Cada vez que Sandra Vega, víctima de la violencia oriunda de Gigante (Huila), visita al médico, de inmediato le preguntan si es militar o policía y a cuántas tomas guerrilleras ha sobrevivido.
El interrogante surge porque Sandra, de 41 años, que hoy vive en Campoalegre, tiene al menos 20 esquirlas regadas en todo el lado derecho de su cuerpo. La primera es visible en su cuello, pero hay más en los brazos, espalda, pierna derecha e incluso una avanza hacia la pelvis.
Las cicatrices se las dejó la toma sangrienta con bombas y cilindros que realizaron las Farc el 3 de diciembre de 1999 en Gigante, población a dos horas de Neiva, donde las bombas también mataron a los ciudadanos Mery Cajiao y su hija de 14 años, a Constantino Motta y Ricardo Valenzuela. Además, 25 casas resultaron destruidas.
Esa noche, Sandra buscó protección debajo de su cama, con tan mala suerte que una granada explotó en la vivienda y a partir de ahí no supo nada. Llena de heridas, despertó en la camilla de un centro médico.
Ella es tan solo una de las 189.309 víctimas de la violencia que por años ha sacudido al Huila y de ese número, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, casi 170.000 (81 por ciento) han sufrido los rigores del conflicto por desplazamiento forzado. Otras 1.425 personas han sufrido los horrores de los actos terroristas, 22.153 por homicidio y 2.683 por desaparición forzada.
En medio de tanto infortunio, Sandra es una mujer tranquila que sonríe en todo momento y defiende a capa y espada el proceso de negociación con las Farc en La Habana (Cuba).
A diario, la gente le dice: “La guerrilla te jodió de por vida”, pero ella les contesta que apoya sin vacilación los diálogos porque ya perdonó el daño causado y, además, “porque esta guerra no va a ser eterna”.
Lejos de ahí, en Algeciras, uno de los municipios del Huila más azotados por el conflicto, Sandra Esquivel, madre de 5 hijos, se gana la vida recolectando café y en medio de las labores recuerda que perdió a su esposo, Walter Lugo Olaya, en el 2002. Para rematar, hace dos años la guerrilla asesinó a su hija Alejandra Esquivel, quien “murió por ser amiga de los policías y militares, y eso la guerrilla dizque no lo perdona”. (Leer también: 'Pedimos nos perdonen': Farc a víctimas de Bojayá)
El dolor es notorio en su rostro. Asegura que, pese a todo, le sigue metiendo la ficha al proceso de paz.
“Los que hemos vivido la guerra en carne propia sí valoramos la paz; yo sueño con que algún día pueda vivir tranquila”, dice Sandra Esquivel, quien considera que tanto ricos como pobres, “tenemos derecho a la tranquilidad”.
La mujer dice que desde el momento en que las Farc y el Gobierno iniciaron los diálogos, “pudimos volver a trabajar tranquilos” y se redujeron los riesgos de que “las minas nos dejen sin patas”.
Años de asedioDe la crueldad del conflicto en Huila también da testimonio Delimiro Moreno, un periodista de vieja data quien acude a sus apuntes y señala que solo entre el 2002 y 2006 fueron asesinados 13 dirigentes políticos, entre los que figuran los concejales del municipio de Rivera, masacrados por la columna móvil Teófilo Forero. A todo esto se suma que, en ese lapso, el departamento fue sacudido por 178 secuestros, de los cuales 62 sucedieron en Neiva y 18 en Pitalito.
“La memoria histórica habla de 23 masacres entre 1980 y el 2012, ejecutadas por diversos grupos armados”, afirma el periodista.
Su posición la comparte el gobernador del Huila, Carlos Julio González, quien afirma que “las tomas guerrilleras, así como los secuestros, extorsiones y asesinatos, eran el pan de cada día, con largos años de zozobra y miedo”.
Uno de los tantos actos a los que se refiere el Gobernador es el asalto al lujoso edificio Torre Miraflores, el 26 de julio del 2001, cuando la columna Teófilo Forero secuestró a 18 personas, entre ellas la excongresista Gloria Polanco y sus hijos Juan Sebastián y Jaime Felipe Lozada, actual congresista.
Jaime Felipe prefiere no recordar esos momentos, pero afirma que el departamento ha vivido cientos de hechos atroces, “por lo que uno esperaría que los autores reciban su castigo”.
Sin que Neiva se recuperara de ese múltiple secuestro, dos años después la columna Teófilo Forero reapareció y explotó una casabomba en el barrio Villa Magdalena, que dejó 18 personas muertas, entre ellas la fiscal Segunda Especializada, Cecilia Giraldo, 9 policías y un oficial. Otros 61 civiles sufrieron heridas y por la explosión quedaron destruidas 40 casas.
Las Farc llenaron con explosivos una casa de este sector de estrato 2, vecino del aeropuerto Benito Salas, por donde sobrevolaría ese día el avión con el entonces presidente Álvaro Uribe. Cuando miembros de la Policía realizaban un operativo en el lugar, la casabomba estalló.
Jáder Cerquera, que aún no se repone del pánico de ese estallido, recuerda que su esposa perdió a una sobrina de 14 años y cuenta que a punta de trabajo levantó de nuevo su casa.
“Yo no quiero hablar de paz, lo único que pido es que me ayuden con algo, al menos con algo”, señaló Cerquera, mientras que su vecina Edith Borrero pide una paz verdadera. “Todos queremos una paz transparente, sin trampas, que no esconda nada debajo de la mesa de negociaciones para luego ser utilizado en contra del país”, dijo.
