La desaparición forzada sigue sembrando miedo en la frontera

Los 97 casos de desaparecidos de manera forzosa en el municipio de Puerto Santander, ubicado en el área metropolitana de Cúcuta, que en lo corrido de este año han sido reportados ante Medicina Legal, tienen en alerta a los defensores de derechos humanos de la frontera con Venezuela, quienes han comparado este repunte con las alarmantes estadísticas que dejó en este territorio la pesadilla paramilitar.

A través de una acción urgente emitida por la Fundación Progresar, cuatro nuevos hechos, derivados de esta práctica de guerra, fueron denunciados recientemente en este tramo de la línea divisoria, donde el control territorial de ‘Los Rastrojos’ ha generado zozobra por las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas  por esta estructura criminal en su afán por apoderarse de las rentas ilegales, provenientes del narcotráfico y el contrabando de gasolina venezolana.

Según las denuncias de esta organización social, los hermanos José Luis y Jhonatan Prada, así como Willinton Giraldo Salazar y Javier Rozo se encontraban el pasado 15 de noviembre aprovisionándose del combustible, cuando hombres armados, pertenecientes a este grupo residual de los ‘paras’, los desaparecieron .

El asalto a estas personas, que se dedican a la comercialización de gasolina ilegal, actividad denominada como ‘pimpineo’, sigue siendo una gran incógnita, pues las autoridades no han podido establecer ni el paradero, ni los móviles de este delito.

“Ante la gravedad de estos hechos, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional especialmente al ministro del Interior, Guillermo Rivera, a la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur y al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, para que en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales se tomen de manera inmediata medidas efectivas que protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, señaló Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar.En un comunicado, este líder de derechos humanos criticó a las autoridades colombianas por no ofrecer una respuesta efectiva que proteja a los habitantes de esta población fronteriza de la acción criminal, ejercida por estos actores armados, desde 2005.

Asimismo, Cañizares recordó que estas abultadas cifras están reviviendo los días del terror paramilitar, cuyas víctimas a causa de esta práctica criminal sumaron más de 4.000.

En medio de estos pronunciamientos, las comunidades campesinas de los municipios de El Tarra y Tibú, de donde son oriundas estos ‘pimpineros’, anunciaron para este miércoles una serie de movilizaciones para exigir la liberación de sus vecinos, dado el caso de que se encuentren secuestrados.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) estableció que estos informales llegaron a la vereda El Diamante, de este municipio bañado por las aguas del río La Grita, para adquirir el combustible a un reconocido contrabandista de la zona, conocido como alias ‘El Indio’.

“El Gaula no ha recibido la denuncia de una exigencia de tipo económica (…) Estamos adelantando las investigaciones, porque ahí delinquen las estructuras del crimen organizado. Esto es un municipio fronterizo de lado y lado de la frontera. Hemos hecho capturas importantes contra bandidos que delinquen en este territorio”, aseveró el coronel Javier Barrera, comandante de la Mecuc.

CÚCUTA