La Federación Nacional de Personeros (Fenalper) hundirá el acelerador en la problemática de la salud por cuenta de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Luego de una reunión de la junta directiva de la entidad en Pereira, se anunció que los personeros del país se unirían para entablar una demanda conjunta ante tribunales internacionales.
"Las muertes derivadas de la desatención de las EPS y otra serie de circunstancias dramáticas de la población en situación de vulnerabilidad, no solo son propias de nuestra ciudad y nuestra región sino de todo el país, razón por la cual nos vamos a articular y estudiar la posibilidad de acudir a tribunales internacionales para que nuestros casos sean escuchados de conformidad con las pruebas que ya tenemos recaudadas", afirmó la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda , quien es la actual presidente de Fenalper.
Un tribunal internacional -añadió Cárdenas Sepúlveda- le ordenaría al Estado colombiano intervenir para salvar la vida de las personas.
Y es que las personerías han denunciado que ni a los fallos de una acción tutela a favor de los pacientes responden las EPS para autorizar procedimientos médicos y medicamentos o tratamientos para menores en condición de discapacidad.
De hecho, el 31 de agosto pasado, la Personería de Pereira denunció que en el último año han muerto en esta ciudad diez personas por causas asociadas a falta de atención de las EPS.
En esa ocasión se anunció que se acudiría a la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) para exponer esos casos.
En este asunto Fenalper se está asesorando del abogado, especialista en Derecho Internacional Humanitario, Jesualdo Arzuaga, quien ratificó la conveniencia de ir a la CIDH.
"Lo que se viene a proponer es que acudamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente a la CIDH, a través de un mecanismo que existe por vía de reglamento de la Comisión, que es la solicitud de medidas cautelares. Estas se utilizan en el continente para proteger derechos humanos que estén establecidos en algunos de los tratados que conforman todo el marco normativo del Sistema", explicó Arzuaga.
El paso a seguir sería documentar una serie de casos y llevarlos a la CIDH, para que esta le exija al Estado colombiano tomar medidas.
Redacción EL TIEMPO
PEREIRA
