La cámara de fotomulta que es un dolor de cabeza para los viajeros

El debate por la reglamentación de las fotomultas continúa en el país. Esta vez el epicentro es el municipio de Aguachica, en Cesar, paso obligado para los turistas que van desde el centro y oriente del país hacia la Costa.

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Allí hay un contrato de concesión por 15 años con la Unión Temporal Proyecto Vial Aguachica, que fue firmado por la administración municipal del 2013.

Las cámaras de fotomultas están ubicadas en cinco puntos, incluyendo vías donde la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora y son paso obligado para los turistas.

Habitantes de Aguachica han presentado acciones populares para desmontar estas cámaras argumentando que no están correctamente señalizadas, tal y como lo indica la norma, pero no han prosperado.

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Incluso, Robinson Manosalva, alcalde del municipio, protagonizó un video en el que llegó él mismo a retirar el vehículo que se parquea en el punto conocido como La Y, ubicado en la vía a San Alberto, en el kilómetro 64.

“Ya no quiero saber más del tema de fotomultas aquí en Aguachica. Hágame el favor y me despejan el área”, dijo en repetidas ocasiones.

El mandatario le dijo a EL TIEMPO que ‘así sea con grúa, pero las desmonta’.

“Me colocaron un vehículo en la entrada del municipio donde queda La Y, que es donde se definen los que siguen para la Costa o entran a Aguachica. Está ubicada en un sitio no adecuado porque es una curva donde no hay buena señalización ni indicación para que puedan funcionar”, indicó el alcalde Manosalva.

EL TIEMPO tuvo acceso a fotografías tomadas el pasado miércoles 24 de marzo del vehículo de las fotomultas, una camioneta blanca parqueada a un costado de la vía sin ningún tipo de logo que indique que es una cámara de fotomulta. Dichas fotos dejan en evidencia la ausencia de señalización.

“La señalización SI-27 ‘Detección electrónica’, la cual informa que es una zona vigilada por cámaras o radar, para las vías nacionales en donde operen estas cámaras tendrán que ubicarse con una antelación de 500 metros de distancia, como lo señala el artículo 10 de la Ley 1843 de 2017”, indican desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

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Karla Alejandra Paternostro, coordinadora operativa de la concesión Unión Temporal Proyecto Vial Aguachica, explicó que las señales sí se ubican cumpliendo la ley, pero que son robadas constantemente.

“La señalización está ubicada y dice zona de detección electrónica. Debajo de la señal de la velocidad también están ubicados unos letreros que dicen que es zona de detección electrónica, esas señales han sido robadas reiterativamente, y adicional a esto se encuentra un cono”, dice Paternostro.

Otra de las molestias que han llevado al alcalde a afirmar que desmontará las cámaras así sea a la fuerza es el recaudo del contrato.

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“Esa concesión se hizo con el fin de beneficiar a tres o cuatro personas que se están llevando 15.000 millones de pesos anuales y al municipio no le entran sino 1.000 millones, que luego son repartidos en el Tránsito y otros en los bolsillos de los intermediarios, que se quedan con la plata del pueblo”, indicó el mandatario.

Esta afirmación fue refutada por la coordinadora de la concesión, quien indicó: “En el año 2020, nosotros no recibimos 15.000 millones, el Tránsito recibió 1.800 millones y la concesión recibió alrededor de 2.800 millones, y con esa plata se asume absolutamente toda la operación”.

El alcalde anunció que llevará la disolución del contrato hasta el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Valledupar.

MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ 
REDACTORA EL TIEMPO
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