‘No queremos entregar nuestras tierras; de aquí no nos van a sacar’

‘No queremos entregar nuestras tierras; de aquí no nos van a sacar’

Consejo Comunitario Afro de La Toma se enfrenta a negros, blancos y nativos por titulación colectiva

Cauca La Toma

Minas en La Toma, Cauca.

Foto:

Archivo Particular

Por: Salud Hernández-Mora
17 de octubre 2019 , 08:36 p.m.

Nada más cruzar el puente sobre el río Cauca, ascendiendo la loma, se deja atrás el casco urbano de Suárez y comienza el camino destapado que antes ocupaba la vía férrea. “El tren, que iba hasta Popayán, dejó de funcionar y la gente empezó a cortar la vía por pedazos y llevárselos; en ese tiempo pagaban bien los rieles. Todo el mundo lo hizo, de noche”, rememora Marly Janneth Sánchez, de 36 años.

En una de las curvas encontramos el acceso a la casa que perteneció a su abuelo, jubilado del ferrocarril. La levantó de tablones de madera y techumbre de paja, pero una chispa la quemó y la misma compañía le construyó la sólida de ladrillo que aún conservan intacta. “Aquí nacimos todos y de aquí no nos van a sacar”. Marly habla con determinación. Presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Gelima, corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, es una madre joven y valiente.

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Está decidida a defender el pequeño patrimonio de una familia afro extensa. “Esta parcela tiene 10 hectáreas y hay otra más pequeña. Son de cuatro hermanas, mi mamá y tres tías, y hay hijos, nietos, bisnietos. No tendrán a dónde llegar si nos la quitan”.

La disputa por mantener sus propiedades comenzó el día que, para sorpresa suya, supo que el Consejo Comunitario Afro del Corregimiento La Toma pretendía que las tierras de cinco veredas, donde viven 1.500 familias, quedaran incluidas en un título colectivo. Aunque no hicieron consulta previa, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras, de Popayán, admitió la demanda, apegado a la Ley 70, que ampara los derechos ancestrales de las negritudes. Decretó medidas cautelares para impedir que los finqueros pudieran realizar trámites con sus propiedades.

La gente ahora está dividida porque unos dueños no queremos entregar y otros sí quieren. Creo que no se han empapado de la realidad de qué va a pasar con lo suyo

“La gente ahora está dividida porque unos dueños no queremos entregar y otros sí quieren. Creo que no se han empapado de la realidad de qué va a pasar con lo suyo”, afirma Marly.

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El vasto territorio, de 7.000 hectáreas, habitado en su mayoría por afros dedicados en buena medida a la minería artesanal de oro, colinda con la represa La Salvajina y se encuentra a unas dos horas de Cali, por una carretera en estado aceptable.

La violencia de las organizaciones criminales, de la que todavía no se han sacudido –hay presencia de disidencias de las Farc–, sembró tragedias y miserias en Suárez. De ahí que una de las intenciones del Consejo Comunitario, según Claudia Ximena Fernández, abogada de la Defensoría del Pueblo de Popayán que los representa en el proceso, sea “blindar el territorio para que no exista conflicto armado. Los que se unen a la titulación colectiva como territorio ancestral buscan que vuelva todo a como estaba antes de la presencia de los grupos ilegales”. Igual que Marly.

La explotación del oro

La Toma, donde el control del sexto frente es más discreto que en otras áreas del municipio de abundantes cultivos de coca, tiene alma aurífera. En infinidad de fincas se aprecian explotaciones de filón y aluvión. Por eso la amenaza de la entrada de compañías extranjeras, que desplacen a los moradores, es una de las que blanden quienes propugnan que sea el Consejo Comunitario quien lo impida.

Marly no avista ese peligro. “¿Como van a dar un blindaje a lo que ya lo tiene? Aquí no puede entrar una multinacional porque estamos en zona de reserva especial minera”, aduce. “Hubo 21 muertos por unas máquinas en Suárez y el Gobierno entonces blindó todo para que no entren multinacionales”.

Se refiere a un derrumbe que sepultó a los barequeros en una mina a cielo abierto, excavada por las retros. Pero hace años erradicaron las máquinas y la comunidad no permite que ingresen nuevas.

Quieren propiedad privada

La disputa enfrenta al Consejo Comunitario con quienes prefieren, como Marly, conservar sus fincas y rechazan que sean organizaciones las que decidan sobre sus vidas. Tampoco hay claridad de los beneficios que supone dejar de ser dueño de una tierra para entregarla a una colectividad.

En enero pasado, nada más enterarse de las pretensiones del Consejo, seis vecinos, con Marly a la cabeza, interpusieron un recurso ante el citado Juez Primero para defender el derecho a la propiedad privada e impedir que expulsen del territorio a los “foráneos”. El término, común en lengua española, suena duro y discriminatorio entre gentes que nunca lo habían oído hasta que el Consejo lo acuñó para definir a los que viven en La Toma y deberían irse por proceder de otras regiones de Colombia.

Ahora me dicen que soy foráneo, es la única parte en que he escuchado esa palabra, y tenemos que entregar las tierras

“Ahora me dicen que soy foráneo, es la única parte en que he escuchado esa palabra, y tenemos que entregar las tierras. Yo vine a la región en 1997 y a Gelima llegué en el 2000. Soy minero de cuna, es la vocación de mis papás, de mis abuelos”, relata Luis Aguirre, paisa de Santa Rosa de Osos que habita un rancho de tablones y techo de zinc. De 67 años, y padre de una única hija que vive en Medellín, solo lo acompañan sus perros. Compró un total de 40 hectáreas a los Cajiao, una familia nativa de raza blanca, y está a la espera de hacer las escrituras. Además de una mina de oro en sus predios, que él mismo explota, siembra café, mango, naranjas y yuca.

