora en revitalización y regeneración urbanas, centros históricos y patrimonio cultural

Descarga la app El Tiempo

Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate.

CONOCE MÁS
Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.