La disparada que se pegó el tráfico ilegal de oro en la región

La disparada que se pegó el tráfico ilegal de oro en la región

El aumento se da principalmente por ser una fuente significativa de financiación para redes mafiosas

Minería de oro

Se calcula que en Colombia, el 47 por ciento de la minería de oro se encuentra en zonas de especial protección como parques naturales, páramos y ríos.

Foto:

Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

Por: Frédéric Massé*
30 de noviembre 2019 , 10:27 p.m.

Oro escondido en las vísceras de peces o en la nariz de aviones privados, oro transportado en lanchas rápidas o en avionetas junto con cargamentos de cocaína que salen de la costa Pacífica o Caribe, oro ‘pitufeado’ en pequeñas cantidades por correos humanos, ‘turistas’ que viajan con ‘sus’ joyas, inmigrantes que sirven de mensajeros para los traficantes e inclusive curas falsos que viajan con crucifijos de oro.

Durante los últimos años se ha disparado el tráfico de oro en la región Andina y el Caribe: pasó de ser anecdótico a representar una fuente de financiación para las redes mafiosas y organizaciones criminales que operan en la región. Mucho se ha dicho en los últimos años sobre la extracción ilícita de este metal precioso, pero poco sobre su tráfico.

El oro es un producto casi perfecto para el lavado de dinero. Es legal, su valor es muy alto en relación con su peso y volumen, es fácilmente fundible, no tiene olor y es difícil rastrearlo.

Mucho se ha dicho en los últimos años sobre la extracción ilícita de este metal precioso, pero poco sobre su tráfico

En los años 70, los delincuentes ya recurrían al tráfico de oro para lavar sus ganancias provenientes del narcotráfico. Traían lingotes comprados en el exterior con su dinero, para después fundirlos y hacerlos pasar como parte de la producción nacional.

Durante casi cuarenta años, el oro fue traído ilegalmente de países como Panamá, Perú, Venezuela o Uruguay, y Colombia presentó la particularidad de exportar más oro del que producía. En ese entonces, nadie le prestó mucha atención al fenómeno, probablemente porque el Gobierno se beneficiaba en tanto el oro blanqueado pagaba impuestos en el momento de ser reexportado legalmente.

Sin embargo, desde hace tres o cuatro años, los flujos empezaron a cambiar de dirección, es decir que cantidades cada vez mayores de oro extraído ilícitamente de las zonas mineras remotas de Colombia empezaron a ser contrabandeadas hacia otros países de la región —sin que el contrabando desde afuera hacia adentro hubiera desaparecido—.

Como es natural, no existen estadísticas, sino estimaciones y especulaciones, pero teniendo en cuenta las cifras estatales, se cree que en apenas dos o tres años, el tráfico de oro de Colombia hacia el exterior habría pasado de entre cinco y diez toneladas por año a más de 25. Parte del descenso en la producción oficial de oro en 2017 y 2018 se explica de esta manera.

El tráfico de oro de Colombia hacia el exterior habría pasado de entre cinco y diez toneladas por año a más de 25

¿A qué se debe el aumento?

Primero que todo, a los esfuerzos de las autoridades colombianas para combatir la minería criminal.

Aunque parezca paradójico, resulta que el aumento de las medidas de control y de fiscalización adoptadas por Colombia y por la comunidad internacional para frenar la minería criminal —el Registro Único de Comerciantes (Rucom) en Colombia, la guía de debida diligencia de la Ocde, la nueva reglamentación europea sobre minerales responsables…—, junto con los escándalos alrededor de unas comercializadoras o refinadoras de oro, han hecho que camuflar el oro de origen ilícito dentro de la producción legal del país se vuelva más riesgoso y complicado.

Las organizaciones criminales hicieron cuentas y concluyeron que era mejor comprar el oro a bajo precio a unos mineros sin permiso y sacarlo ilegalmente del país por las rutas de tráfico.

