El miedo y la incertidumbre rondan de nuevo a los habitantes de la comunidad de Pogue, en Bojayá, Chocó, a donde, según denuncias de pobladores y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el 31 de diciembre llegaron integrantes de un grupo armado paramilitar, que causaron el confinamiento de los habitantes.
Pogue es una comunidad afro de Bojayá, municipio que sufrió una masacre el 2 de mayo del 2002, en la que se apagaron 79 vidas por cuenta de un combate entre los paramilitares y las Farc.
Para llegar a Pogue es necesario tomar el río Bojayá y navegar al menos dos horas desde el casco urbano, llamado Bellavista, un pueblo nuevo que se construyó después de la masacre, que dejó en ruinas la antigua cabecera municipal.
De acuerdo con una persona oriunda de Pogue, quien aún tiene familiares allí, se sabe que el día de fin de año, hombres armados de las llamadas Agc llegaron al sitio y dejaron a la población en medio de la zozobra. Tanto que ni siquiera han podido volver a caminar la media hora que necesitan para llegar al lugar donde hay señal telefónica, por lo que en este momento están incomunicados.
El agravante de esta situación, explicó la fuente que pidió reservar su identidad, es que a lo largo del río Bojayá, por donde se llega a Pogue, también hay presencia del Eln, lo que deja a las comunidades de esa zona en medio de dos actores armados enemigos, como ocurrió en el 2002.
Esta problemática no es nueva. Hace más de un año, los pobladores vienen denunciando la presencia de grupos armados organizados que se disputan el control territorial. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas al respecto por confinamiento, reclutamiento forzado, desplazamientos y hasta asesinatos de personas en Bojayá.
"Las alertas tempranas se están haciendo para que no pase otra tragedia, pero puede llegar a ocurrir porque de nuevo se están enfrentando guerrilla y paracos, ellos no se pueden ver, donde se vean se dan. Si llega el momento que uno de ellos se refugie en la población, puede pasar lo mismo", dijo otro habitante que prefirió no dar su nombre.
Una autoridad del pueblo le dijo a EL TIEMPO en octubre del 2019 que aunque no hay cultivos ilícitos a gran escala, sí se están empezando a sembrar e, incluso, se condiciona a los campesinos para que se unan a estas actividades ilícitas.
"Esto también causa reclutamiento, confinamiento, señalamiento a líderes sociales y asesinatos. Hay mucho temor de las comunidades que viven en estas zonas y muchos quieren salir", manifestó la fuente, que agregó que en los ríos hay una estrategia paramilitar: ponen dos o tres personas para que hagan control social en movilidad.
El exalcalde de Bojayá Jeremías Moreno le dijo a este medio en días pasados que
el municipio es estratégico para los actores armados ilegales porque da posibilidades de llegar fácilmente a los océanos Atlántico y Pacífico. Es un corredor que permite movilizarse con facilidad e históricamente ha sido empleado para estos fines.
Las alertas tempranas se están haciendo para que no pase otra tragedia, pero puede llegar a ocurrir porque de nuevo se están enfrentando guerrilla y paracos, ellos no se pueden ver
"En los años 80, cuando la bonanza de la marihuana, los cultivadores la traían de municipios como Riosucio, Carmen del Darién, Unguía, la subían por el río Atrato, la metían por el río Napipí, cogían trocha y la pasaban al Pacífico y después la embarcaban hacia Panamá, para así lograr llevarla a Centroamérica", dijo el exmandatario local.
Asimismo, en los años 80 también se supo que este corredor se usaba para pasar y esconder personas secuestradas. Después, los actores armados hicieron una pista en la comunidad de Carrillo para que una avioneta transportara droga.
Hoy en día, el corredor sigue siendo atractivo para grupos ilegales porque les brinda facilidades para sus actividades de narcotráfico.
#Urgente MedioAtrato Hace una hora paramilitares de las AGC se toman la comunidad de Pogue, municipio de Bojayá.
— Comisión de Justicia y Paz (@Justiciaypazcol) December 31, 2019
Luego de conocerse la denuncia de los pobladores, la Séptima División del Ejército informó que el comandante de la institución se desplazará a la zona para verificar la situación y que se ordenó incrementar con 50 hombres más la presencia del Ejército en la zona, donde se estima que hay 100, aunque los pobladores dicen que están ubicados lejos de las comunidades más vulnerables.
"Sería muy importante que el deber de protección del Estado se cumpla de verdad, que el Gobierno mire las comunidades con ojos de seguridad, pero también de inversión social. Se necesita alta inversión porque los jóvenes están siendo reclutados por los grupos armados, necesitan oportunidades", puntualizó uno de los residentes de Bojayá.
MEDELLÍN
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