Desde que un puesto de venta de bebidas granizadas apareció de la noche a la mañana en la esquina de la carrera 7a. con calle 20, en pleno centro de Pereira, al lado del semáforo, la polémica no cesa.
Defensores del espacio público en la capital de Risaralda enumeran normas que presuntamente se violaron y que debió hacer valer la Dirección operativa de control de espacio público, oficina adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Pereira.
“¡La Plaza de Bolívar es intocable, eso lo sabemos todos!”, exclamó un experto en el tema y agregó una pregunta: “Si le ordenaron (a la dirección de espacio público) reubicar ese puesto, ¿Por qué lo hizo hacia la Plaza de Bolívar y no fuera de ella?”
El puesto de bebidas granizadas estaba ubicado en la calle 20 con 7a., al lado de uno de venta de frutas. EL TIEMPO habló con la dueña de ese puesto y esta contó que hubo “serios problemas de convivencia” entre los dos vendedores.
Serios no, muy serios, tanto que las peleas llegaron a oídos hasta de la Personería de Pereira y la Defensoría del Pueblo de Risaralda, luego de pasar por las consabidas quejas ante la Policía. Finalmente, se resolvieron con el traslado.
Pero para el experto esa no fue ninguna solución. Recordó que a la dirección de espacio público también se le olvidó que cuando se remodeló la calle 19 (hace unos tres años) y en la Plaza de Bolívar se ubicaron unos puestos para vendedores, se acordó que cualquier intervención que se haga en ese lugar debe contar con la aprobación de la Comisión de Patrimonio del municipio.
Además de pasar por la Comisión de Patrimonio, ese nuevo amueblamiento urbano debe contar con licencia urbanística para ocupar el espacio público. Así lo explicó Luis Fernando Montes, curador urbano número 2 de Pereira, quien dijo que la ubicación de ese puesto debe contar con esa licencia, la cual expide la Secretaría de Planeación municipal. Este requisito está establecido en la modificación del Decreto Nacional 1077 de 2015.
Ante las críticas, el director operativo de control de espacio público, William Marulanda, aseveró que él no autorizó la reubicación del puesto. “El vendedor se ubicó y la dirección operativa de espacio público lo que debe hacer es ‘desubicarlo’ ”.
El funcionario ratificó que entre los dos vendedores hubo un “problema de vecindad muy grave, que dio vueltas por todas partes (la Defensoría, la Personería) hasta que uno de los ocupantes decide que la alternativa para resolver ese problema es pasarse para el otro semáforo”.
¿Y ustedes no pudieron hacer nada para impedir que se pasara? le preguntó este medio a Marulanda, quien recalcó que él no autorizó el traslado. Afirmó que el vendedor debe ser reubicado, pero hay que hacerlo con apego a la ley.
“El Estado no puede ir a patearlo (al vendedor), tiene que garantizar la dignidad humana, el debido proceso, la confianza legitima, hacer una notificación y después de esta verificar la documentación y trasladar el proceso a un inspector de Policía para que le haga un comparendo, aplique el Código de Policía”, explicó.
Marulanda opinó que el movimiento del vendedor “tiene un origen” y buena parte de este es el Registro único de vendedores informales de Pereira (Ruvip),.
“Con el Ruvip y la política del 2008 -cuando se elaboró- se le dio a entender al ocupante del espacio público que eso era un permiso. De hecho, el ocupante del espacio público no dice yo estoy registrado en el Ruvip, dice: yo tengo Ruvip, como si eso fuera tener un derecho”, declaró el funcionario.