Aunque diferentes autoridades han elevado varios llamados de atención por la construcción desmedida en la capital quindiana, quizá ninguna había tenido tanto eco como la del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo.
El jefe del Ministerio Público hizo un llamado para proteger el Paisaje Cultural Cafetero, que hoy está viviendo un “ataque clarísimo de la dictadura del cemento y del ladrillo”, dijo, durante la firma de un convenio que busca preservar este paisaje y que se firmó con la agencia ONU Hábitat.
Carrillo advirtió que en el país hay unos 300 municipios en riesgo de tragedias por las falencias en la regulación del uso del suelo urbano, de su ocupación ilegal y de la debilidad del ejercicio técnico de control y prevención por parte de las autoridades.
“Obras sin licencias de construcción son el pan de cada día en todos nuestros municipios. Cambios en el uso del suelo urbano hacen parte, no sólo de la informalidad, sino de la ilegalidad y del transitar en los senderos del código penal. Y las autoridades, impasibles frente a esos fenómenos”.
En el caso de vulnerar los suelos de protección o adelantar la obra sin el permiso, o cuando se reciben quejas ciudadanas, se suspende inmediatamente
Este llamado que hizo el procurador se da precisamente unos días después de que en el Concejo de Armenia se debatiera la revisión que adelanta desde hace un año la Alcaldía municipal sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
El concejal Luis Guillermo Agudelo pidió un análisis de las fichas normativas, que son los instrumentos que estipulan qué se puede construir en cada sector y, actualmente, “son sujetas a interpretación de los curadores y del director de Planeación, y eso no se puede permitir porque, si alguna norma es sujeta a interpretación, se puede prestar para corrupción”.
Sin embargo, el director del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia, Carlos Alberto Mendoza, explicó que diariamente se cumple la tarea de hacer control a las construcciones que hay en la ciudad.
“En el caso de vulnerar los suelos de protección o adelantar la obra sin el permiso, o cuando se reciben quejas ciudadanas, se suspende inmediatamente, mientras el constructor mitiga el daño generado y restablece las condiciones ambientales. Este proceso de verificación lo hacemos con la Corporación Regional del Quindío”, dijo el funcionario.
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