Proponen seguridad colectiva para líderes sociales de Córdoba

Proponen seguridad colectiva para líderes sociales de Córdoba

Brindarían esquemas de seguridad colectiva a quienes ejercen liderazgo comunitario.

Quienes más sufren el flagelo de la violencia son los líderes sociales como presidentes de juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y representantes de organizaciones comunitarias.

Quienes más sufren el flagelo de la violencia son los líderes sociales como presidentes de juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras.

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archivo particular

Por: Gudilfredo Avendaño Méndez
12 de agosto 2019 , 09:33 a.m.

En el departamento de Córdoba proponen 'Esquemas Colectivos de Protección' para reducir los riesgos que viven a diario los  líderes sociales, campesinos voceros comunales y población civil que sufre por la presión armada ilegal en distintas subregiones.

La gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, dijo que la propuesta contiene una seria de procedimientos que involucra a las personas afectadas, a las autoridades locales y a la comunidad cercana a las víctimas.

La mandataria dijo que la propuesta se la presentarán al presidente Iván Duque, con el que se reunirán varios alcaldes y gobernadores de Córdoba y Antioquia el próximo 15 de agosto en el municipio de Caucasia.

"La idea es darle aplicación al decreto nacional que establece la construcción de esos esquemas de seguridad de la mano de los habitantes y líderes de la región", dijo Sandra Devia.

También se establece que los alcaldes y gobernadores tendrán un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad de estos defensores.

"Buscamos tener nuevos protocolos para estar en permanente contacto con las autoridades en caso de situaciones de riesgo", agregó.

Del mismo modo se adelantarán procesos de capacitación con líderes de la región en temas como la auto-protección y se implementarán medidas arquitectónicas para mejorar en el entorno las condiciones de seguridad.

Así mismo, señaló la mandataria que se viene trabajando articuladamente con la fundación social Cordobexia, que agrupa a la gran mayoría de líderes sociales del departamento, para evaluar otro tipo de medidas complementarias que contribuyan a la seguridad de los líderes sociales.

El año pasado la tasa de homicidios de líderes sociales más alta de la Región Caribe la puso Córdoba con 7 asesinatos ocurridos, según un informe del Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del Caribe (Cepsca) e Indepaz.

El año pasado la tasa de homicidios de líderes sociales más alta de la Región Caribe la puso Córdoba con 7 asesinatos.

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archivo particular

Piden más protección

Andrés Chica Durango, presidente de Cordobexia y uno de los líderes sociales más amenazados de Córdoba, y quien recientemente tuvo que salir del departamento bajos un rigoroso esquema de
seguridad, dijo que pese a los riesgos y los anuncios de estrategias de protección, los defensores de derechos humanos y campesinos siguen con alto nivel de riesgo.

Las críticas las lanzó en contra del Ejército y en especial de la Fuerza de Tarea Aquiles, que tiene bajos su responsabilidad la seguridad de los municipios del sur de Córdoba como San José de Uré, donde el pasado 9 de agosto fue asesinado el campesino Juan Luna Álvarez y su casa incinerada.Las cifras que entrega Andrés Chica, confirman que este es el campesino número 36 que durante el 2019 ha sido asesinado en Córdoba, de los cuales, 7 desempeñaban labores de liderazgo social.

Buscamos tener nuevos protocolos para estar en permanente contacto con las autoridades en caso de situaciones de riesgo

La gobernadora Sandra Devia, también lamentó el hecho y pidió a las autoridades esclarecer prontamente el crimen.

Quienes más sufren el flagelo de la violencia son los líderes sociales como presidentes de juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y representantes de organizaciones comunitarias.

Son perseguidos por las organizaciones ilegales como Caparrapos, Clan del Golfo, disidencias de las Farc y ELN que libran una guerra sin cuartel por apropiarse del poderío y control del negocio de cultivo y procesamiento de coca.

Esta confrontación ha originado las amenazas en contra de los líderes y voceros de las comunidades y en siete de estos casos terminaron con la muerte de las víctimas. De igual forma, ha producido el desplazamiento de cientos de personas a cabeceras municipales.

El hecho que despertó la solidaridad de la sociedad colombiana y la comunidad internacional fue la muerte de María del Pilar Hurtado, una mujer que fue atacada a tiros el pasado 21 de marzo en una calle del municipio de Tierralta, mientras caminaba con su hijo, un menor de 12 años.


 
Gudilfredo Avendaño Méndez
Especial Para EL TIEMPO
Montería
En Twitter: @GudilfredoAv

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