Este miércoles, la Alcaldía de Bucaramanga oficializaría el decreto de una nueva declaratoria de la emergencia sanitaria en esa ciudad, una figura a la cual se ha apelado de manera sistemática desde el año 2011 para no cerrar, tal como lo ordenó el Tribunal Administrativo de Santander, el relleno sanitario El Carrasco.
Ayer, el Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de esa capital aprobó la solicitud de una prórroga de 36 meses de la vida útil del basurero, a partir del 30 de septiembre, la cual fue elevada por la Emab (Empresa de Aseo de Bucaramanga), ente que sustentó su petición tras la presentación de un plan de acción que habilitaría una nueva celda.
Con esta declaratoria de la emergencia sanitaria, ya serían cinco las veces que las administraciones municipales han acudido a esta figura jurídica para prolongar el uso del relleno argumentando la falta de otro lugar donde depositar las mil toneladas diarias de basura que son llevadas a ese sitio provenientes de Bucaramanga y de otros 16 municipios circunvecinos.
Y es que el panorama para evitar esta nueva declaratoria de la emergencia se tornó incierto. La Alcaldía de Bucaramanga pretendía, tras un fallido proceso licitatorio, contratar de manera directa a través de la Emab a la unión temporal Vitalogic RSU para que se encargara durante 30 años de la transformación de las basuras en Fluff, un biocombustible con el que se generaría energía, con una inversión privada de 250 millones de dólares sin que el municipio pusiera un solo peso.
Las observaciones llegan el día que se va a firmar el contrato, llegan en un documento que está sin fecha y está firmado por el Procurador delegado del Medio Ambiente
Sin embargo, el proceso se detuvo el pasado mes agosto cuando la Procuraduría elevó serios cuestionamientos sobre la solidez financiera de la propuesta y, pese a que la Alcaldía le ha enviado comunicaciones para conocer si se tiene un pronunciamiento al respecto, el organismo no ha respondido.
José Manuel Hormaza, representante legal de la unión temporal Vitalogic, calificó como “extrañas” las observaciones hechas por el ente de control, las cuales señala ya fueron aclaradas y por ello deberían haber sido absueltas.
“Las observaciones llegan el día que se va a firmar el contrato, llegan en un documento que está sin fecha y está firmado por el Procurador delegado del Medio Ambiente, y extrañamente lo que aduce el documento no refiere a temas relacionados con temas ambientales sino con el cierre financiero”, señaló Hormaza.
Según el representante legal de Vitalogic, en el modelo financiero que plantearon dentro de su propuesta se garantiza la existencia de los recursos a invertirse, los cuales provienen de Falconpeak Capital, una banca de inversión internacional que tiene un fondo de 5 mil millones de euros destinados únicamente a proyectos de energía renovables como la de El Carrasco.
Hormaza añadió que se mantienen a la espera de la firma del contrato con la Emab, el cual asegura está sustentado jurídicamente con todo lo que ordena la ley y que contrario lo que se ha dicho “no fue concedido a dedo”.Esta situación despertó una seria preocupación en la comunidad del barrio El Porvenir, quienes han vivido a 600 metros de El Carrasco y han soportado las afectaciones de los residuos desde cuando era un botadero a cielo abierto.
Comunidades cercanas han soportado la sobrecarga de basura en el lugar.
Jaime Moreno
Horacio Rey Mendoza, presidente de la ONG Corporación Ambientalista El Porvenir, dijo que la inconformidad en la comunidad por la declaratoria de la emergencia es tal que se ha pensado en bloquear el ingreso de los camiones recolectores de residuos al relleno sanitario o al menos dejar el ingreso de los de Bucaramanga y evitar el de los 16 municipios restantes que disponen allí.
“Se viene el decreto de emergencia sin firmarse el contrato de las nuevas tecnologías y eso es preocupante, porque las ‘ías’ están para investigar, pero quienes finalmente dan una solución son los alcaldes y nosotros respaldamos al de Bucaramanga. Sin embargo, nos preocupa que nos van a meter otros dos años y no se firma la tecnología”, señaló Rey Mendoza, quien precisó que la comunidad estaba de acuerdo en la prolongación de la emergencia, siempre y cuando ya estuviera andando la solución definitiva.
BUCARAMANGA