Las heridas abiertas que aún quedan de las tomas de Mitú y Puerto Rico

Las heridas abiertas que aún quedan de las tomas de Mitú y Puerto Rico

Familiares de policías narraron sus historias en la audiencia contra 14 excombatientes de las Farc.

Las heridas abiertas que aún quedan de las tomas de Mitú y Puerto Rico

Stella Peña muestra la pintura de su hijo Hernán Darío Dinas Peña, uno de los policías que nunca aparecieron tras la toma de Mitú.

Foto:

Óscar Fabián Bernal

Por: Nelson Ardila Arias
08 de septiembre 2018 , 06:40 p.m.

Las madres de los cinco policías desaparecidos en la toma de Mitú, ocurrida hace 20 años, apenas se acaban de enterar que sus hijos murieron calcinados por las explosiones de los cilindros bomba que lanzaron los guerrilleros de las Farc y por eso nunca les entregaron los cuerpos.

Y la madre de un niño de 11 años recordó que por la intensidad de los combates en Puerto Rico, Meta, “desayunábamos tinto de plomo y plato de comida de plomo” y que hoy sigue acompañando de cerca a su joven hijo, que no se puede valer por sí solo porque sufre de esquizofrenia.

Estas son algunas de las conmovedoras historias de las víctimas de las tomas guerrilleras a Mitú, Vaupés, el 1.° de noviembre de 1998, y Puerto Rico, los días 10, 11 y 12 de julio de 1999, que se escucharon el miércoles y el jueves de esta semana, en Villavicencio, durante las audiencias de incidente de reparación en desarrollo del proceso de Justicia y Paz que se sigue contra 14 guerrilleros desmovilizados.

Esos excombatientes, que pertenecieron al bloque Oriental de las Farc, participaron de las más violentas acciones que adelantó esa guerrilla en el suroriente del país.

Este proceso tiene origen en la Ley 975, que creó la jurisdicción de Justicia y Paz, tras la desmovilización de las autodefensas y que también acogió a otros grupos armados ilegales. Por las Farc se habían acogido 186 integrantes a esta jurisdicción, pero 172 se trasladaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre ellos Elí Mejía, ‘el carcelero de las Farc’.

Stella Peña, madre de Hernán Darío Dinas Peña, que tenía 19 años cuando ocurrió el ataque a sangre y fuego a Mitú, sostuvo que apenas ahora se viene a enterar de que su hijo, a quien siempre dieron por desaparecido, junto a otros cuatro integrantes de la Policía, murieron calcinados por los cilindros bomba que lanzaron los hombres del ‘Mono Jojoy’, entonces jefe del bloque Oriental. ‘Jojoy’ sitió el pueblo con 1.900 de sus hombres y se estima que por lo menos fueron lanzados 300 cilindros bomba, que dejaron el 50 por ciento de la población en ruinas.

“A nosotros no nos entregaron cuerpos, siempre nos dijeron que habían desaparecido, y ahora en la audiencia nos dicen que ellos quedaron calcinados y que no quedó nada de ellos”, expresa Stella.

Ella asegura que a las cinco madres la Policía les dio una indemnización y una pensión, pero no más. Por eso hoy reclaman que se haga un acto simbólico de reparación, porque no quieren un entierro con cofres y con las fotos de sus hijos. “Deseamos algo diferente”, insiste.

A nosotros no nos entregaron cuerpos, siempre nos dijeron que habían desaparecido, y ahora en la audiencia nos dicen que ellos quedaron calcinados

La toma de Puerto Rico

Desde la vereda El Darién, en Puerto Rico, municipio ubicado en el sur del Meta, María Ruth Herrera soportó las explosiones de los cilindros y el traqueteo de los fusiles de los 200 guerrilleros que aproximadamente atacaron el puesto de Policía, que ese día era defendido por 33 uniformados que se atrincheraron entre sacos de arena y muros que protegían la construcción.

Ella recuerda que escondida en su casa soportó con toda su familia las múltiples explosiones del ataque guerrillero. Para ese momento su hijo apenas tenía once años de edad. Pero después, cuando creció, el joven prestó el servicio militar y de allí “me lo devolvieron con problemas de esquizofrenia”.

“Él hoy no se puede valer por sí sólo”, asegura María Ruth, quien luego explica que su hijo siempre tiene que estar acompañado de su madre. La mujer es una desplazada de la toma de Puerto Rico que hoy pide a gritos atención para ella y especialmente para su hijo.

John Sneider Pineda Quintero recuerda que estaba cursando el octavo grado de bachillerato y que debió refugiarse en el río Ariari, mientras pasaban los combates. Tres días después, cuando regresaron, la casa estaba destruida. Él y su familia salieron desplazados para Cartago, Valle del Cauca, y al cabo de tres años regresaron al Meta, a Puerto Rico, pero ya la vivienda tenía otro dueño.

El personero de Puerto Rico, Juan Carlos Camacho, cuenta que hay infinidad de historias y de víctimas, entre ellas personas con discapacidad, que son revictimizadas por las instituciones, y esa es una de las circunstancias más dolorosas que están viviendo en su población.

Camacho puso como ejemplo que a una madre de familia la Unidad de Víctimas le envió una citación para que se presentara en Villavicencio, y que para hacerlo la mujer debió sacar un préstamo y soportó más de cuatro horas de viaje en un bus, que es lo que se gasta en la actualidad un vehículo para hacer el recorrido entre Puerto Rico y la capital del Meta. Pero para su sorpresa, cuando llegó a la oficina de la Unidad, se enteró de que era para notificarla de que no le iban a entregar más la asistencia humanitaria.

Un funcionario de la entidad le dijo a EL TIEMPO que esas son algunas de las dificultades de carácter estructural que tiene la política de atención a víctimas y que hacen parte del diagnóstico que están adelantando del proceso para mejorarlo, y que también tiene relación con la falta de recursos para reparar a todas las víctimas.

Esas circunstancias no tiene que ver con este proceso en el que las víctimas expresaron sus expectativas de reparación integral, que van a ser valoradas por los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz, organismo que finalmente debe establecer una condena hasta de ocho años de prisión para los excombatientes de las Farc postulados.

Además podrá determinar medidas de reparación que van más allá de la indemnización y que pueden ser de carácter simbólico, de restitución de derechos y de garantías de no repetición.

NELSON ARDILA ARIAS
Corresponsal de EL TIEMPO - Villavicencio @nelard1

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