Señalando con la mano derecha el hueco o el espacio que dejó el estallido de la bomba ese día, la mujer de 60 años afirma que no tiene odio, pero “sí quisiera preguntarles a las Farc: ¿por qué explotaron esa bomba a sabiendas de que aquí vivíamos cientos de hombres y mujeres humildes?”.
La estigmatización del barrio Villa Magdalena es tal que cuando se pide un taxi, la mejor orientación para el conductor es decirle que lo lleve a ‘Villabomba’. (Leer también: El 2 de octubre se destruirá material bélico de las Farc en Caquetá)
Anhelos de reparaciónEn Campoalegre, un municipio a media hora de Neiva, José Iván Carvajal, sobrino de Luis Antonio Mota, alcalde asesinado el 18 de octubre del 2002, no olvida que en un abrir y cerrar de ojos la guerrilla mató en la vereda El Esmero a su tío y a su hermano Jhon Jairo Carvajal, así como a los concejales Joaquín Perdomo Rojas y Jorge Silva Andrade.
“Yo quisiera tener a los negociadores de frente para pedirles una respuesta por estos crímenes”, dice José Iván, quien pese a todo tiene confianza en el proceso de paz, pero pide que los negociadores comprendan el daño causado al país.
“Tenemos mucho dolor, pero es más grande la fe y la esperanza de que esta pesadilla de la violencia acabe”, señala José Iván.
Sara Osorio, que llegó a Neiva desplazada de Gigante por amenazas contra la vida de un hijo militar, mantiene viva la esperanza de recuperar su finca, que ‘regaló’ en 8 millones cuando su precio era muy superior, pues en el afán de salir, dejó 60 gallinas ponedoras, vacas, cerdos, una casa grande y cultivos de café.
“Por la angustia, sufro de depresión y los dientes se me han caído uno a uno”, contó la señora de 68 años.
Doña Sara, que llora constantemente, quiere el fin de la guerra y considera importante que los millones de desplazados regresen al campo. “Deberían facilitar las condiciones para el regreso a nuestras parcelas”, dijo la mujer, y la misma petición presentó José Eustacio Vargas, un desplazado que también abandonó su finca en Páez (Cauca) para huir de las amenazas del sexto frente de las Farc.
El campesino llegó a Neiva hace 27 años buscando tranquilidad y encontró un polvorín semejante o peor al del Cauca, pero reconoce que en los últimos años la situación ha mejorado. “Hoy vivimos mucho más tranquilos que antes”.
Para él, la fecha de la firma es lo de menos, pues se iba a dar tarde o temprano, y asegura que lo importante es que “Colombia tenga una paz de verdad, sincera, y que todo lo pactado se cumpla al pie de la letra”.
En Rivera, municipio turístico cercano a Neiva, no ha sido difícil olvidar la masacre de nueve concejales por parte de la columna móvil Teófilo Forero, que los atacó a bala en el restaurante Los Gabrieles. Aquí no se respira un ambiente positivo frente a los diálogos de La Habana.
“Ha sido muy difícil perdonar a quienes cometieron esa masacre; mi hijo, por ejemplo, quedó sin padre y a mí me destruyeron la vida”, afirmó Orfidia Fuentes, esposa del concejal Moisés Ortiz.
Pese a todo, narra que cuando su hijo de 17 años la ve llorando, “me pide que olvide y perdone”, pero se queja porque “ni siquiera las autoridades me han reconocido como víctima”.
Edelmira Lozada, madre del concejal Jaime Andrés Perdomo, cree que esa acción violenta desdibujó la buena imagen de Rivera y, a cambio, pide inversión social.
“Rivera ni siquiera cuenta con terminal de transportes; tampoco existe recreación ni bibliotecas. Yo creo que la mejor paz es la inversión en vivienda y salud”, dijo Lozada, mientras que Gloria Aguirre, esposa del concejal Desiderio Suárez, afirmó que las víctimas necesitan empleo y ayudas económicas para proyectos productivos.
“Exigimos que Rivera sea incluido en la lista de municipios laboratorios de paz”, dijo Gloria Aguirre.
Martha Jiménez, quien preside la mesa de víctimas de Algeciras, ve un posconflicto positivo si todos aprenden a convivir con los excombatientes, pero esa es una etapa complicada que merece preparación “porque en el Huila hay miles de corazones heridos”. (Leer también: 'Hoy no sentí lo que antes sentía con los señores de las Farc')
En un municipio con 400 kilómetros de vías terciarias en mal estado y 1.800 familias sin unidades sanitarias, no es fácil hablar de pacificación, por lo que Amín Marín, presidente del Concejo, exige paz, “pero que nos llegue con obras y mucha inversión social”.
En el municipio de Baraya tampoco olvidan los años oscuros del conflicto, y la representante de las víctimas, Elizabeth Vargas, asegura que “aún con familiares muertos, tenemos esperanza en la paz”.
Entre tanto, Holman Medina, un guerrillero desmovilizado que trabaja con víctimas, cree que “ya era hora que pararan esta guerra”. Él considera que, por ser los que han perdido tierras, hijos y familia, “lo justo sería una mayor consideración para las víctimas”.
“Todos merecen reparación integral, psicológica y económica por el daño irreparable”, afirma Medina.
FABIO ARENAS JAIMES
Enviado Especial de EL TIEMPO
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