Los municipios de Pijao, en Quindío; El Paujil, en Caquetá, y Marmato, en Caldas, quieren seguir el camino de Cajamarca (Tolima), que el domingo pasado dijo no a la explotación de la mina de oro La Colosa en una consulta popular.
En estos tres lugares, la ciudadanía reclama para que también se lleven a cabo consultas y sean los pobladores quienes decidan si se realizan, o no, explotaciones mineras en sus territorios.
Fuentes de aguaAunque en la mitad de los municipios del Quindío se habla de consultas populares, sobre todo en las localidades donde se han otorgado más títulos mineros, la que ha estado más cerca de concretarse es la de Pijao, donde la mayoría de sus 6.000 habitantes rechaza la minería.
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Mónica Flórez, exconcejal del municipio y líder de esta iniciativa, tras la consulta popular en Cajamarca, dijo: “Nosotros tenemos que aguantar y trabajar porque el Gobierno y las empresas mineras no se van a quedar quietos, argumentan la inversión extranjera y la legalidad de estos proyectos mineros”.
Flórez, quien asegura que los 23 títulos mineros que hay vigentes en ese municipio amenazan la vocación agrícola, continúa en su lucha por conseguir que se realice la consulta en esta población, luego de que en octubre del 2016 la Corte Constitucional falló a su favor una tutela contra el Tribunal del Quindío, que declaró como inconstitucional la pregunta que se llevaría a las urnas.
En esa sentencia, la Corte Constitucional advirtió que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería.
Aunque muchos aseguran que en un área importante del territorio del Quindío hay títulos mineros vigentes, la Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que de los 42 títulos mineros otorgados en los municipios de Salento, Córdoba y Pijao, un 70 por ciento están en proceso de renuncia por parte de las empresas; todos corresponden a oro y ninguno está actualmente en actividad.
El representante a la Cámara por el departamento, Luciano Grisales, dijo que “el Quindío está concesionado en gran parte de su cordillera para proyectos mineros, pero es allí donde nacen los ríos que abastecen los acueductos y es allí donde se producen los alimentos”.
En esta población de Caldas están a la espera de que el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional Minera cumplan con la sentencia del pasado 28 de febrero de la Corte Constitucional, que obliga a las autoridades locales y nacionales a “agotar un proceso participativo con la población de Marmato, los mineros tradicionales y los demás actores involucrados en la controversia”, por los títulos de la multinacional Gran Colombia Gold en ese municipio. Sin embargo, hasta el momento no se han dado acercamientos oficiales.
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Esta empresa llevaba cinco años disputando ante la justicia la explotación de oro en el cerro El Burro con los pobladores que lo han hecho toda su vida. El proceso giró en torno a una resolución del 2010 que ordenaba el cierre y desalojo de La Villonza, una pequeña mina en la parte alta que supuestamente interfería con el título de la compañía.
Entre las exigencias que hace la decisión judicial está que las autoridades deben garantizar un proceso de consulta previa sobre la actividad minera en la zona con las comunidades indígenas y afrocolombianas allí asentadas.
La Corporación Cívica de Caldas, una organización local de veeduría ciudadana, manifestó que la negativa de Cajamarca (Tolima) a la actividad minera en su territorio debe dejar una lección para el caso de Marmato, e invitó a las autoridades locales a cumplir con el mandato de la Corte.
En El Paujil, municipio ubicado en el occidente del departamento del Caquetá, ya son más de 1.500 las firmas, de las 2.737 necesarias, recolectadas para la realización de una consulta popular, que busca suspender las actividades de exploración petrolera adelantadas por Emerald Energy y Ecopetrol en la región.
De acuerdo con Martín Trujillo, promotor de la iniciativa ‘Por la dignidad amazónica, El Paujil lucha por el territorio, el agua y la vida’, en los próximos días esperan completar 4.000 firmas, las cuales serían posteriormente revisadas por la Registraduría Nacional, la cual, en un plazo de 20 días, ordenaría a las autoridades correspondientes fijar la fecha para la realización de la consulta.
“Aquí, en Caquetá, estamos muy unidos y no creemos que valga la pena sacrificar los recursos ecológicos de la región para beneficiar a una empresa extranjera”, aseguró Trujillo.
EL TIEMPO
