Las movidas jurídicas para defender a Belén de Bajirá

Mañana es la fecha en la que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) publicará el nuevo mapa de Chocó en el cual harán parte Belén de Bajirá y tres corregimientos de Turbo (Antioquia): Blanquiceth, Nuevo Oriente y Macondo.

Anticipándose a la decisión, Antioquia ya inició su defensa jurídica para defender las 100.000 hectáreas que dice que perderá con la publicación del nuevo mapa.

Andrés Úsuga, abogado experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, explicó que Antioquia hizo todo lo que tenía que hacer jurídicamente para argumentar su defensa sobre Belén de Bajirá.

La primera acción fue una demanda de nulidad realizada por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, contra el acto administrativo que respalda la publicación del mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,

“No sé qué acto están demandando porque no ha salido, pero puedo decir que el Acto tiene una cantidad de vicios. Uno porque no lo pueden hacer pues no es competencia del Igac dirimir conflictos limítrofes. Dos, está viciado de ilegalidad porque viola la Ley y está viciado de Norma Superior porque la Constitución es superior jerárquicamente al Acto Administrativo que expedirá el Igac”, explicó Úsuga.

Lo que el gobernador Pérez busca con esta primera acción, prosiguió el abogado, es que el Consejo de Estado, en su Sección Primera, decrete nulo lo pactado entre el Gobierno y los promotores del paro cívico en Chocó.

Lo importante de esta acción, para Úsuga, es que “cuando se presenta una denuncia por nulidad contra acto administrativo, también presenta de manera anexa en un escrito, una medida cautelar, que busca que se suspendan los efectos del acto administrativo mientras se toma una decisión de fondo”.

Es decir, que el mapa que se expida no tenga validez mientras el Consejo de Estado decida su fallo.

Según Luis Pérez, hay otra consecuencia para Antioquia en caso de perder de Belén de Bajirá. “De perder ese territorio, Mutatá ya no podrá ser municipio de Antioquia por no contar con el mínimo de población que exige la Ley. Además, que los predios en la zona, que pertenecen a Antioquia, quedarían congelados por tres a cinco años, hasta que una entidad responsable haga un nuevo levantamiento predial, porque es Antioquia la que ha realizado este tipo de trabajo”.

De otro lado, la Asamblea Departamental instauró el pasado jueves en los Tribunales Administrativos de Medellín, un Acto de Cumplimiento para que, precisamente, se cumpla la Ley de Ordenamiento Territorial (LOT), no solo porque sigue vigente la Ordenanza 047 de 1975 que pone a Belén de Bajirá como corregimiento de Mutatá, sino porque “la definición de límites entre dos entidades territoriales no la hace el Igac, sino el Senado de la República a través de una Comisión Especial de Límites”, explicó Úsuga.

Sobre la acción, Juan Esteban Villegas, diputado departamental, explicó que busca que se ratifique la validez jurídica de dicha ordenanza, pues sigue vigente.

“Es una acción más que corrobora que la argumentación prolija para defender no solo a Belén de Bajirá, sino a los tres corregimientos de Turbo: Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente. Dependiendo de lo que suceda este lunes, estaremos discutiendo dentro de la Asamblea qué otras acciones tomar, como ir a los Estrados Judiciales, acudir a la Comisión Primera del Consejo de Estado para hacer una demanda formal. Hay muchas acciones legales”, explicó Villegas.

De hecho, mañana, la Duma sesionará en Belén de Bajirá para escuchar a la comunidad.

Sobre la nombrada Ordenanza 047 de 1975, Fredy Lloreda, asesor jurídico de Chocó, explicó que no la demandaron porque no afectaba los límites.

“En el momento que se creó la Ordenanza el territorio no estaba georreferenciado. Como no afectaba los límites no vimos la necesidad de demandarla”, explicó Lloreda.

Por su parte, Julio César Ortiz, uno de los abogados del departamento chocoano, no se mostró sorprendido por la demanda interpuesta por el Gobernador.

“Los límites legales del Departamento del Chocó no dependen de ningún Acto Administrativo ni político con el que se acuerde la terminación de un paro social en ejercicio del derecho constitucional a la protesta. El departamento se defenderá ante los tribunales con sus abogados”, dijo el abogado.

Desde el Comité del Paro Cívico, advirtieron que la publicación del mapa es la “prueba de fuego” para constatar el cumplimiento del Gobierno Nacional en los acuerdos del paro cívico que inició el 10 de mayo y se suspendió el 28 de ese mes.“De no cumplir, nos declararemos automáticamente en paro departamental para seguir reclamando el respeto a nuestra dignidad y el cumplimiento a los acuerdo pactados”, manifestó Dilon Martínez, secretario Ejecutivo del Comité.

David Alejandro Mercado Pérez
Redactor de EL TIEMPO
davmer@eltiempo.com