La tragedia que ocasionó el desplome de una parte de la estructura del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, el 19 de agosto pasado, y que dejó 4 obreros muertos y 10 heridos, comenzó a tomar nuevo rumbo con la denuncia penal contra el Consorcio Estadio 2014, el contratista del proyecto.
La denuncia penal por homicidio culposo y lesiones personales culposas, que también cobija a la interventoría y al exalcalde Pedro Hernán Suárez, fue radicada en la Fiscalía por el abogado Hugo Tovar, con el respaldo de 80 ciudadanos.
“Fue una tragedia anunciada, pues el año pasado se presentaron dos eventos por fallas en la estructura en las obras de remodelación de la tribuna occidental”, dijo Tovar, para quien “siendo previsible el colapso, nadie hizo nada”.
A todo esto se suma que el Ministerio del Trabajo había hecho reparos en materia de seguridad laboral. Incluso, en mayo del año pasado le impuso una multa de 100 salarios mínimos (69 millones de pesos) al consorcio, al que le fue adjudicada la obra por un costo inicial de 20.000 millones de pesos, pero por adiciones y tres prórrogas su valor subió 8.000 millones más.
“La investigación del año pasado determinó que, en su momento, se operaba sin contar con puntos de anclaje, líneas de vida, coordinador de alturas ni elementos de protección como arneses”, afirmó Xinia Navarro, funcionaria de la dirección de investigación, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. Agregó que tampoco se contaba con un coordinador de alturas certificado.
Las cosas no comenzaron bien, porque el 12 de agosto del año pasado –siete meses después de haber iniciado la remodelación de la tribuna occidental– se ordenó la paralización del trabajo en alturas con cierre del estadio, y 7 días después se levantó esa suspensión.
A todo esto se suma que una auditoría de la Contraloría advirtió que por las fallas en la planeación no se hizo un análisis preciso de las cantidades de obras necesarias, siendo evidentes demoliciones con retiro de elementos y estructuras. Así mismo, un informe de Planeación Nacional señaló que las obras habían sido declaradas en “estado crítico y de peligro inminente”.
Álvaro Vélez, presidente de la compañía de seguros Positiva, dijo que los obreros contaban con afiliación a riesgos laborales y señaló que los pagos por parte del consorcio estaban al día.
En todo caso, el alcalde Rodrigo Lara Sánchez advirtió que “la obra estará suspendida hasta que haya claridad de lo ocurrido”.
Al cierre de la edición, ni el consorcio ni el exalcalde Suárez se habían pronunciado sobre los hechos denunciados.
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