'O te cuida el Ejército o accedes a la extorsión'

Barranco de Minas (sur de Bolívar). Son ya seis años estrellándose contra un muro sin sacar el primer gramo de oro, no obstante los miles de millones invertidos por los socios extranjeros en estudios, proyectos sociales, licencias.

Echan la vista atrás, repasan los proyectos, las frustraciones, los sinsabores, analizan los retos por superar y siguen empeñados en seguir adelante. Conservan la esperanza de trabajar un día como las leyes dictan en esa Colombia indómita que muchas empresas pretenden transformar.

Pero mientras los directivos de la multinacional Ashmont Resources inundan la Fiscalía de denuncias y buscan el respaldo del Ejército y la Policía, en Mina Santa Cruz, corregimiento de Barranco Loba (sur del departamento de Bolívar), donde poseen los títulos y las autorizaciones, los grandes mineros ilegales hacen fiesta.

Con retroexcavadoras transportadas desde el bajo Cauca antioqueño y otras partes del país, les roban el oro a raudales y a cara descubierta. Las enormes palas abren cráteres de unos 200 y 300 m de profundidad, despreciando la catástrofe ambiental que generan. Algunos meses les fue tan bien que obtuvieron $ 750 millones por máquina.

Y es que a la hora de té son los ilegales quienes laboran y recogen ganancias, arrasando con lo que encuentran a su paso, y la compañía formal, la que aguarda impotente a que el imperio de la ley imponga la autoridad, misión que se antoja poco menos que imposible en la actualidad.

Son tantas décadas de sobrevivencia de espaldas al Estado, y el Estado ignorando esas zonas apartadas de difícil acceso, controladas por grupos armados, que lo expedito y rentable es seguir los caminos torcidos.

“Nos tienen arrinconados”, me dice en la tranquilidad de una oficina citadina Jimmy Jaimes, vicepresidente de Asthmon. “En septiembre pasado arrancamos con el objetivo de mover doscientas toneladas diarias y nos tocó parar”.

¿La razón? Sencilla, admite desmoralizado. La banda que se hace llamar ‘los Paraquitos’, amparada por los poderosos ‘Gaitanistas’, provenientes de Urabá, es la que impone la ley, como yo misma pude comprobar en la zona.

Exige el 20 % de vacuna por los explosivos que utilicen, imprescindibles para abrir huecos, e idéntico porcentaje por los insumos químicos, además del 10 % por cada gramo de oro.

Al no haber alternativa distinta de aceptar sus condiciones, optaron por retirarse. “Las reservas de oro en Mina Santa Cruz son tan importantes que se volvió negocio para todo el mundo, menos para la empresa formal”, dice un funcionario de la Fiscalía en Barranquilla. No es que su entidad no intervenga, sino que las leyes y los requerimientos para llevar a cabo una operación en el terreno parecen diseñados para beneficiar a los ilegales.

Una vez la Fiscalía cuenta con las órdenes de allanamiento y captura, requieren realizar un asalto por sorpresa con apoyo del Ejército, la Armada y la Policía, además de unidades del Esmad. Un ingente esfuerzo para destruir dos o tres retroexcavadoras, que enseguida sustituirán por otras, y conseguir alguno que otro apresamiento.

“Para nosotros, el interés primordial en la actualidad es judicializar a toda la organización criminal, que se apoya en bandas como los Gaitanistas Unidos de Colombia”, afirma la valiente fiscal 72 especializada de Protección al Medio Ambiente, Juanita Ramírez, quien ha recibido amenazas por su labor, al igual que otro compañero.

Recuerda que en un operativo que diseñaron durante meses, la propia comunidad del corregimiento arrebató los capturados a los agentes y soldados; pusieron niños y mujeres a enfrentarlos. De once detenidos solo pudieron llevarse a uno, los demás huyeron amparados por la muchedumbre. Y al tratarse de delitos con penas cortas (daño a recursos naturales, contaminación ambiental y explotación ilícita de recursos naturales), los jueces suelen conceder la prisión domiciliaria, beneficio que más de uno utiliza para regresar enseguida a la mina a hacer lo mismo.

Una empresa china, enclavada en la misma región de Mina Santa Cruz, con la que me topé por casualidad, llamada Sociedad Minera la Puya, en lugar de emprender el largo camino de Asthmon escogió un atajo. Estableció uno de sus dos centros de operaciones en Mina Azul, un diminuto caserío en donde levantaron unas instalaciones prefabricadas para sus empleados orientales. Allí conviven con ‘los Paracos’, otra banda criminal que lleva casi dos años empoderada del área y que también mantiene vínculos con ‘los Gaitanistas’. A la empresa le cobran porcentajes similares a los que imponen sus vecinos ‘los Paraquitos’.

“Sin pagar vacuna no los dejan trabajar, es imposible”, me dice un viejo minero que pide ocultar su nombre para seguir viviendo en paz. “Y le cuento que tiene que haber una vaina muy elegante en ese negocio de los chinos porque esa vaca da leche para todos”.

