Las cárceles en el país: un eterno problema que tiene solución

Las cárceles en el país: un eterno problema que tiene solución

No es con pequeñas reformas administrativas o aumentando el personal, sino con un cambio a fondo.

cARCEL

El nuevo Inpec tiene que lograrse con el antiguo Inpec en funcionamiento, es operativa y técnicamente imposible ‘evacuar’ un número cualquiera de internos mientras se adelanta la reestructuración.

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Jaime Moreno / El Tiempo

Por: Hugo Acero
04 de octubre 2018 , 06:46 p.m.

Se puede asegurar que desde que comenzaron a funcionar, las cárceles en Colombia han tenido inconvenientes de hacinamiento, violación de derechos humanos, incumplimiento de las funciones de sanción y resocialización, falta de presupuesto y desinterés de los gobiernos por aplicar soluciones de fondo a este consuetudinario problema.

Durante los siglos XVIII y XIX, para castigar a los delincuentes e infractores de las normas de policía imperaron el azote y la prisión, y en ella, la disminución de la ración, la privación de la luz o el encierro solitario, el trabajo en obras públicas y, en el extremo, la pena de muerte. La resocialización del individuo no era contemplada. Ya en 1838, la clasificación de detenidos era imposible realizarla por el hacinamiento*.

Esta situación persistió hasta bien entrado el siglo XX. En 1959, el ministro de Justicia, Germán Zea Hernández, en su informe al Congreso habló de los presos enfermos, sin adecuados tratamientos médicos, hacinados en locales, con tuberculosis avanzada, en estado de contagio, sin lugares para su aislamiento y curación y en la más deprimente ociosidad. Habló sobre inseguridad en las cárceles, las deplorables condiciones de las edificaciones, la ínfima paga a los guardianes, el escaso número de estos e, incluso, sobre la tolerancia dolosa de los directores que facilitaban la evasión de los reclusos.

Inpec no dio la solución

Con diferentes esfuerzos realizados durante el siglo pasado para solucionar los problemas, en 1991, a través del Decreto 2160 de 1992, que fusionó la Dirección General de Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, se creó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con las funciones de “ejecutar y desarrollar la política carcelaria y penitenciaria dentro de los lineamientos que establezca el Gobierno Nacional; hacer cumplir las medidas de aseguramiento, las penas privativas de la libertad y las medidas de seguridad que establezcan las autoridades judiciales; diseñar y ejecutar programas de resocialización, rehabilitación y reinserción a la sociedad de los reclusos, y diseñar y establecer los mecanismos necesarios de control de los programas de resocialización, rehabilitación y reinserción de los internos a la sociedad”.

En ese momento se creía que con la mayor autonomía dada al Inpec se podrían solucionar las graves dificultades del sistema carcelario y penitenciario. Sin embargo, en 1998, en el Plan de Desarrollo de Andrés Pastrana se reconoce que se mantienen los críticos aspectos de carencia de espacio vital (hacinamiento), mezcla indiscriminada de sindicados y condenados, de internos de muy diferente procedencia y diversos grados de peligrosidad, y la violación de los DD. HH.

En ese mismo año (1998), tras una serie de acciones de tutela, la Corte Constitucional declaró el “estado de cosas inconstitucional” en las prisiones, manifestando que “las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos (...). Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc…”.

Hoy, veinte años después, el “estado de cosas inconstitucional” persiste a pesar de otros ajustes institucionales que no han dado los resultados esperados, como la separación del Inpec y la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en 2011.

Al primero se le asignaron las funciones de “vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad”; y a la segunda, las relacionadas con la gestión y operación de la prestación de los bienes, servicios, infraestructura y apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado y eficiente funcionamiento del Inpec. A pesar de estos y otros esfuerzos, se puede asegurar que la situación del sistema carcelario y penitenciario no ha cambiado, más bien se ha complicado, con un Inpec que tiene 78 sindicatos que hacen ingobernable esa institución y una Uspec con graves complicaciones de corrupción e ineficiencias.

El Inpec requiere una transformación profunda, casi una refundación

Las salidas al problema

Solucionar esta situación que afecta de manera grave la aplicación adecuada y estricta de la justicia en el marco del Estado de derecho, respetando los DD. HH., no pasa por pequeñas reformas administrativas o por aumentar el personal de guardia del Inpec, como proponen algunos; hay que planear y ejecutar un cambio de las estructuras que hasta ahora no han gobernado el sistema carcelario y penitenciario.

En 2011, el propio Inpec formuló varias alternativas de solución en el documento ‘Modelos de gestión funcional asociados a las estructuras orgánicas y ruta para la transición’. La primera, suprimir, liquidar el Inpec y crear una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Defensa, con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial.

