Los líos por los cuales la vía entre Bucaramanga y Pamplona se enredó

Los líos por los cuales la vía entre Bucaramanga y Pamplona se enredó

El proyecto no ha podido arrancar en forma y tiene atrasos en la construcción.

Vía Pamplona

La concesión Autovía Bucaramanga-Pamplona realiza obras de mantenimiento y estabilización de la vía, pero ninguna de gran magnitud.

Foto:

Jaime Moreno

Por: Luis A. Cárdenas Mateus
14 de mayo 2019 , 04:03 p.m.

La concesión Bucaramanga-Pamplona, según la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), es uno de los proyectos de conectividad de Santander más enredados en este momento y con posibilidades de que su ejecución no se llegue a dar por factores como el ambiental y el financiero.

Este proyecto vial fue adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el 22 de abril de 2016 al concesionario Autovía Bucaramanga-Pamplona, cuyo propietario está relacionado con el caso de corrupción de Odebrecht, por un valor de $1,4 billones y cuyo objeto es la administración de 133 kilómetros de vía.

En este eje vial, que pretende unir el centro del país con Venezuela, se contempla el mantenimiento de la vía, la construcción del controversial tramo conocido como ‘Conectante C1-C2’, de 13,5 kilómetros y 22 viaductos, desde el sector de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) en Floridablanca y el kilómetro 9 de la vía a Pamplona (único tramo de nueva vía que se haría), y se harán tres carriles de adelantamiento.
Como este proyecto es una Alianza Público Privada (APP), los dineros para pagarla se recaudan vía peaje, por lo que en este tramo vial se instalarían dos puntos de recaudo además del que ya existe en El Picacho.

De acuerdo con la Veeduría de la CCB, uno de los principales problemas que tiene la concesión es que si bien la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ya otorgó la licencia ambiental para el tramo ‘C1-C2’, ésta no está en firme, pues aún falta la notificación a más de 1.200 terceros intervinientes, y la Anla se ha tardado más del 150 % del tiempo que tiene por ley para hacerlo en dicha diligencia.

cada mes de retraso le cuesta al proyecto $2.000 millones por la falta de recaudo de los peajes

“El riesgo de que la licencia no saliera en el tiempo estimado ya se materializó, por lo que cada mes de retraso le cuesta al proyecto $2.000 millones por la falta de recaudo de los peajes. La concesión tenía presupuestado instalar el segundo peaje a inicios de este año y no está, y el tercero el año entrante y tampoco estará, por lo que esos desfases en el tiempo ya generan un faltante a hoy de $120.000 millones que el contratista se lo podría cobrar a la ANI, porque las demoras son por parte del Gobierno”, explicó el veedor de la CCB, Carlos Pieschacón.

Frente a este tema justamente el personero de Floridablanca, Luis José Escamilla Moreno, interpuso un recurso de reposición ante la Anla y solicitó unas pruebas y aún no se le ha dado trámite a dicho recurso. “El recurso tiene dos fundamentos: uno, que no se respetó el derecho fundamental a la participación ciudadana según la sentencia T-361 y SU-092 de la Corte Constitucional; y dos, que en el proceso de licenciamiento ambiental no se respetó el principio de concurrencia, es decir, la concertación entre las entidades del orden nacional y local cuando hay conflictos por el uso del territorio”, precisó Escamilla

Si el Gobierno Nacional nos quiere pasar por encima con este proyecto, tendrá que hacerlo

El otro lío que tiene la concesión, según el veedor Pieschacón, es que no tiene cierre financiero, es decir, los bancos no le prestan unos $500.000 millones que necesita para arrancar con las obras.

“Para firmar el acta de inicio de la construcción el concesionario debe tener cierre financiero y no lo tiene. Los bancos le dijeron que debía tener un socio mayoritario con más del 50 % de la concesión, y cuando lo tenga se le da el crédito. Por el momento sé que buscan ese socio”, acotó Pieschacón.

El alcalde de Floridablanca (Santander), Héctor Guillermo Mantilla Rueda, se ha opuesto a la ejecución del tramo ‘C1-C2’ y no ha dado viabilidad jurídica a este obra, porque se afectarían los planes parciales aprobados, el crecimiento de la ciudad tendría un impacto ambiental y ecológico muy grave al destrozar el Cerro de La Judía y fuentes hídricas que abastecen a los campesinos.

“Si el Gobierno Nacional nos quiere pasar por encima con este proyecto, tendrá que hacerlo, pero vamos a dejar las constancias ante las autoridades ambientales y los entes de control para ponerle freno”, precisó Mantilla.

LUIS A. CÁRDENAS MATEUS
EL TIEMPO/ADN Bucaramanga @luchox28

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