La determinación del despacho judicial de aprobar dos de las medidas cautelares se dio a favor de los intereses de la comunidad y fue impulsada por el dirigente costeño, Carlos Caicedo.
En el texto de la providencia proferido el pasado 18 de enero de 2019 y notificado por estado electrónico el 12 de febrero de la presente anualidad se ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacúe dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados -en los cuales Electricaribe presta sus servicios.
Lo anterior a fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar.
Señala la providencia que las audiencias deberán ser coordinadas con los sujetos intervinientes y la parte actora, en este caso Carlos Caicedo, quien interpuso la acción popular para frenar la privatización de la Empresa Electicaribe y el aumento de las tarifas.
Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos
Con relación a este mismo punto, el centro de servicios judiciales, especifica que -entre otras ordenanzas- : “Los dos meses de concertación en cada Departamento se harán como mínimo dentro de un mes; la Procuraduría, será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa, deberán ser analizadas a profundidad por la Creg a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio”.
Igualmente, se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de la Empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los Departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg -y todas las parte implicadas-.
Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos.
Cabe recordar, que entre las medidas cautelares se detallaba: “Primero, que se congele cualquier tipo de aumento hasta tanto no se agote la dinámica de la consulta y participación; segundo, que se suspenda cualquier enajenación, contratación o vinculación de un privado a la operación del servicio entre tanto no se avance con el proceso; y tercero, que se revise la escala tarifaria que tiene Electricaribe para la región y se compare con las del resto del país”.
Hay que recordar que la iniciativa liderada por Carlos Caicedo contó con el apoyo de cerca de mil organizaciones sociales, comunales, sindicales y comerciales de siete departamentos, justo después que el Ministro de Hacienda manifestara que, con respecto a la compañía electrificadora, “habría que tomar acciones” referentes al incremento del valor a plasmarse en las facturas, lo que afectaría el bolsillo de los gremios y casi todos los habitantes del litoral norte de Colombia.
ROGER URIELES
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
SANTA MARTA.