La segunda, suprimir, liquidar el Inpec y crear una nueva dependencia interna en la estructura orgánica de la Policía Nacional, sin personería jurídica y con autonomía administrativa y financiera. La tercera, la Policía asume las funciones de custodia, vigilancia y seguridad de las cárceles, independizándolas del proceso misional que implica la operación y ejecución de la política resocializadora del sistema carcelario y penitenciario, y lo ejecutaría el Inpec.

Y la cuarta, reasignar las funciones del Inpec a una nueva dependencia interna en la estructura del Ministerio de Justicia sin personería jurídica y con autonomía administrativa y financiera, para formulación de la política criminal y penitenciaria.

Las tres primeras propuestas se hicieron con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad de los establecimientos carcelarios y para que los funcionarios que hicieran parte de la guardia tuvieran el mismo régimen laboral de las Fuerzas Armadas, que limita la proliferación de sindicatos.

Hay que anotar que no se puede trasladar el Inpec, ni parte de sus funciones a la Policía, porque esta institución no debe perseguir, detener y, además, cuidar a los detenidos, se podría crear un círculo no virtuoso de corrupción e ineficiencia en las labores de seguridad y justicia, por la cercanía entre “policías y ladrones”, como sucede en algunos países centroamericanos donde la institución policial tiene la función de cuidar los presidios.

Ahora solo quedaría la propuesta de crear una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Defensa con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial.

En esta línea, habría que contar con una nueva guardia carcelaria y penitenciaria, la cual podría salir de los mejores funcionarios del Inpec, previamente evaluados y seleccionados, y de cuerpos militares que hoy no están siendo utilizados por la desactivación de gran parte del conflicto armado, luego de la capacitación y profesionalización como guardias penitenciarios. Esto remediaría, de fondo, el problema de la guardia actual, que siempre ha sido señalada como corrupta e ineficiente.

Todo esto a un costo bajo, en la medida en que hoy gran parte de esos recursos los tiene el Ministerio de Defensa. También habría que depurar y profesionalizar la Uspec, como parte de la unidad que entraría a funcionar en ese Ministerio.

La propuesta se liga a la de hacer ajustes al Ministerio de Defensa para convertirlo, en esta etapa del posconflicto, en el ministerio de seguridad ciudadana y defensa, que se propone en el documento ‘Ajuste del sector Defensa’, del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp). Este ajuste del ministerio (que no es un nuevo ministerio de seguridad), estaría integrado por dos viceministerios: uno de defensa, que asumiría todo lo que hace el actual ministerio, y otro de seguridad y convivencia ciudadana, de donde dependería la Dirección de la Policía Nacional. Y se crearían otras dos direcciones: una, la del sistema penitenciario y carcelario y la otra, de territorios, seguridad y convivencia.

Transformación profunda

Esta propuesta supone una nueva institucionalidad que se puede sustentar en el traslado de parte del personal administrativo y de la guardia del Inpec a la nueva dependencia, luego de una evaluación y selección; reingeniería y profesionalización de los funcionarios de la Uspec; mayores controles para evitar los hechos de corrupción e ineficiencia en la construcción y mantenimiento de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, y, demás, contratación y reconversión laboral de los guardianes del Inpec que no siguen.

Como bien se planteó en 2011, “el Inpec requiere una transformación profunda, casi una refundación; cualquier cambio que se proponga e implemente, por sencillo o profundo que sea, tiene necesariamente que hacerse con la institución operando al ciento por ciento. No es técnica ni operativamente posible suspender, aunque fuere parcialmente, los servicios del Inpec durante el tiempo que se requeriría para poner en funcionamiento una nueva entidad, como tampoco es técnica ni operativamente factible que un tercero, cualquiera que él sea (estatal o privado), realice temporalmente las funciones del Inpec mientras este se reestructura.

“El nuevo Inpec tiene que lograrse con el antiguo Inpec en funcionamiento, pues es operativa y técnicamente imposible ‘evacuar’ o retirar temporalmente del sistema penitenciario un número cualquiera de internos mientras se adelanta la reestructuración, así como tampoco son posibles traslados temporales en razón al costo que ello conllevaría, pero especialmente, a que la sobreocupación (hacinamiento) lo impide”.

Si se quieren solucionar los graves problemas del sistema carcelario y de seguridad ciudadana, esta es una salida. El nuevo gobierno tiene la palabra.

* Ver documento del Inpec ‘Cien años construyendo el Sistema Carcelario y Penitenciario en Colombia’.

HUGO ACERO
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