Las siete plagas que azotan al Pacífico

1. ‘Los negros carecían de alma’

El 21 de mayo de 1851 se abolió la esclavitud en Colombia. A los esclavistas se les indemnizó, a los esclavos se les marginó. “Los negros carecían de todo, inclusive de un alma; no tenían derecho a entrar en el cielo ni en el infierno, y su sangre se consideraba impura hasta que fuera decantada por cuatro generaciones de blancos”, escribió Gabriel García Márquez al reflexionar, en 1994, sobre la raíz de los problemas del país.

La Constitución de 1886 estableció una sola raza, una sola religión, “a los negros, ya libres, se nos excluyó, nos mandaron a las selvas pensando que nos iban a aniquilar, pero nos hicimos uno con la selva y los ríos, sobrevivimos”, dice la líder Zulia Mena. Se hizo la Constitución de 1991 más diversa y plural. Ahora los jóvenes ‘millennials’ de Buenaventura, Quibdó, Tumaco pelean por sus derechos. “Tenemos un dolor, largo y profundo”, dice Zulia Mena.

Cuando nacen los bebés del litoral Pacífico, se les corta el ombligo, y este se entierra entre las raíces de un árbol o en la tierra. Es un vínculo sagrado con una tierra que se ama, pero en la que es difícil vivir. “Algunos nacemos para morir sin tregua...”, escribió el poeta chocoano Arnoldo Palacios. Cuando se nace en el Pacífico, se entra perdiendo. ¿Qué esperanzas existen cuando en la zona rural de ciudades como Buenaventura el índice de pobreza es del 91 %? Un informe de la Defensoría del Pueblo dice que “el Chocó sigue siendo uno de los lugares del país donde el goce efectivo de los derechos humanos de la población es más limitado”. El 60,9 por ciento de la población del Pacífico tiene necesidades básicas insatisfechas.

Este mal avanza por las tierras del Pacífico. Para la muestra, el hospital San Francisco de Asís, el más grande de Quibdó. Lo saquearon hasta dejarlo en estado de coma. Contratos amañados para el suministro de medicamentos, millones de pesos en pagos irregulares por servicios no prestados, contratación de ambulancias aéreas que terminaron transportando a particulares, pagos exagerados a especialistas, entre otras irregularidades, lo llevaron a la quiebra. Hace diez años, en 2007, la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión para ponerlo a funcionar. Todo fue una ilusión. ¿Quién tiene la culpa de la corrupción? La pelota va y viene. “Recibimos saqueado el hospital San Francisco, en condiciones infrahumanas. Algunos foráneos enemigos de este pueblo han venido a desmejorar el estado de la salud”, dice el alcalde de Quibdó, Isaías Chalá.

La región del Pacífico tiene precipitaciones que oscilan anualmente entre cinco mil y doce mil milímetros. Es la zona de más alta pluviosidad del país y una de las mayores del mundo. Su sistema de cuencas hidrográficas es rico y variado, el mar es plácido. Y, sin embargo, no hay agua potable. Muchos recuerdan los rostros de expresión de felicidad de los niños de Atrato cuando, en noviembre del 2015, el Gobierno Nacional inauguró el acueducto en el municipio. Para ellos, era casi magia comprobar que era posible abrir la llave y que saliera agua. Uno de los reclamos en el paro cívico de Buenaventura es tan vergonzoso como insólito para un país que espera entrar a la Ocde: aumentar el servicio de agua potable porque ahora es de una hora diaria. El 43 por ciento de la población de Buenaventura vive en zonas ganadas al océano, en casas palafíticas de madera, cuyos habitantes hacen sus necesidades directamente en el mar.

La muerte ronda agazapada entre la espesa selva del Pacífico. Así, por ejemplo, el 30 de enero mataron al reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro del consejo local de Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó. Cuatro hombres armados, vestidos con prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, lo sacaron de su casa ante la mirada impotente de sus familiares. Lo mataron a puñaladas. Era un sobreviviente del conflicto armado que después de la firma de la paz creyó que podría recuperar lo suyo. ¿Cómo resarcir a quienes sufrieron la guerra? Colosal tarea la que tiene el Estado en puntos como Buenaventura, en donde casi el 50 por ciento de la población, unas 180.000 personas, se reconoce como víctima del conflicto armado.

“El Eln es lo peor. Son despiadados con los más débiles”, dice un habitante de Quibdó. Pero ahora esta guerrilla se enfrenta con una fuerza ilegal cada vez más poderosa: el ‘clan del Golfo’. Con 300 hombres, esta organización paramilitar se da duro y sin tregua contra la guerrilla. ¿El motivo? El control territorial y los cultivos de coca, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. El ‘clan’ busca aumentar su músculo, por lo que ofrece a humildes afrodescendientes e indígenas un salario de un millón de pesos mensuales para ingresar a sus bandas. En la memoria de la gente aún están las ‘casas de pique’, donde desmembraban en su guerra con ‘La Empresa’ por el botín del microtráfico.

Los manglares, las ensenadas, los riachuelos y la selva del Pacífico forman un hábitat tan exuberante como propicio para el tráfico de drogas. De Nariño a Chocó, el litoral es un espacio donde la coca crece silvestre, pululan los laboratorios de los narcos y sirve de guarida para almacenarla y transportarla en grandes cantidades. Desde hace al menos un año, Tumaco, por ejemplo, es epicentro de una guerra por el control de las que hoy son las mayores extensiones de cultivos ilícitos en el país: 16.690 hectáreas sembradas de coca. Además, por allí pasa el 80 por ciento de la producción colombiana anual: 315 toneladas de cocaína. La plata, sin embargo, no se queda aquí. Al contrario, el DNP lo muestra como uno de los municipios más pobres del país. Los narcos no pagan impuestos ni contribuyen con el desarrollo. Dejan ríos de sangre y violencia.

ARMANDO NEIRA
Redacción Domingo