La sentencia de la Corte Constitucional que obliga al Ministerio de Ambiente a trazar una nueva delimitación del páramo de Santurbán mantiene en vilo a las comunidades cercanas a ese territorio, pues no saben si esa decisión los beneficie o perjudique más de lo que, aseguran, ya están.
De acuerdo con los alcaldes de los municipios santandereanos de California y Vetas, Hugo Lizcano y Orlando Rodríguez, respectivamente, para la delimitación que se hizo en el 2014, cuya línea se trazó desde los 2.800 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.), el Minambiente no tuvo en cuenta a las poblaciones de la zona, sino “que tomó la decisión desde Bogotá”.
Según los mandatarios, eso trajo afectaciones a las comunidades.
Con esa línea de páramo, de las 4.300 hectáreas de California, 1.300 quedaron protegidas y no se pueden tocar. Sin embargo, allí sí hay posibilidades de hacer minería artesanal, que representa el 90 por ciento de la económica de la zona.
Entre tanto, el 73 por ciento del territorio de Vetas quedó dentro de la línea de páramo, lo que disparó el desempleo en un 82 por ciento, ya que su principal actividad económica, la minería (97 por ciento), fue prohibida.
Además de estos perjuicios, los alcaldes señalan que el Gobierno se comprometió a entregarles proyectos productivos para la reconversión de la economía, pero, tres años después, “no se ha visto un solo peso ni un solo programa”.
El mandatario de Vetas dice que si hay una nueva delimitación y la línea de páramo baja más de los 2.800 m s. n. m., su municipio se borraría del mapa, mientras que el de California sostiene que esto tocaría los pocos sectores en los que se hace minería artesanal y se acabaría el desarrollo económico y generaría desplazamiento.
Ambos alcaldes, junto con los de Tona, Charta, Matanza y Suratá, insisten en la necesidad de desarrollar la minería sin riesgo en su entorno, como parte fundamental de la economía de sus comunidades.
Esas administraciones se han declarado partidarias de que se lleve a cabo el proyecto de extracción de oro Soto Norte, de Minesa, empresa de propiedad del fondo de inversión y desarrollo Mubadala, de Emiratos Arabes Unidos.
“Que nos respeten nuestros derechos ancestrales, porque acá hacemos minería desde hace 461 años”, dijo el alcalde de Vetas.
Este guiño al plan de la multinacional, que se encuentra en trámite de solicitud de licencia ambiental, se enfrenta a la postura de ambientalistas de Bucaramanga, quienes rechazan de tajo todo tipo de minería aguas arriba de las bocatomas del acueducto de esa capital, es decir, en inmediaciones de Santurbán.
Para Erwing Rodríguez-Salah, miembro del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, colectivo accionante de la tutela que dio origen a la sentencia de la Corte de la nueva delimitación, no puede existir minería, ni siquiera artesanal, en ese territorio, porque eso afectará la calidad y cantidad del agua que allí se produce.
Añadió que el recurso hídrico no puede depender de una línea, esto en referencia a que proyectos como el de Minesa, que pretende extraer nueve millones de onzas de oro durante 23 años, sustentan su viabilidad porque se encuentran por debajo de la delimitación que fue derogada.
El debate sobre la conveniencia de la explotación minera en el páramo se atizó en la última semana, luego de que en su visita a Oriente Medio, el presidente Juan Manuel Santos firmara acuerdos para incentivar la inversión de Emiratos Árabes en proyectos en Colombia, lo que muchos interpretaron como una politización al pedido de licencia ambiental de Minesa.
Darren Bowden, presidente de la multinacional, aseguró, en entrevista con ‘Portafolio’, que aún no han sido notificados acerca del fallo de la Corte sobre los nuevos límites de Santurbán, y que hasta que eso no suceda, “no estamos en posición de analizar, entender y comentar los efectos de esa decisión”.
Extraoficialmente, se supo que en lo que queda de noviembre, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) realizaría una segunda visita a la zona cercana a Santurbán donde se llevaría a cabo el proyecto de extracción Soto Norte, de Minesa. Después de la visita, que estaría encabezada por Claudia Victoria González, directora de Anla, el organismo haría oficial a la multinacional minera la solicitud de incluir a Bucaramanga y su área metropolitana dentro del estudio de impacto que ya había presentado para obtener el permiso necesario para explotar oro en los sectores vecinos al páramo.
CAROLINA RINCÓN RAMÍREZ
Corresponsal EL TIEMPO
Bucaramanga@CarolinaRinconn
