Familiares de la lideresa wayuu Aura Esther García Peñalver aseguran que su muerte no se trata de una disputa interclanil.
Fue asesinada este miércoles por dos sujetos motorizados que la emboscaron cuando regresaba junto con su esposo a la comunidad indígena de Arronshy, de la cual era autoridad tradicional.
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Denuncian la existencia en el territorio de un grupo que hace que las comunidades peleen entre sí para tejer una cortina de humo y decir que se trata de un conflicto étnico. Además, que en este tipo de conflictos, la mujer wayuu no se toca.
“Hay una denuncia porque estos hechos, que parecen conflictos interclaniles y los hacen parecer así, tienen un trasfondo que ameritan una investigación profunda, por eso este caso se ha llevado hasta instancias internacionales como la ONU”, indicó un familiar de la lideresa que pidió reservar su identidad.
Explica que hay un grupo de personas que ha querido controlar un sector de La Guajira, por donde van a pasar los proyectos de energía renovables, lo cual se traduce en “si yo tengo el cacicazgo, tengo el control y una facilidad de tener más recursos. Con ese pensamiento lo hacen”, dijo.
Aseguran desconocer quiénes están detrás de estos grupos, que tienen entre sus filas indígenas wayuu y alijunas (no indígenas), los que le permite tener un control territorial no solo de una comunidad, sino de una zona apetecida con proyectos de energía eólica.
Hay muchas personas que han querido colocar una cortina de humo diciendo que es una guerra interclanil
“Hay muchas personas que han querido colocar una cortina de humo diciendo que es una guerra interclanil, cuando en los territorios indígenas hay presencia de grupos que han venido controlando este tipo de situaciones, por eso la amenaza de ella”, sostiene el familiar.
La presencia de estos grupos había sido denunciada por García desde el pasado 14 de diciembre, cuando decidió iniciar un proceso a través de la justicia ordinaria. Su comunidad hace parte del corregimiento El Cardón, en zona rural de Uribia.
Por esta razón, sus familiares decidieron trasladar su cuerpo hasta Maicao y esperar el dictamen de medicina legal, para dar con los responsables de estos hechos y hacer justicia por su muerte.
La lideresa estaba iniciando un proceso de transparencia, porque no quería que se siguieran registrando más muertes en su territorio. Desde el 2018, han sido asesinados ocho de sus familiares.
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A través de la organización Gobierno Mayor, que agrupa a las Autoridades Tradicionales Indígenas del país, había denunciando la presencia de grupos que han venido apoyando a comunidades para que se peleen unos con otros.
Familiares sostienen que el 15 de marzo la líder hizo un comunicado y solicitó una medida de protección, porque estaba recibiendo nuevamente amenazas en su contra a través de llamadas, mensajes de textos y de terceros.
Esta solicitud de protección se hizo ante la Unidad Nacional de Protección y ante la Fiscalía en Bogotá, la cual no fue atendida.
Eliana Mejía
Especial para EL TIEMPO
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