Este viernes es un día clave para las personerías del país, las cuales alistan pronunciamientos ante los tres poderes del Estado a nivel nacional para pedir mayores garantías en el cumplimiento de sus funciones de control sobre los entes territoriales.
Para coordinar el sentido de estas intervenciones entre ellas y con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, están reunidas desde ayer en el Foro Nacional de Personeros en Manizales. La idea es unir esfuerzos contra la corrupción y fortalecer su labor en el marco del posconflicto.
El reclamo más urgente lo presentarán hoy ante la Corte Constitucional. Es el último plazo que tienen para defender el procedimiento oral disciplinario que debía entrar en vigencia este año, pero fue objetado ante ese tribunal por el presidente Juan Manuel Santos, por lo que está pendiente una sentencia al respecto.
“Se suponía que empezaríamos desde el 1.° de enero, pero esa objeción de la Presidencia de la República por una posible inconveniencia o inconstitucionalidad de la norma nos tiene en esta incertidumbre”, explicó la personera de Manizales, Tulia Elena Hernández.
Según la funcionaria, los más beneficiados con este sistema serían los procesados, porque se agilizarían las decisiones disciplinarias. Pero además les conviene a las personerías y procuradurías por el ahorro de papel y la gestión documental. “Nos va a servir para aquello que nos ha complicado bastante la vida, que es dónde vamos a almacenar nuestro archivo”, dijo Hernández Burbano.
Además, la próxima semana entregarían en la Comisión Séptima del Congreso de la República un proyecto de ley con el que pretenden resolver varios problemas que han tenido los personeros en las regiones, en especial desde que su elección depende de un concurso de méritos. Los detalles de la iniciativa quedarían definidos esta tarde, al cierre del evento.
El personero de Roldanillo, Valle, Christian Mauricio Preciado, denunció: “Las administraciones nos cierran las puertas porque ya no somos elegidos a conveniencia y nos tienen miedo por nuestra independencia, entonces no nos asignan los recursos a los que tenemos derecho”. A esto se le suma que 9 de cada 10 personerías están en municipios de quinta y sexta categoría, y cuentan apenas con dos funcionarios.
Es por eso que algunas de las soluciones que plantearía el proyecto sería una asignación directa de recursos para esos despachos, la posibilidad de que los consultorios jurídicos universitarios apoyen sus labores de manera virtual y que se facilite el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones para los pueblos más apartados. “Hay sitios de Colombia donde el personero no tiene ni siquiera correo electrónico”, enfatizó la personera manizaleña.
La idea, señala Hernández, es que el trámite del proyecto se haga dentro del paquete de normativas para la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. De esta manera, se le podría aplicar el trámite legislativo abreviado que se conoce como 'fast track’, aprobado como excepcional para el proceso de paz.
La justificación que dan los personeros para pedir que se aplique esta figura es que ellos son “actores fundamentales” para verificar la adecuada implementación de lo pactado en las regiones.
El procurador delegado para la conciliación administrativa, Iván Darío Gómez, destacó: “Vamos a hacer un trabajo estrecho de fortalecimiento institucional de las personerías, para que estos organismos puedan cumplir la función de presentar demandas y actuaciones de alto impacto, en defensa del patrimonio público y la moralidad administrativa”.
Si bien las personerías son entidades autónomas que no dependen directamente de la Procuraduría, sí hacen parte del Ministerio Público. “Ese es el punto de encuentro que va a fortalecer el procurador (Fernando) Carrillo con el fin de trabajar todos en un mismo sentido”, afirmó Gómez Lee.
MANIZALES
