El sol implacable de Cartagena, haciéndose el que no sabe que estamos en temporada de invierno, se derrite sobre el gentío que desfila por la callecita sin asfalto. Llevan ramas de árboles y sombrillas no solo para protegerse de la canícula sino, también, para expresar su protesta bloqueando la carretera que conduce a la zona industrial. Las mujeres cargan con sus hijos a horcajadas. Son habitantes de barrios populares a los que les suspenden la energía eléctrica dos veces por semana.

Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, donde quedan las playas y los hoteles turísticos, la dueña de un restaurante llama alarmada para informar que el transformador de la calle acaba de estallar por tercera vez en un mes.

Por fin llegan los funcionarios de la Electrificadora del Caribe (Electricaribe), la empresa española que suministra el servicio en toda la región, y le advierten con acento regañón que ella y sus vecinos tienen que pagar las conexiones hacia el nuevo transformador, para lo cual se requiere romper el pavimento y volverlo a cubrir. Los particulares financiando los gastos de una empresa privada, imagínese usted.

Un poco más allá, al otro lado de los edificios de apartamentos, y en medio de la bahía, la poderosa Sociedad Portuaria de Cartagena estaba sufriendo tantos tropiezos con los cortes de energía que canceló el servicio de Electricaribe. Prefirió comprárselo directamente a los generadores.

A su turno, el alcalde de Barranquilla anuncia que está buscando otra empresa que se encargue del alumbrado público. Los industriales y comerciantes barranquilleros llaman “descarados” a los funcionarios de Electricaribe porque denunciaron judicialmente al Estado colombiano por “falta de garantías para trabajar”.

Si eso es lo que está pasando en las ciudades más grandes, calculen ustedes lo que ocurre en los pueblos más pequeños de toda la comarca, desde La Guajira hasta los confines del Urabá antioqueño. Los alcaldes no dan abasto para tantos reclamos y protestas. Los gobernadores de la región, cansados de tanto quejarse sin que nadie los oiga, como si estuvieran hablándole al viento, se retrataron en grupo con unos cartelones en los que piden al Gobierno Nacional que intervenga a Electricaribe.

Pero, eso sí, las facturas de cobro, conocidas popularmente como ‘el recibo de la luz’, llegan cada mes más caras. Es la perfecta y perversa proporción inversa: a menos luz, más plata. Han subido hasta un 50 por ciento. Cómo será que los habitantes de la población de Turbaco, a solo diez kilómetros de Cartagena, se reunieron para quemar públicamente las facturas.

Por su parte, Electricaribe dice que la crisis obedece a que la gente no paga, que alcaldías y gobernaciones no cancelan sus deudas, que en barrios y pueblos se roban la energía y los cables para venderlos en Venezuela.

Reina la confusión. Cunde el caos. ¿Cuál es la verdad, en medio de semejantes enredos, de tantos dimes y diretes? Lo que no se puede negar es que la costa del Caribe está a punto de quedarse sin electricidad. Ante tamaño riesgo me puse a investigar qué es lo que pasa, abriéndome paso entre una tupida maleza de especulaciones, chismes, gritos, indignación.

La cruda realidad es esta: si caen dos gotas de lluvia, hay tres apagones y le echan el muerto al invierno; pero si no llueve, hay cuatro apagones y entonces la culpa es del verano.

La verdad, que no depende de la lluvia o del sol, me la explicó en términos sencillos la ingeniera eléctrica Carmenza Chaín, una auténtica experta en la materia, que hace quince años dirigió la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg).

—Desde hace dos años –me dice ella–, Electricaribe siempre está en mora a la hora de pagarles a las empresas que generan y transportan la energía. Por cada retraso le reducen el suministro, que empieza con una hora diaria de corte y llega hasta cuatro horas. Al siguiente mes pasa lo mismo: otro retraso en el pago y más cortes.

Debo advertir que, hasta ahora, esos retrasos no han llegado a quince días, “que es lo máximo que esperan los generadores antes de suspender el servicio definitivamente”, concluye Carmenza Chaín. “De modo que el riesgo de apagón en la Costa viene desde hace dos años. Eso no lo sabe la opinión pública, ni el sector bancario que financia a Electricaribe. El verdadero problema de la empresa es su caja: no tiene dinero”.

—Eso es lo que yo llamo el síndrome de la luciérnaga: prende y apaga –comenta Amylkar Acosta Medina, el guajiro que fue ministro de Minas, que hoy dirige la Federación Nacional de Departamentos y que fue el primero que se atrevió a vaticinar la crisis que se nos venía encima.

