A partir de este viernes, la firma Sutec S.A., sucursal Colombia, comenzará a operar las zonas azules en la capital de Caldas. Sin embargo, hay polémica por denuncias contra esta empresa y por las personas que quedaron sin empleo.
A través de un comunicado, la Corporación Cívica de Caldas y Manizales en Común solicitaron a la Alcaldía de Manizales que extreme las medidas de supervisión y vigilancia al nuevo contrato de concesión de las zonas azules.
Entre varios cuestionamientos, señalan que, según la Contraloría Distrital, a esta empresa le fue adjudicado un contrato en Bogotá, “a pesar de no contar con la experiencia necesaria para el servicio”.
No obstante, Jorge Pérez, gerente de Sutec, le dijo a este medio que "cualquier información es solo un rumor, desde el principio de la licitación han formado ruido pero sin justificación".
Pérez informó que operarán con 119 personas, en su mayoría con discapacitados, adultos mayores y madres cabeza de hogar que trabajaban en la Asociación de Personas Discapacitadas (APD), que desde 2015 operaba las zonas azules de la ciudad pero "haciendo ajustes a nuestras condiciones laborales y al contrato de licitación que ganamos" pues afirmó que antes eran 146 zonas y ahora son 114.
De otro lado, algunos de los empleados que trabajaron hasta ayer con la APD denunciaron la falta de pago por parte de la empresa.
Somos discapacitados, nadie nos va a emplear. El alcalde nos dio una palabra, que todos íbamos a ser contratados en la nueva empresa
Luz Miriam Montoya Herrera, operaria de las zonas azules, contó que "a nosotros nos dijeron que los operarios no íbamos a ser removidos, pero ayer (miércoles) nos dirigimos a nuestra empresa y el señor José Aldivar García nos informó que no tiene cómo darnos la liquidación ni primas ni nada, que está en quiebra".
Montoya señaló que los 74 (removidos del cargo) “qué vamos hacer, quién nos va a dar trabajo para sostener a nuestras familias, somos discapacitados, nadie nos va a emplear, el alcalde nos dio una palabra que todos íbamos a ser contratados en la nueva empresa. No estamos atacando a nadie, queremos que nos den trabajo".
Por su parte, José Aldivar García, representante legal de APD, informó que aunque en estos dos años perdieron más de 1.200 millones de pesos "estamos pactando unos posibles acuerdos de pago (con los empleados) y que la aseguradora se vincule al proceso".
Explicó que desde los primeros meses del contrato "manifestamos que dicho contrato era inviable, situación que no fue tenido en cuenta por la Administración. Solicitamos un reajuste de tarifa de 300 pesos y eso nos hubiera permitido equilibrar cargas pero no fue posible".
MANIZALES
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