Dentro del plan de las autoridades para esclarecer las causas que motivaron a un grupo de colombianos a emprender una travesía hacia territorio ecuatoriano, pero que terminó en tragedia, EL TIEMPO entrevistó a José Luis Acevedo, quien aparece en el Registro Único de Transporte como el propietario del bus de placas USA 251 en el que viajaban las más de 20 personas que resultaron muertas en el accidente, y afirmó que el autobús fue vendido en noviembre pasado a un hombre en Cali.
“No se ha hecho el traspaso porque el señor no me ha terminado de pagar. Ya le había notificado en más de una ocasión que se lo iba a retener porque no hacía caso; desafortunadamente hubo este accidente”, explicó Acevedo.
Al mismo tiempo, la Superintendencia de Puertos y Transporte informó que abrió una investigación en contra de la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente por la presunta prestación de un servicio de transporte no autorizado y por no contar con los documentos necesarios para realizar un servicio internacional.
De acuerdo con la información que Ecuador le envió al Ministerio de Transporte de Colombia, el vehículo portaba un contrato expedido por la empresa en mención firmado el 10 de agosto en Bucaramanga, suscrito entre Gino de Jesús Moreno, quien aparece como representante legal de la empresa en dicho documento, y Claudia Ximena Orozco Córdoba, persona que según esto acordó el viaje por un valor de 9 millones de pesos y con la siguiente ruta específica: Neiva-Pitalito-Mocoa-Villa Garzón-La Hormiga-San Miguel-Ecuador-Lago Agrio y viceversa.
Ante las acusaciones, Alberto Ramírez Maldonado, actual gerente de la compañía, y quien aparece registrado en Cámara de Comercio, explicó que el vehículo se encontraba en proceso de desvinculación de la empresa desde diciembre del año pasado y que desconocen cómo fue despachado de las terminales debido a que “el formato único de estrato del contrato (Fuec) aparece expedido en Bucaramanga y la sede de la empresa es en Cúcuta”.
Ramírez Maldonado, al no ser el firmante del contrato de transporte que portaba el vehículo en el momento del accidente, certificó que ese documento no fue expedido por él y señaló que quien firmó fue un exgerente de la empresa, “lo cual demuestra el fraude en la documentación”.
También se logró establecer que el vehículo cuenta con Soat vigente y la revisión técnico-mecánica al día, lo que contrasta con la posible hipótesis de las autoridades de Ecuador, quienes presumen fallas mecánicas como causa del accidente.
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