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La gravedad de ver a civiles armados que disparan a plena luz del día
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Control en el sur de Cali tras los enfrentamientos entre indígenas y civilesTranquilidad en el sur de Cali tras los enfrentamientos el día de ayer entre la comunidad del sector y la minga, donde 10 indígenas resultaron heridos y dos vehículos quemados.
Balas quedan de disparos. Desde el jueves, la población habla de una camioneta.

Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La gravedad de ver a civiles armados que disparan a plena luz del día

El uso de armas de fuego contra la minga en Cali es un hecho alarmante y abre el debate. 

La imagen es nítida. Al paso de un bus escalera repleto de miembros de la minga indígena –que iban rumbo a Cali–, un grupo de ciudadanos les salen al paso gritando “fuera, fuera”. De pronto, uno de ellos, de camisa blanca, saca una pistola y les dispara a los ocupantes de la chiva.

Otro video grabó a un conductor de una camioneta particular accionando su arma para evitar que los mingueros siguieran avanzando hacia los conjuntos residenciales, que estaban siendo atacados a piedra. En una calle contigua, en medio del caos de esa jornada, varios hombres de camiseta blanca disparaban y corrían al lado de algunos uniformados que ni siquiera se inmutan por el hecho.

Decenas de videos y fotos están siendo analizados por autoridades para identificar a los responsables de que, el domingo pasado, al menos 10 miembros de la minga resultaran heridos, incluida Daniela Soto, quien recibió dos balazos en el abdomen.

Alcalde Jorge Iván Ospina.

Foto:

Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Los graves eventos, paralelos a la protesta social pacífica, agitaron de inmediato el debate sobre la tenencia y porte de armas por parte de civiles. Y aunque la mayoría de las voces, como la del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, expresaron su más enérgica condena a lo sucedido y han exigido una pronta investigación y actuación judicial contra los responsables, también hay quienes están usando los hechos de violencia en Cali, y otras partes del país, para impulsar una iniciativa que permita la tenencia y porte de armas a civiles de forma permanente, en aras de garantizar su derecho a la ‘legítima defensa’. De hecho, desde marzo pasado, los congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés (Centro Democrático) radicaron un proyecto de ley que busca eliminar la figura del llamado porte especial de armas –creada en 2016–, que suspende los permisos para el porte.

(En contexto: Violentos choques en Cali dejan heridos de bala y caos)

Garcés dice que la idea no es armar a todos los colombianos, sino fortalecer el monopolio sobre las armas: “De cerca de 400.000 licencias para porte que había en 2016, pasamos a 6.000; mientras tanto, 2,5 millones de armas ilegales circulan por el país y son usadas en la gran mayoría de los delitos”. Además, dicen que lo que se busca es que se garanticen, de manera efectiva, los derechos y los bienes jurídicos que pudieran verse amenazados ante un ataque inminente, lo cual se conoce en materia penal como el derecho a la legítima defensa.

“Esto no es Dinamarca, no es Europa. Es Suramérica y Colombia, con unos niveles de criminalidad que han ido en incremento”, dice el general (r) Jaime Lasprilla, excomandante del Ejército.

Esto no es Dinamarca, no es Europa. Es Suramérica y Colombia, con unos niveles de criminalidad que han ido en incremento

Y agrega: “Los delitos contra la seguridad ciudadana han ido aumentando; creo que es un deber de los gobiernos locales tratar de facilitar que los ciudadanos de bien, las personas responsables, tengan por lo menos un elemento para su defensa personal”.

Sin embargo, los expertos en seguridad advierten que hay estudios y evidencias claras en el sentido de que tener más armas en las calles no se traduce en mayor seguridad. Por el contrario, según Néstor Rosanía, del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, la tenencia y porte de armas aumenta el factor de riesgo de lesiones personales y de homicidios: “En Colombia hay más casos de homicidio por intolerancia que por el conflicto armado. Ceder o compartir el monopolio de las armas por parte del Estado es una clara muestra de debilidad”, subraya.

Para Daniel Mejía, profesor de Economía de los Andes y exsecretario de Seguridad de Bogotá, la idea de tener más civiles armados es un despropósito: “A la gente de bien se le puede ir la mano. La evidencia empírica demuestra que la liberación en la tenencia y el porte pueden disparar el crimen violento, los feminicidios, la violencia intrafamiliar... Por eso, es necesario seguir con las restricciones existentes”.

Presencia militar en Cali

Foto:

Juan Pablo Rueda

Rosanía y Mejía también coinciden en que el desarme de la Policía –que algunos vienen proponiendo– es una muy mala idea, en vista de los niveles de violencia que se registran en varias regiones del país. “En casos como el de Cali, hay diferentes actores, como los combos del distrito de Aguablanca, que permiten hablar ya de un crimen organizado. Y este debe ser enfrentado con proporcionalidad de fuerza”, dice Rosanía.
Y Mejía agrega que, además, desarmar a la Policía llevaría de inmediato a que los civiles opten por armarse al sentirse aún más indefensos frente al crimen organizado.

Las cifras de Cali, reportadas por el Comité Interinstitucional de Muertes por Causas Externas (Cimce), señalan que si bien en 2020 se registró la tasa de homicidios más baja en 32 años, alcanzando 48,1 casos por cada 100.000 habitantes, las armas de fuego fueron usadas en el 83 por ciento de los 1.083 homicidios cometidos. Y la Fiscalía señala que el 40 por ciento estaría relacionado con hechos distintos del sicariato.

(Lea también:Habla joven arrollado por tanqueta del Esmad; podría perder un ojo)

Nadie sabe con precisión cuántas son las armas ilegales que circulan en Cali, según admite el secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, Carlos Alberto Rojas. Pero expertos de la Fiscalía hablan de que, por lo menos, entre 100.000 y 150.000 armas circulan en el Valle ilegalmente.

Mejorar la inteligencia

César Niño, experto en seguridad y defensa, considera que lo que se vio en Cali entre civiles armados e indígenas es un claro síntoma de una violencia estructural, e indica que el tema no se supera solo con la regulación.

Hay una clara pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad del Estado (...) es necesario la construcción de legitimidades institucionales sobre la población, y viceversa”, dice.

Y para Rosanía es urgente mejorar la inteligencia “para neutralizar cualquier amenaza antes de que se produzca”.

(También: Eln y disidencias, detrás de los ataques en Popayán, Cali y Jamundí)

Pero, sin duda, el asunto no es solo de seguridad, armas y orden público.

“Tenemos una población que está dispuesta absolutamente a todo en un contexto de pobreza bastante alto. Cali, según cifras del Dane, tiene 930.000 personas en pobreza monetaria”, le aseguraron a EL TIEMPO investigadores de universidades en Cali. Lo que explicaría parte del vandalismo, robos y otros actos delincuenciales vistos en estas semanas. Y si a esto se le suma el factor narcotráfico, el cuadro se complica en extremo.

De esa magnitud es el reto en esa ciudad. Soluciones fáciles no hay, pero si hay algo claro, es que el fuego no se apaga con gasolina, y que armar a los civiles no es el camino. Quedó más que demostrado con lo que pasó en el marco de estas protestas.

COLOMBIA Y UNIDAD INVESTIGATIVA

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