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Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra alcalde de Neiva, Gorky Muñoz

El alcalde, Gorky Múñoz, señaló que el desempleo se ha reducido y cayó al 19 por ciento.

El alcalde, Gorky Múñoz, señaló que el desempleo se ha reducido y cayó al 19 por ciento.

Foto:Cortesía Alcaldía de Neiva

El alcalde y su secretario de Educación son investigados por irregularidades en contratos del PAE.

Neiva
La Fiscalía le imputó cargos al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y al ex secretario de Educación, Yovanni Córdoba Rodriguez, en medio de una investigación que se sigue por los posibles delitos de celebración indebida de contratos, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y peculado.
El mandatario y el ex secretario de Educación se vieron inmersos en una investigación relacionada con la contratación, durante abril de 2020, de 105.000 raciones para los estudiantes de esa ciudad cuando el país vivía la pandemia del covid-19.
La Fiscalía, que pidió medida de aseguramiento, afirmó en una audiencia pública que el mandatario "mostró interés indebido en la celebración, tramitación y ejecución del contrato de suministro 698 del 2020, por valor de 5.250 millones de pesos, para la adquisición de alimentos básicos con destino al Programa de Alimentación Escolar, PAE".
Dicha contratación fue suscrita con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes del departamento de Nariño con domicilio en el municipio de Tumaco, de la cual sus representantes legales habrían contribuido a la campaña política que llevó a Gorky Muñoz a la Alcaldía de Neiva.
Gorky Múñoz Calderón, alcalde de Neiva.

Gorky Múñoz Calderón, alcalde de Neiva.

Foto:Alcaldía de Neiva

El propósito de la contratación estaba dirigido a favorecer los intereses del particular Haiden Otoniel Vergara Qiñónez

"El propósito de la contratación estaba dirigido a favorecer los intereses del particular Haiden Otoniel Vergara Qiñónez", dijo la Fiscalía en la audiencia pública en la que el alcalde y el ex secretario de Educación no aceptaron los cargos imputados.
La imputación también cobijó a los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo, así como a Carmen Roseida Castillo, Miguel Alfonso Banguera y Haiden Otoniel Vergara, representantes de la empresa ejecutora del PAE y de la interventoría.
Se pudo establecer que en este mes de mayo el Juzgado definirá la petición presentada por la Fiscalía.
Sobre este caso, el alcalde Gorky Múñoz se había pronunciado en marzo pasado y señaló que "no es la primera vez que me atacan, a eso ya estamos acostumbrados y entendemos que las investigaciones hacen parte del ejercicio político-administrativo que ejercemos. No obstante, confiamos en la justicia y en las pruebas que demuestran que hemos actuado siempre pensando en el bienestar de nuestros ciudadanos".
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