‘Nuestro compromiso es defender la autoridad ambiental’

‘Nuestro compromiso es defender la autoridad ambiental’ 

Director de Corpocesar responde a  Contraloría sobre el cobro de la tasa por el uso del agua.

Corpocesar

El objetivo del funcionario es sacar adelante los programas que permitan la armonía ambiental en el Cesar con el apoyo de las comunidades.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: Ludys Ovalle Jácome
23 de octubre 2018 , 04:04 p.m.

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) refutaron a la Contraloría General de la República en torno al cobro de la tasa por uso del agua, una situación que para los directivos de estas entidades se ha vuelto recurrente.

En este sentido, la del Cesar ha venido insistiendo en que no es objetiva la apreciación de estos hallazgos fiscales, que la entidad viene trabajando de acuerdo con la normativa vigente y que no ha habido un detrimento patrimonial.

“No se trata de entrar en controversias ante el órgano de control fiscal y menos descalificar sus actuaciones. Ratificamos que nuestras actuaciones han sido orientadas a fortalecer el principio de autoridad ambiental”, dijo el director de la entidad, Julio Suárez Luna.

En diálogo con EL TIEMPO, Suárez aclaró este tema y otros conceptos generalizados.

¿Recientemente, la Contraloría General de la Nación detectó posibles hallazgos en algunas corporaciones del país. En Corpocesar señaló que no se adelantó el cobro de la tasa por uso de agua, por valor que ascendió a $3.000 millones, no expidió facturas ni notificó a los usuarios, ¿Cuál es su posición?


La tasa por utilización de aguas es el cobro legal que se realiza a un usuario por la utilización del agua de una fuente natural superficial o subterránea, con el objetivo de inducir en los usuarios cambios de comportamiento en la manera de acceder y usar el agua y que permita a su vez tener una fuente de recursos financieros para inversiones ambientales que garanticen recuperar, conservar y mantener un uso eficiente del recurso.

En el caso de Corpocesar se viene cobrando desde 1969, cuando el Inderena otorgó las concesiones sobre los principales afluentes de nuestro Departamento. Desde entonces, se han otorgado alguna que otras, hasta llegar al número que tenemos actualmente.

El informe de la Contraloría dice que tenemos un posible hallazgo por el no cobro de estas concesiones porque no se facturó a tiempo. En este sentido hay que precisar que las corporaciones autónomas regionales no estamos obligadas a facturar, primero porque no tenemos autorización de la Dian, ya que nosotros no prestamos un servicio público, la entidad lo que hace es otorgar un derecho a los usuarios.

Sin embargo, no se cobró a tiempo, simplemente porque se presentaron problemas informáticos y se retrasó un poco, pero se hizo la exigencia de cobro dentro de la vigencia correspondiente. Pueden constatar que cada año hemos aumentado este recaudo.

También tengo que decir que hay muchos usuarios que se conectan clandestinamente a nuestra fuentes hídricas y no pagan esa concesión. En este sentido tenemos algunos procesos ambientales que están para sanción.

Aprovecho para decirte que en cuanto al tema de compensación, el director anterior Kaleb Villalobos logró hacer el mejor plan de compensación que fue copiado por el Ministro de Ambiente para replicarlo en todo el país; entonces, no entiendo, como el Gobierno Nacional nos califica de manera exitosa y los órganos de control tienen desconocimiento de esa realidad.

¿Cuánto se está pagando por esa tasa?
No existe un monto fijo ya que eso es relativo y depende de fuente hídrica, de muchos factores. El Gobierno Nacional es quien traza las políticas.
¿Y cómo va lo de la tasa retributiva por contaminar?
Ese es otro ingreso propio de las corporaciones. Es el pago por que se hace por el hecho de contaminar legalmente, por ejemplo, el vertimento que hacen las ciudades a los ríos.

Corpocesar

Según el organismo de control asegura que la entidad dejó de cobrar $3.000 millones.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

¿Quiénes han sido sancionados por esta causa?
Tenemos empresas que pagan por esto ya que muchas contaminan de manera legal. En el caso de Emdupar, ha contaminado los suelos a través de su servicio de alcantarillado, también sobresalen empresas industriales de palma que producen vertimientos, empresas industriales que contaminan el aire como la DPA, contaminación que está reglamentada, pero tenemos las trituradoras de material mineral clandestinas, esas son las que perseguimos. De igual manera hemos sancionado a algunos campesinos y arroceros que no están registrados en la corporación y que vienen contaminando a través de sus riegos y otras personas que contaminan por infiltración, como el caso de una porqueriza en Valledupar.

¿Como avanza la expedición de licencias mineras?
Tenemos competencia para otorgar licencia aquellos que pretenden explotar hasta 800.000 toneladas año en materia carbón. A partir de 801.000 toneladas, lo asume la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Aclaro además que las corporaciones no licenciamos hidrocarburos y lo digo porque muchos ambientalistas piensan que otorgamos este tipo de licencias, eso también depende del ANLA, al igual que por construcción de vías nacionales. En el caso de la explotación de canteras tenemos hasta 280.000 o 270.000 toneladas año, si se pasa de este tonelaje ya le corresponde al ANLA.

¿Cuál es su posición ante la implementación del fracking en el Cesar?
Existe mucha desinformación y se requiere de muchos estudios para tomar las mejores decisiones de la mano con el desarrollo sostenible. Es una actividad que requiere certeza científica de que las aguas subterráneas de nuestra región no se verán contaminadas por la extracción de petróleo a través del sistema no convencional fracking. Como autoridad ambiental del Cesar, asumimos la responsabilidad de hacerle seguimiento al cuidado de los elementos ambientales de nuestro territorio amparado en la normatividad vigente y nos sometemos a lo que ha manifestado la Corte Constitucional sobre el principio de precaución. Igualmente solicitamos a la Academia de Geociencia que hagan lo pertinente para que la ciudadanía conozca de manera científica las consecuencias de este método.

Especial para EL TIEMPO
VALLEDUPAR.

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