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Cuando compré, aquí había rastrojo y yo sembré todo. También tengo gallinas porque la mina es muy buena, pero la situación es un poco difícil porque están muy acabadas. A veces da y otras veces, no. Si solo me dedico a la mina, el estómago va a sufrir”, relata mirando sus palos de mango. De fondo suenan los molinos que revuelven la tierra de su mina.

Yo sí que recorrí tierras: Caucasia, Nechí, Zaragoza, el Bagre, Montelíbano, San Luis, en el Huila. Pero aquí aterricé y me quedé. ¿Quién no me conoce en Suárez? No he tenido problemas con nadie en ninguna parte. Conozco a los del Consejo Comunitario, los saludo normalmente. Pero ahora dicen que estas tierras son de ellos, que aquí no quieren al foráneo, no sé por qué”, protesta don Luis, que hasta que decidió echar raíces en Suárez fue un espíritu errante.

Yo no le hago mal a nadie, el que llega, yo lo recibo; si tengo que hacer un favor, se lo hago; si a veces me piden una remesa, la doy si la tengo”.

Sus afirmaciones las corrobora Elvio Cajiao, un blanco de porte citadino. “Soy de aquí, nativo. Mi mamá era la dueña de las tierras. Soy jubilado de la hidroeléctrica, fui encargado de la central en Suárez. Me pensioné y me quedé. Son familiares míos los que vendieron a don Luis”, rememora. “Pero ahora no quieren que le hagan las escrituras por ser un foráneo, con todos los años que lleva este señor aquí”.

En una situación más delicada se encuentra Alex Bedoya, otro paisa que quieren ver fuera de La Toma. No es propietario y tampoco reside en Gelima de manera permanente. Hace trece años arrendó una finca para explotar una mina y sus días los reparte entre Suárez y Medellín, donde permanecen su esposa e hijos.

“Vengo de familia minera y aquí es donde tengo el trabajo y una inversión. Me han dicho que tengo que salir porque no soy de aquí, que no tengo familia aquí. Pero soy colombiano y esto es Colombia”, alega. Comprende que su arrendatario no le renueve el contrato, aunque no cree que lo haga. “Soy muy puntual con el arriendo, pero vivimos en una incógnita”.

El uso de dinamita

Al margen de ser originarios de otra región, en la demanda del Consejo Comunitario los acusaron de practicar la minería ilegal.

“Cada año vamos al Batallón en Cali para sacar el Concepto de idoneidad, que se logra en un curso con expertos militares de
40 horas

“Cada año vamos al Batallón en Cali para sacar el Concepto de idoneidad, que se logra en un curso con expertos militares de 40 horas. Nos certifica como mineros legales con la facultad para vendernos el explosivo. Sin dinamita no se puede trabajar. Lo tenemos que hacer cada año, y es la parte esencial para ser legal”, asegura Alex.

Si bien cuentan con los permisos y afirman que no utilizan mercurio, como sí hacen moradores afros, un recorrido por La Toma evidencia el deterioro que causa la minería en la naturaleza y el precario desarrollo que genera. Solo hay en La Toma una placita paupérrima, polvorienta, solitaria casi toda la semana, donde los sábados y los domingos instalan el mercado.

Aunque tienen cerca La Salvajina y los ríos Ovejas y Cauca, se quejan de la aridez del terreno y la escasez de agua, pero observo que en una finca la dilapidan con mangueras para lavar la tierra con chorros potentes en busca de oro.

Acudí a la sede del Consejo Comunitario, situado en una casa a las afueras del centro urbano de Suárez, sobre la carretera que conduce a Cali. Declinaron hacer declaraciones y me remitieron a la Corte Constitucional, que ampara sus derechos, y al contenido de su demanda.

La Defensoría del Pueblo, que solo supo que había personas en desacuerdo con entregar sus predios por el recurso que presentaron Marly y los demás, indicó, al igual que la Agencia de Restitución de Tierras, que será el Juez Primero el encargado de dirimir las diferencias entre los pobladores. Para ello, “será vital el autocenso para el desenlace final”, expone María del Mar Chávez, de la Agencia. Lo ordenó el juez, dirigido por el Ministerio del Interior. De la pulcritud y neutralidad con que lo hagan dependerá que todos acepten el resultado. Será la oportunidad para que los pobladores conozcan las ventajas y desventajas de la titulación colectiva.

Existe, además, un artículo –el 6– en la ley que protege la propiedad privada, sin diferenciar nativos de foráneos y supone que deberían excluir a quienes se opongan a dar sus fincas. Al final, la justicia decidirá si los paisas Bedoya y Aguirre deben buscar nuevos rumbos y si Marly puede conservar la tierra de sus ancestros.

Como dice el recurso que presentamos, obligar a una titulación colectiva es una medida injusta, discriminatoria, que no nos consultaron”, resalta Marly. “Quedaríamos subordinados a las disposiciones del Consejo comunitario y eso sería cambiar nuestro sistema de vida. Nosotros estamos acostumbrados a tener nuestras tierras, a saber que siempre podremos venir a ellas”.

SALUD HERNÁNDEZ-MORA
Especial para EL TIEMPO - La Toma, Cauca

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