María Estela Contreras no sabe qué ha sido lo más difícil en estos 12 meses de incesante duelo tratando de encontrar el cuerpo de Javier Lizcano Rivera, su esposo desaparecido: escarbar en los 50.000 metros cúbicos de tierra que cayeron sobre él, en un concurrido sector de la vía La Soberanía, o remover casi con sus uñas las trabas judiciales que han impedido su camino para localizar, como ella dice con una ternura que quiebra su voz, “sus huesitos”.
Al igual que su pareja, esta trabajadora social, de 49 años, manifiesta sentirse sepultada, pero no por un pedazo inestable de montaña, como le sucedió al hombre, originario del municipio de Silos (Norte de Santander), sino, por lo que dice, es una falta de respuesta de un Estado, que, un año después, ha logrado vencer en los pleitos legales en los que se han enfrentado para hallar los restos de su familiar, que yacen en el kilómetro 19 + 800 metros de esta carretera nacional.
Según el Invías, más de 50.000 metros cúbicos fueron removidos en el lugar de la emergencia. A pesar de estas labores de remoción no se ha encontrado los restos de Javier.
Invías
El drama de esta búsqueda empezó el 13 de septiembre de 2016, un día después de que un alud de tierra cegara la vida de este nortesantandereano, de 48 años, cuando detuvo su trayecto hacia la ciudad de Cúcuta para desprender una piedra que se aferraba en esta calzada, a la altura del municipio de Labateca (Norte de Santander).
Minutos antes, él disuadió al conductor de un bus intermunicipal con 36 pasajeros a bordo para que redujera su marcha, mientras removía este obstáculo sobre la vía. Pero en su afán por facilitar el paso en esta troncal, que une a los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca, se distrajo y no alcanzó a dimensionar la tragedia que se avecinaba.
“Él me llamó en la mañana a decirme que llegaba sobre las 4:30 de la tarde de ese día. Luego, al mediodía me volvió a llamar y no le pude contestar. Ya a la 1:30 de la tarde sentí una cosa muy fea, como un corrientazo y ya no volvió a contestar. A esa hora ocurrió el accidente y nunca imaginé que algo tan trágico fuera a sucederle a él (…) Con el dolor de mi alma me desplacé al lugar y fue terrible esa impresión. Yo tenía esperanzas de encontrarlo vivo”, relata esta trabajadora social, quien dirige una corporación dedicada a atender a las víctimas del conflicto armado en esta región del país, especialmente a las que sufren el flagelo de la desaparición forzada, una amarga experiencia con la que ella se trata de identificar.
En menos de 24 horas de ocurrido el derrumbe, el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Norte de Santander autorizó el movimiento de cuatro retroexcavadoras para emprender una operación de rescate a gran escala bajo esta pila de escombros, que se descolgó sobre una longitud de 400 metros de esta carretera, originando un taponamiento vehicular.
Durante estas labores de rescate, que se prolongaron por más de un mes, algunas entidades estatales, como el Instituto Nacional de Vías (Invías), y la familia acudieron a todo tipo de métodos existentes para acelerar estos trabajos de remoción: contratar expertos en localización de cuerpos; emplear equipamiento de alta tecnología, como georradares, para adentrarse en las entrañas del talud; e incluso, recurrir al olfato de un grupo de caninos adiestrados en la desaparición de personas.Sin embargo, estos esfuerzos fueron inútiles, porque no se pudo detectar el rastro de Javier. Parecía como si el alud de tierra, además de sepultarlo, lo hubiera devorado.
A partir de ese momento, su esposa emprendió un pleito judicial para reanudar el operativo de rescate que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ordenó suspender, cuando se cumplieron 30 días de la tragedia. La más reciente acción de tutela que María Estela interpuso contra el Invías fue fallada a favor de la entidad por un juzgado de Pamplona, que penalizó a la accionante con el pago de un salario mínimo legal por perder este litigio.
A pesar de que la señora diga lo contrario y hable de un abandono del Estado, siempre le brindamos todas las garantías posibles
La defensa de esta agencia, adscrita al Ministerio de Transporte, aduce que los organismos oficiales respondieron oportunamente a la emergencia, desembolsando cerca de 1.500 millones de pesos para la conformación de este dispositivo de búsqueda. Con esta destinación de recursos, sostienen algunos funcionarios, se hubiera podido rehabilitar 1.5 kilómetros de La Soberanía, un eje vial con tramos destapados y con una angustiosa proclividad a deslizamientos, por donde transitan diariamente 1.500 vehículos.
“De todos estos pleitos hemos salido bien librados, porque los jueces, actuando en derecho, nos han dado la razón de que nosotros dispusimos de todo lo técnica y humanamente necesario para hallar este cuerpo que nunca apareció. Por eso, todos los entes de control nos han dado la razón, a pesar de que la señora diga lo contrario y hable de un abandono del Estado, cuando siempre le brindamos todas las garantías posibles, más aún sin tener una denuncia formal de esta desaparición”, explicó Jesús Vergel, director territorial del Invías en Norte de Santander.
A pesar de los costos económicos y anímicos que María Estela ha tenido que sufragar a raíz de este penoso trasegar por numerosos tribunales judiciales, ella está dispuesta a remover cualquier traba de tipo legal, así esto implique acudir a la Corte Constitucional o a organismos internacionales, para que el Estado colombiano continúe excavando los metros bajo tierra que sean necesarios para hallar los retos de su esposo, quien ya cumplió un año perdido.
GUSTAVO A. CASTILLO ARENAS
Corresponsal de EL TIEMPO
CÚCUTA