El oro es un producto casi perfecto para el lavado de dinero. Es legal, su valor es muy alto en relación con su peso y volumen, es fácilmente fundible, no tiene olor y es difícil rastrearlo

‘Modus operandi’

El ‘modus operandi’ y las rutas de tráfico de oro son muy parecidos a los del tráfico de drogas: lanchas rápidas que salen del golfo de Urabá para Panamá, al otro lado de la frontera (La Miel) o un poco más lejos (archipiélago de San Blas).

Barcos ‘pescadores’ también recolectan oro en los pueblos de la costa Pacífica colombiana, suben desde el suroccidente del país (Timbiquí, López de Micay) hasta Panamá y pasan por las costas del Chocó.

Avionetas privadas y vuelos chárter salen de Medellín, Pereira, Cali, Palmira, Timbiquí, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Riohacha o Santa Marta hasta la ciudad de Panamá, Colón, Aruba, Curazao, Bonaire, San Martín y Barbados, para legalizar su mercancía o retanquear y seguir hasta Texas o la Florida. Oro camuflado en vehículos o embarcaciones que desde zonas mineras nariñenses van hasta Pasto, Ipiales, por un lado, o Esmeraldas, por el otro, para después terminar en Quito o Guayaquil.

Una vez legalizado, mezclado y fundido para esconder su verdadero origen, evadir controles y hacer imposible el rastreo, buena parte del oro va a parar en las grandes refinerías de Europa, Turquía, Medio Oriente, Asia o Estados Unidos.

Después del cierre de la frontera entre Venezuela y las islas caribeñas holandesas a causa de la crisis de contrabando de oro hacia esas islas en enero de 2018, el oro sacado ilegalmente del arco minero venezolano ha tomado otras rutas (la República Dominicana, San Martín, Guyana, Surinam) y Colombia se ha convertido en uno de esos puntos de tránsito para el tráfico de oro.

A partir de enero de 2018, los vuelos chárter y privados que viajan desde Venezuela hacia Cúcuta, Riohacha, Bucaramanga, Cartagena o Barranquilla han aumentado de manera sospechosa. El número de ‘turistas’ en vuelos comerciales hacia el Caribe provenientes de Colombia también se ha incrementado de manera inexplicable.

Por otra parte, y como ocurre en otras partes del mundo, la crisis migratoria de Venezuela ha sido aprovechada por organizaciones criminales que usan a los inmigrantes como correos humanos.

La Fiscalía colombiana ha venido investigando a unas comercializadoras sospechosas de comprar oro ilegal proveniente de Venezuela. Hasta los grupos armados ilegales que ‘regulan’ la actividad minera en el país vecino han participado en este tráfico, aprovechando su presencia en ambos lados de la frontera y su conocimiento de las rutas de narcotráfico para captar parte de esas rentas criminales.

Colombia se ha convertido en uno de esos puntos de tránsito para el tráfico de oro

Las autoridades colombianas tardaron en investigar el tráfico de oro. Tenían los ojos puestos en otros tráficos. Hoy en día tienen más clara la situación, pero como sucede con el tráfico de drogas, los traficantes parecen tener la ventaja.

Todavía falta para llegar a la raíz del problema. El primer paso es enfrentar cierta hipocresía que en Colombia y en el mundo persiste alrededor de estos fenómenos.

El correo humano de oro

El tráfico ilegal de oro en el país sufrió uno de los golpes más duros este año. La Fiscalía develó un modelo ilegal y sistemático de salida y entrada de oro, en el que correos humanos viajaban entre Colombia y Panamá con el metal precioso mimetizado en accesorios o camuflado con la complicidad de funcionarios aeroportuarios. Las barras de oro solo eran declaradas a su ingreso a Panamá y vendidas exclusivamente a las comercializadoras Gold América y Alpha Trading por oro italiano que luego era transportado por los correos humanos de vuelta a Colombia, la ingresaban y, posteriormente, la entregaban a los señalados cabecillas de la estructura que se encargaban de distribuirla en su red de joyerías y a comerciantes que tenían negocios en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali y otras ciudades capitales.

FRÉDÉRIC MASSÉ*
RAZÓN PÚBLICA**
* Codirector de Red Coral: Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina.
** Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

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