El trato con los propietarios de minas es entregarles un pequeño porcentaje del oro que obtengan, aunque no hay control alguno sobre lo que sacan, y proporcionarles mejores equipos para que trabajen más seguros los huecos y puedan llegar a mayor profundidad. A cambio, se quedan con el 70 % de la tierra. También contratan mineros, aunque pocos reciben prestaciones sociales. Nadie osa reclamar, no solo porque pierden la oportunidad laboral sino porque ‘los Paracos’ están detrás.

“Los chinos tienen la maquinaria y la plata. Solo en pólvora pueden gastar en un hueco 20, 30 y hasta 40 tiros juntos. Tiembla la tierra cuando estallan”, precisa un trabajador. “La tierra que se quedan se la llevan a una planta que tienen en San Martín de Loba (municipio contiguo) ,y luego, a China. Nosotros solo sabemos sacarle el oro y algo de plata, pero ellos, con su técnica, obtienen más minerales”.

Un líder social agrega que a los orientales se les va una cantidad significativa en sobornos a la autoridad para pasar la dinamita y la tierra, y para que no investiguen sus relaciones non santas con ‘los Paracos’ ni se fijen en el desastre natural que causan y que es evidente a ojos vista.

A Mina Azul llegué tras recorrer en mototaxi un trayecto de unas tres horas por trocha desde el casco urbano de Barranco Loba. Debí convencer al motorista de que me llevara porque le preocupaba que luego la banda armada tomara represalias en su contra.

A media hora en moto de ese lugar se encuentra Pueblito Mejía, un polvoriento y destartalado corregimiento de Barranco de Loba que fue un gran reino cocalero para después convertirse en pionero de la minería en la región. Ninguna de las bonanzas ayudó a dejar atrás la pobreza.

Ahora, muchos nativos querrían que apareciese un potente inversor nacional o extranjero para ayudarles a explotar la reserva minera de 420 hectáreas, de enorme riqueza aurífera, en donde existen joyas como La Gloria. Esa mina, que perteneció a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, el poderoso jefe del Bloque Sur de Bolívar de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), hoy día preso en Estados Unidos.

Durante siete años, hasta su desmovilización en el 2005, extrajo todo el mineral que pudo gracias a la concesión que le otorgó el alcalde actual de Barranco de Loba, Uldarico Tolosa, cuando fue secretario de Minas del departamento.

Era la época en que los paramilitares ponían al gobernador y a los alcaldes, y Tolosa fue una de sus fichas en la región, como ha indicado la Corte Suprema, pero nunca ha pagado nada por ello.

Ahora, La Gloria se encuentra abandonada. “Los paramilitares se comieron el corazón y nos dejaron las tripitas”, se queja un minero que aspira a sacar oro a lo grande en la citada mina en cuanto aparezca el ansiado inversor. Calculan de mil a dos mil millones la cantidad que requiere ponerla en marcha de nuevo.

Para llegar a La Gloria hay que atravesar La Mina, un pueblucho sórdido, de casas de madera, grisáceas y destartaladas, y trepar un cerro empinado. “Cuando los paramilitares se desmovilizaron se metió mucha gente, y al final se fueron porque ya no le podemos sacar más de manera artesanal, hay que llegar más profundo. Necesitamos que venga una empresa con maquinaria moderna”, explica un minero.

Junto a la boca de la mina, en una hilera de casas, habitan unas pocas familias que malviven con las pepitas de oro que aún les da la tierra. “No se puede trabajar bien porque necesitamos hacerlo con buena técnica, y no tenemos la plata. Pero esta mina tiene mucho oro”, remacha.

Si apareciera una empresa formal, no solo debe sortear el obstáculo de los grupos armados, la corrupción, la falta de institucionalidad y la arraigada cultura de informalidad que todo lo impregna en la región (“Eso lo dirá el código, pero aquí las leyes son otras”, es una frase común), sino pleitos judiciales, una piedra más en el zapato, lo que no es extraño en el sector.

En Pueblito Mejía existe la Asociación de Mineros y el Comité de Mineros, reclamantes ambos de la reserva minera.

Hay personas que pertenecen a la vez a ambas organizaciones, y buena parte de los miembros de la segunda citada son foráneos que se fueron tiempo atrás, pero que regresarán si les dan la razón. Podrán alcanzar un acuerdo porque oro habría para todos, pero los interesados aseguran que no hay voluntad.

Por si faltara poco, aún hay quienes esperan que la Unidad de Víctimas les reconozca minas de las que, aseguran, los echaron los paramilitares.

Pregunto al directivo de Asthmon si recomendaría a otra compañía multinacional invertir como hicieron ellos. “Con todo el dolor de mi alma tendría que decirle que en esas áreas es demasiado riesgoso; hay muchas variables que salen mal, cuentan con un marco legal frágil, una logística muy compleja y mafias”, puntualiza. “Nosotros mantenemos la esperanza de trabajar la mina, contar con una planta de procesamiento grande y firmar un convenio con la Fuerza Pública para que nos proteja. Hoy por hoy, o te cuida el Ejército o accedes a la extorsión, no hay de otra”.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO