Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles se llevan a cabo en Cartagena las audiencias preliminares de imputación de cargos contra el curador urbano Número Uno de esa ciudad, Ronald Llamas Bustos, quien otorgó las licencias para la construcción del polémico proyecto de vivienda de interés social ‘Aquarela’, que se levantaba a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe, y que tiene en peligro la declaratoria patrimonial de la ciudad ante la Unesco.
A Llamas, la Fiscalía le imputará los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por acción.
Según las autoridades, Llamas autorizó al menos cinco licencias de construcción al polémico proyecto en una zona patrimonial así: la primera licencia fue otorgada bajo la Resolución 0595 del 28 de diciembre de 2015. La segunda, para la torre dos, a través de la Resolución 0486 del 23 de septiembre de 2016; luego firmó dos licencias más para las torres tres y cuatro bajo la Resolución 0611 del 2 de diciembre de 2016 y una más para la torre 5; además de un bloque de parqueaderos que avaló con la Resolución 0363 del 28 de julio de 2017.
Además de Llamas, al arquitecto del proyecto, Claudio Restrepo, y al representante legal de la constructora, Lucas Tamayo, también les fueron imputados los delitos de urbanización ilegal y daño en recursos naturales.
Cabe recordar que debido a este proyecto urbanístico está en peligro la declaratoria de Cartagena como patrimonio cultural de la humanidad, dada por el Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial de la Unesco en su octava sesión celebrada en Buenos Aires en noviembre de 1984.
El curador entregó la licencia sin el análisis riguroso para medir el impacto real que esta obra tendría en una zona de periferia histórica que convierte a Cartagena en Patrimonio de la Humanidad
“El curador entregó la licencia sin el análisis riguroso para medir el impacto real que esta obra tendría en una zona de periferia histórica que convierte a Cartagena en Patrimonio de la Humanidad; adicionalmente, emitió nueve licencias para la primera etapa sin la aprobación del Consejo Nacional de Monumentos, requisito indispensable para realizar obras en esta zona protegida”, dijo la vicefiscal general de la Nación, María P. Dueñas.
El representante legal del proyecto, Lucas Tamayo, es también gerente de la Constructora Calle 47 y fue capturado este martes en Medellín.
“El arquitecto Claudio Restrepo presuntamente diseñó los planos, tramitó y firmó toda la documentación para la realización del proyecto ‘Aquarela’. Este trabajo lo hizo ante entidades como la Curaduría Urbana Número 1, Corvivienda, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Planeación y demás entidades distritales involucradas en este proceso”, agregó la vicefiscal Dueñas.
Por ahora, la obra permanece sellada como resultado de una acción popular elevada por el Ministerio de Cultura.
La fiscal del caso argumentó que algunos beneficiarios de ‘Aquarela’ eran los mismos constructores, lo que, según el ente investigador “abiertamente quebrantó el espíritu de los programas de interés social de Gobierno Nacional que buscan dignificar las condiciones de vivienda de las personas de escasos recursos”.
El Tribunal Administrativo de Bolívar también había fallado contra el proyecto y expuso claros argumentos sobre las irregularidades de la obra, como, por ejemplo, que el nombre del barrio donde se levanta la polémica construcción (Torices) fue cambiado para facilitar la autorización de las torres.
JHON MONTAÑO
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARTAGENA
En Twitter: @PilotoDeCometas
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