La Procuraduría radicó la demanda que busca echar atrás las cinco licencias de construcción otorgadas a proyecto para vivienda de interés social en inmediaciones del Centro Histórico de Cartagena.

"Este tipo de inmuebles que se construyen violando las normas de patrimonio y paisajístico, en este caso del castillo de San Felipe, tienen un efecto en organizaciones internacionales como la Unesco", dijo el procurador General, Fernando Carrillo, quien presentó el plan de normalización urbana para Cartagena (2017-2018), con el cual se busca erradicar la corrupción en la gestión urbana.

“El curador urbano nunca debió expedir esa licencia, que violó la altura permitida: en ese sector no se pueden superar alturas de más de 4 pisos”, señaló Carrillo, quien pidió que la primera torre, ya en pie, sea demolida por orden judicial.

“Esperamos la demolición del edificio, que debería ser una decisión del poder judicial”, agregó el jefe del Ministerio Público.

El funcionario aclaró que no se trata de una persecución contra los constructores legales y recordó que en Cartagena hay cerca de 250 proyectos urbanísticos andando.

“El plan de normalización urbana para Cartagena que presentamos va más allá de la suspensión de un alcalde. Aquí estamos ante un fenómeno de corrupción que se tomó el desarrollo urbano: cada vez que se abre una puerta en el control urbano aparecen nuevas denuncias, y hay que buscar una solución de fondo”, dijo Carrillo.

Entre las propuestas están: mayor control ciudadano e instantáneo con defensores urbanos en los barrios y empoderando a las comunidades, entre ellos estudiantes y líderes, como veedores que puedan denunciar.

A la ciudad llegará una procuradora regional y los procuradores penales se especializarán en derecho urbano.

“El paraíso de los corruptos es el control urbano: el volteo de tierras se volvió la práctica favorita en este país”, aseguró Carrillo, quien ordenó un diagnóstico y seguimiento al estado de las viviendas que ya han sido edificadas y luego selladas por tener licencias falsas o irregularidades.

Crearán un punto unificado de interconexión entre la procuraduría y la curadurías urbanas, “para combatir esta patología de la corrupción y los ciudadanos puedan acceder a un punto unificado con información sobre legalidad de predios y permisos”, señaló Carrillo.

Fortalecerán las inspecciones de la Policía, para que sean canales idóneos a la hora de recibir respuestas.

La Procuraduría propone vincular a entidades nacional, como los ministerios de Cultura, Vivienda e Infraestructura, con el crecimiento legal y ordenado de la ciudad. También buscan alianzas público privadas con el apoyo de Camacol.

Este plan de normalización urbana para Cartagena es el resultado de dos acciones populares en materia de urbanismo, luego de la tragedia del edificio Blas de Lezo, que dejó 21 muertos y 23 heridos.

JOHN MONTAÑO
Redactor de EL TIEMPO
CARTAGENA
@PilotodeCometas