De una reunión que se hará el próximo martes podría surgir una solución al conflicto que ha generado en Viterbo, Caldas, la compra de una finca para reubicar a 50 familias del resguardo indígena Totumal.
A la cita está invitada la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la entidad que compró y le entregará esos predios a los emberas procedentes del vecino municipio de Belalcázar. Desde ahora, será “invitada permanente” en las reuniones de la Mesa Departamental de Concertación Indígena.
El objetivo de esa participación es “tener siempre sobre la mesa el tema de la asignación de tierras para, a futuro, articular una mejor llegada de esas comunidades a los territorios”, dijo el gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, vía telefónica desde Bogotá.
El mandatario departamental se reunió el jueves con el director de la Agencia, Miguel Samper. Juntos, llegaron a esta solución para evitar que las administraciones locales sientan que estos procesos “pasan por encima” de ellas, como lo habían manifestado Gómez y la alcaldesa de Viterbo, Alba Luz Escobar, esta semana.
Por su parte, la coordinadora de territorios del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Paola Loaiza, señaló que en la cita se debería establecer “una estrategia de atención a la comunidad para que la población que no es indígena no se sienta amenazada con su llegada al municipio”.
Agregó que estos “buenos oficios” de la Gobernación se habían pedido desde la minga indígena de mediados del año pasado, “si no fue desde antes”. Pero el mandatario asegura que solo se enteró de la compra del predio en Viterbo por una carta que recibió de la Alcaldía el 19 de enero.
En el documento, Escobar plantea varias dudas sobre el lote y su compra, que luego han sido apoyadas por otros sectores políticos. Incluso hubo quienes pusieron derechos de petición ante los entes de control para que investiguen el caso.
Quejas por las formasLa alcaldesa municipal y la ANT “tienen una gran diferencia de interpretaciones en cuanto a la calidad del lote”, explica el gobernador (e) Gómez Giraldo. La primera insiste en que falta certeza de que el lugar sea el adecuado para ese asentamiento.
“Quiero ver ese estudio de suelos, tener una vivienda asegurada, la sostenibilidad de agua a 20 o 30 años”, reclamaba la mandataria hace unos días en Manizales. No dio mayores detalles de sus inquietudes esperando que “primero venga la Agencia” y se las resuelva en una visita al lugar, ubicado en la vereda La Merced, a unos 10 minutos del casco urbano del pueblo.
Sin embargo, a la ANT le correspondía revisar previamente que la finca El Berlín sí cumpliera con unas condiciones básicas y efectuó visitas técnicas a sus predios de la mano del Cridec. Por norma, el objetivo es que cumplan “una función ambiental y social”.
Loaiza reconoce que la casa principal, de arquitectura colonial, está “un poco deteriorada”. Pero aclara que, para los indígenas, “lo primordial es que tenga tierra y no tanto el tema de la infraestructura”. Y claro, el agua sí es fundamental.
El antiguo dueño del lugar, Luis Humberto Franco, asegura que la vivienda principal tiene este servicio y el de luz, mientras que las otras construcciones necesitan pedir las conexiones. Aclara que el acueducto “es rural y a veces molesta”, pero hay un nacimiento hídrico propio y tanques de almacenamiento.
Estas condiciones fueron confirmadas y aprobadas por la Agencia y representantes indígenas.
Sobre la compra, Franco dice que está en regla. “El Gobierno necesitaba una finca para reubicarlos y me buscaron a mí, porque la mía estaba en venta”. El traspaso se cerró en diciembre, pero el trámite duró tres años, mientras se verificaban los requisitos.
¿Racismo de fondo?El expropietario de la finca considera que, detrás de los “ataques” contra la adjudicación al resguardo Totumal, “hay una cuestión de racismo”.
Gómez ha insistido en que “nadie se opone a que se salde la deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos indígenas”. Su petición es que las autoridades locales tengan mayor participación en el proceso para prevenir casos como el de Viterbo.
Pero las quejas de Escobar son la cara visible de los vecinos de El Berlín. Contaba ella que “los dueños de esos predios citaron a una reunión en mi oficina y ellos se oponen” a la llegada de los emberas, lo que la obligó a “tomar una posición” al respecto.
El partido Centro Democrático ha liderado la vocería de ese sector en el municipio y sus “inquietudes” por la posible “afectación a las condiciones de vida tradicionales de los viterbeños”, entre otras razones que manifestaron en un comunicado.
Para Loaiza, es “una campaña de desprestigio” contra los indígenas. “No podemos avanzar en un proceso de paz si no dejamos de estigmatizar”, sentenció. Además, advirtió “desconocimiento” de las autoridades locales que alegaron que en Viterbo no había indígenas, pese a que allí está una comunidad desde 1996.
Es el mismo año en que Totumal, donde hoy conviven 270 familias en 96 hectáreas, empezó a buscar su ampliación. Por eso, la líder del Cridec considera clave que “los entes gubernamentales conozcan un poco más de las comunidades”. El momento para eso podría ser la reunión del martes.
MANIZALES
