La muerte en el resguardo indígena Inda Sabaleta del pueblo Awá había sido anunciada seis días antes del asesinato de seis integrantes de esa comunidad de la zona rural de Tumaco, Costa Pacífica de Nariño.
En una comunicación del 29 de julio del año en curso enviada a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo había alertado sobre el alto riesgo que corría la población civil en la escuela del mencionado resguardo.
También había solicitado de manera urgente la activación de la alerta, ante la grave situación de riesgo que corrían los niños y niñas y toda la población del resguardo, porque habían sido amenazados de muerte. Pero esa alerta temprana no se tuvo en cuenta.
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El pasado 3 de agosto en ese territorio indígena se registraron fuertes combates entre dos grupos armados ilegales aún no identificados, ocasionando la muerte de seis personas, entre ellas una mujer embarazada que cayó víctima de una mina antipersona instalada en el sector conocido como Angostura.
La misma organización no gubernamental para la defensa y promoción de los derechos humanos había solicitado al mismo tiempo a los citados organismos que “adopten las medidas necesarias y urgentes para proteger los derechos de esta comunidad que se encuentra en peligro”, pero las advertencias no sirvieron.
Se recordó cómo desde el 16 de marzo de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había otorgado medidas cautelares a favor del pueblo indígena Awá, sin embargo, sigue siendo blanco de numerosos atentados, asesinatos selectivos, desplazamientos y amenazas constantes en la zona.
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Al medio día del 29 de julio, según la organización de abogados, miembros de los grupos armados incursionaron en la zona La Brava-Inda Sabaleta, con el fin de apoderarse del territorio ancestral, fue entonces cuando se desataron los enfrentamientos entre ambos bandos en presencia de la población indígena.
“Niños, niñas, profesores y población civil se encuentran encerrados en la escuela indígena de Inda Sabaleta sin posibilidad de movilizarse”, denunció el colectivo ante las autoridades.
Ante la gravedad de los hechos de manera oportuna había solicitado “una doble protección constitucional reforzada por tratarse de derechos relativos a niños y jóvenes del pueblo Awá”.
Igualmente antes de registrarse los lamentables hechos de violencia, se había urgido a las autoridades competentes adoptar las acciones necesarias, para activar un corredor humanitario y todas las medidas que conduzcan a proteger la vida de la población estudiantil y civil del resguardo atacado por los grupos armados ilegales.
Hoy ni la Alcaldía de Tumaco, la Gobernación de Nariño y el Gobierno Nacional han tomado cartas en el asunto.
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El más reciente antecedente de un acto de violencia en el resguardo indígena había ocurrido el pasado 28 de septiembre de 2020, cuando los grupos armados asesinaron a 5 indígenas y secuestraron a otros 40, por lo que el resto de integrantes de la comunidad debió abandonar el territorio por el miedo a quedar en medio de los enfrentamientos.
El 3 de agosto anterior la comunidad indígena había denunciado que alrededor de 500 personas armadas, ingresaron al territorio donde se desarrolló un fuerte combate.
Los artefactos explosivos que se emplearon en el ataque habían ocasionado graves daños en viviendas y un número indeterminado de indígenas habrían resultados heridos.
MAURICIO DE LA ROSA
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