Polémica por remisión de acuerdo 'antiminero' al Tribunal del Quindío

Polémica por remisión de acuerdo 'antiminero' al Tribunal del Quindío

Concejales del municipio de Salento aseguran que defenderán el acuerdo objetado por el Gobernador.

Valle del cocora

Los ambientalistas del Quindío aseguran que la minería afectaría a Salento y el valle del Cocora

Foto:

John Jairo Bonilla

Por: ARMENIA
18 de abril 2019 , 03:16 p.m.

Los ambientalistas del Quindío prendieron las alarmas luego de que el gobernador de este departamento,Carlos Eduardo Osorio, envío al Tribunal Administrativo del Quindío, el Acuerdo 01 del 27 de febrero de 2019 “por el cual se dictan unas medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Salento y se adoptan otras determinaciones”, con el propósito de que los magistrados asuman la decisión de legalidad y constitucionalidad de éste.

El proyecto de acuerdo que fue presentado por la concejal del partido Alianza Verde, Orfa Correa, fue aprobado por la mayoría de concejales, luego fue sancionado por el alcalde Juan Miguel Galvis y después se remitió a la Secretaría Jurídica y de Contratación de la Gobernación del Quindío donde se sometió a un estudio para finalmente remitirlo al Tribunal.

“Ellos (en la gobernación) objetan que el acuerdo no se ajusta a las normas constitucionales y legales aunque va sustentado en sentencias y facultades que nos da la misma constitución donde se habla de la autonomía territorial que tenemos los concejales en el ejercicio de nuestras funciones”, señaló Correa.

A través de este acuerdo se buscaba blindar a Salento contra las actividades mineras, pues según la concejal, actualmente el 17.5 por ciento del territorio de esa localidad tiene títulos mineros otorgados y otro 17.5 por ciento del territorio tiene títulos mineros solicitados.

Cabe recordar que en Salento se iba a realizar una consulta popular, e incluso el Tribunal Administrativo del Quindío ya había declarado constitucional la pregunta que se iba a someter a votación y se estaba a la espera de los recursos para la financiación de esta jornada electoral, sin embargo en octubre del 2018, un fallo de la Corte Constitucional dejó sin piso esta consulta, pues consideró que los municipios no pueden prohibir la minería.

“Sabíamos que no sería tarea fácil, estamos peleando con grandes, contra el mismo Estado y sus proyecciones extractivistas. Cuando el gobernador Osorio comenzó su mandato dijo que iba a proteger el territorio y aunque respeto su posición por toda la normativa que ha salido frente a este tema, nosotros defenderemos el territorio y este acuerdo”, agregó la concejal.

A través de un comunicado, el gobernador informó que “el acuerdo que aprobó el concejo de Salento prohibiendo en su territorio la megaminería debe recibir la revisión de legalidad y constitucionalidad del Tribunal Administrativo del Quindío. No es el departamento del Quindío quien toma este tipo de decisiones, pues constitucionalmente le corresponde al Tribunal”.

Por su parte, el integrante de la Fundación Bahareque de Salento, Jaime Arias, manifestó que “el gobernador consideró que el Acuerdo es un acto administrativo donde se quebrantaron las normas constitucionales y legales, lo que ameritó enviarlo al Tribunal para su validez constitucional y este procedimiento es discrecional del gobernador, es decir que podía enviarlo o no. El mandatario en vez de cumplir su promesa de atacar la megaminería, lo que hace es favorecer los intereses de las empresas mineras”.

Un caso similar a este se presentó en Antioquia, cuando el Concejo de Urrao aprobó un acuerdo que prohibió las actividades mineras en su territorio pero la medida fue objetada por la Gobernación de Antioquia ante el Tribunal Administrativo de ese departamento pues consideró que el municipio extralimitó sus competencias. Luego, el Tribunal decidió, en noviembre de 2017, dejar sin validez el acuerdo.

No obstante, los concejales de Urrao presentaron una tutela ante el Consejo de Estado, que en primera instancia, fue fallada en contra de ellos. Pero luego fue impugnada por el abogado Rodrigo Negrete, quien también está asesorando el proceso en Salento.
Finalmente, el Consejo de Estado decidió amparar a los concejales y le ordenó al Tribunal de Antioquia emitir una nueva decisión.

Además de Urrao y Salento, otros municipios del país como Jericó, Antioquia, también han buscado otros mecanismos como los acuerdos municipales para prohibir la minería en sus localidades.

“Teníamos claro que esto podía pasar y vamos a defender el territorio y el acuerdo. En Salento es donde se produce el agua para Armenia, Circasia y La Tebaida. No es una discusión solo del Concejo de Salento, es la defensa del recurso hídrico de todo el departamento”, añadió la concejal Correa.

LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ
PARA EL TIEMPO

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