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Policía y familias chocan por los móviles de la masacre en Samaniego

sepelio de víctimas de ataque en Samaniego, Nariño.

sepelio de víctimas de ataque en Samaniego, Nariño.

Foto:AFP

Autoridades investigan presunto nexo de algunas víctimas con narcotráfico. Allegados protestan.

“Es posible que alguno o algunos tuvieron relación con el narcotráfico”, declaró el general Jorge Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, al entregar el avance de las investigaciones sobre las causas y autores de la masacre de ocho jóvenes en la noche del pasado sábado en el municipio nariñense.
La frase suscitó el rechazo desde los allegados de víctimas de este ataque, cuyos móviles no se han determinado.
Los familiares de algunas de las víctimas de este hecho de violencia que estremece al departamento y al país en general, rechazon categóricamente el anuncio del alto oficial a quien le han pedido que debe ser muy cuidadoso a la hora de dar declaraciones a través de los medios de comunicación.
“No podemos decir que todas las personas que estaban allá tenían relación con esos grupos, ni se ha afirmado eso en ningún momento”, aclaró después el oficial.
Dijo Vargas que esa posibilidad se analiza con base en todos los elementos que se relacionan con la investigación, como también se estudian los testimonios recopilados según los cuales los sujetos que llegaron cubiertos sus rostros con pasamontañas, habrían preguntado por tres personas que harían parte de la reunión social que se realizaba en la finca de la vereda Santa Catalina.
Gloria Riascos sostiene fotografías de su hija Laura Michel Melo Riascos.

Gloria Riascos sostiene fotografías de su hija Laura Michel Melo Riascos.

Foto:EFE

“Tenemos conocimiento de que preguntaron por tres personas, otro de los testigos dice que había una cuarta por la que preguntaron”, expresó y dijo que a algunos de los jóvenes los mataron cuando intentaron escapar.
“No existe una información clara de quiénes eran los autores, de acuerdo a lo que nos indican los testigos llegaron con pasamontañas”, recalcó.
Sobre otra de las hipótesis que manejan las autoridades en el sentido de que los muchachos habrían recibido mensajes de texto en sus celulares, en los cuales se les advertía que estaban violando las restricciones por el covid-19 y que al no haber acatado las normas los habrían asesinado, Vargas señaló que “es la que menos fuerza tiene en este momento, pero ninguna de las hipótesis puede ser descartada”.
Quién salió a rechazar con tono de disgusto las declaraciones del uniformado fue el docente Jesús Quintero, padre de Jhon Sebastián Quintero, una de las 8 víctimas de la masacre, quien comentó que “de manera irresponsable las autoridades están relacionando con el narcotráfico, quiero dejar en claro el honor de mi familia y de mi hijo”.
Puso de presente que su primogénito nunca ha tenido esa clase de relaciones, “él fue un excelente deportista, trató de llegar al fútbol profesional, estudiante de la Universidad Mariana, quería ser un profesional”.
“No sé por qué relacionan a mi hijo, pido respeto por el honor de mi hijo y de mi familia”, recalcó el angustiado y enojado padre, quien agregó que por lo que le contó su sobrino que logró escapar de la escena del crimen, es falsa la versión de que los autores del hecho llegaron y con lista en mano procedieron a asesinar a los jóvenes.
“Eso es falso, estaban encapuchados, llegaron atemorizando con ráfagas de fusil, dieron la orden de que todos se tiraran al piso, pero en ningún momento dieron nombres, ni llamaron a nadie”.
El educador confesó que la noche del sábado su hijo asistía a una reunión de ex compañeros del colegio para disfrutar de un asado, y pidió a las autoridades que investiguen a fondo el hecho y capturen a los responsables.
“Nuestro pueblo viene año tras año con hechos violentos, asesinan a personas a centímetros de la estación de Policía y no se ha hecho absolutamente nada”, fue su denuncia.
Alejandro Obando tampoco encuentra una explicación razonable a la vinculación que hace la Policía entre los estudiantes asesinados y la actividad del narcotráfico en esa jurisdicción de Nariño.
El primo de Oscar Andrés Obando vive en Popayán pero decidió viajar hasta Samaniego para asistir el domingo al sepelio del joven, se mostró muy conmovido e impresionado por lo ocurrido.
De su ser querido comentó que estudiaba educación física en la Escuela Nacional del Deporte, en Cali y que tenía 24 años de edad, “él siempre se caracterizó por ser un buen deportista, un buen futbolista, tenía muchos sueños, era muy alegre, le gustaba compartir con los amigos y era muy sociable”.
“Cuando me contaron mi mente quedó en blanco, traté de asimilar las cosas y me preguntaba por qué mataron a mi primo y a esos jóvenes”, aseguró y acerca de la afirmación del general Vargas dijo: “ninguna de las regiones del suroccidente es ajena a ese flagelo, puede ser posible que haya acontecido así, pero en el caso de mi primo supe de la educación que recibió, tuvo que venirse a Samaniego por la pandemia pero la mayoría del tiempo lo pasaba en Cali”.
En cuanto al avance de las investigaciones por parte de las autoridades, el general Vargas precisó que además de que los encapuchados cuando llegaron al lugar preguntaron por tres personas, también lo hicieron por una cuarta y añadió que algunas personas al notar la presencia de los hombres armados salieron corriendo para proteger sus vidas, “pero podían haberlas ultimado o asesinado por el hecho de intentar escapar”.
Acerca del asesinato el mismo sábado de Yesica Zuñiga, de 26 años de edad, indicó que no tiene relación con la masacre de los 8 jóvenes.
Para Carlos Andrade Urresta, presidente del Comité del Consejo Municipal de Paz en Samaniego, el dolor de la comunidad no se puede ocultar en estas circunstancias tan difíciles.
“Le hemos presentado al Estado los planes de vida de toda la zona, estamos pidiendo la seguridad de nuestros jóvenes, de nuestros líderes y de toda una comunidad sufrida”, dijo.
La tragedia que enluta hoy a Nariño se habría evitado, de no haberse tenido en cuenta por las autoridades y organismos de seguridad la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en junio de 2019.
En esa ocasión se había instado al Gobierno Nacional a tomar medidas de carácter urgen, para garantizar la vida y la integridad personal de los pobladores de Samaniego, ante la presencia de grupos armados que estaban poniendo en riesgo la estabilidad social y los derechos humanos.
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