La Ley 143 de 1994 modernizó los servicios eléctricos en Colombia. En aquel momento, el propio Estado intentó encargarse del suministro en la región caribe, a través de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), pero al poco tiempo fracasó. También se quebraron en el intento unos consorcios de Estados Unidos y Venezuela.

Luego vinieron los españoles con Electricaribe.

La pregunta obvia, e inquietante, es esta: ¿por qué han fracasado las electrificadoras en la Costa y no en el resto del país? Amylkar Acosta me contesta: “Porque en el Caribe el 80 por ciento de los usuarios son de estratos 1 y 2, gentes muy pobres. Por eso es tan difícil lograr que paguen las facturas de la luz. Como si fuera poco, allí la demanda de energía ha crecido 7,7 por ciento, que es casi el doble del resto de Colombia. Me duele decirlo, pero es un mercado de pobres”.

Para qué negarlo: Electricaribe cavó su propia tumba. El 52 por ciento de quienes eran sus grandes consumidores –empezando por la industria, el comercio e imponentes edificios– se han pasado ya a otros distribuidores.

—Y para resolver ese problema tan grave –agrega Carmenza Chaín– lo único que se le ocurre a cada gobierno es aumentar los subsidios. Eso no soluciona nada. Llevamos más de veinte años subiendo subsidios para barrios y poblaciones rurales. Por eso es que no se expande el servicio ni crece la infraestructura. La suma de todo esto es el pésimo servicio eléctrico en la costa del Caribe, que por eso mismo no despega para el comercio internacional ni para los tratados de libre comercio.

Y, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar a oscuras? ¿Qué nos espera en los próximos meses?
Amylkar Acosta me explica, en términos elementales, que entre el Gobierno Nacional y Electricaribe acordaron una estrategia conjunta, llamada Plan5Caribe, para corregir el retraso y evitar la catástrofe de un gran apagón. El plan cuesta 5,1 billones de pesos, de los cuales el Estado se comprometió a responder por 4 billones y la empresa, por el 1,1 restante.

—El Gobierno ha venido cumpliendo su parte –dice el exministro– y sus obras ya se hicieron o se están haciendo. Pero, entre tanto, hasta el 30 de junio pasado, Electricaribe solo había ejecutado el 11 por ciento de lo que se comprometió a invertir este año. La disculpa de Electricaribe es que no tiene plata para ejecutar esas obras.

Pero la señora Chaín tiene una seria inquietud sobre esas obras gubernamentales del Plan5Caribe. Resulta que, según me explica ella, las nuevas redes de distribución de energía han sido adjudicadas a diversas compañías: seis a inversionistas antioqueños, dos a la Empresa de Energía de Bogotá y tres más a consorcios independientes. Agregue usted las que ya tiene Electricaribe.

—Dentro de unos años –exclama–, cuando todas ellas estén operando, ¿quién va a responderle al usuario al presentarse una falla en la distribución? ¿Quién va a darle la cara a la gente? Nadie. Como serán tantos…

Hablo con María Claudia Páez, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena. “Ante la situación que estamos viviendo –me dice ella–, Electricaribe ha propuesto que le compren sus redes actuales de distribución. Piden entre 3 y 4 billones de pesos. Los expertos que yo he consultado sostienen que, si las redes estuvieran en buenas condiciones, de pronto se acercarían a ese precio, pero no lo están”.

Esos expertos me dijeron a mí que Electricaribe está inflando el precio para que nadie les compre y, de esa manera, seguir en el negocio.

—Electricaribe es muy deficiente –me dice la señora Páez–, pero la culpa no es solo suya, sino del modelo empresarial que se le obligó a aceptar.

Se me estaba olvidando decirles que puse entre comillas el título de esta crónica porque forma parte de una carta que circula profusamente en las redes sociales, escrita por una angustiada señora de Montería.

De manera, pues, que ya estamos avisados: cuando Electricaribe se demore quince días en pagarles a sus proveedores, nos quedaremos sin electricidad.

De ahora en adelante, a la hora de acostarnos y apagar la luz, o si la luz ya se ha apagado sola, tendremos que dormir con el Credo en la boca.

Me parece de elemental justicia terminar diciendo que, hasta ahora, Electricaribe ha logrado por lo menos un milagro.

Es la primera vez en la vida que yo veo a todos los costeños unidos: amas de casa e industriales, obreros y tenderos, campesinos y políticos, ricos y pobres, gobernantes y gobernados. Ojalá sirva para que la luz sea hecha…

JUAN GOSSAÍN
ESPECIAL PARA EL TIEMPO