Al reciente escándalo por el manejo del programa del adulto mayor, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira, ahora se suman nuevos hallazgos, en la misma dependencia, realizados nuevamente también, por la Personería de Pereira.
El pasado viernes, la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, informó que a raíz de quejas que se recibieron de veedurías se encontraron presuntos hallazgos de carácter disciplinario, penal y fiscal en la ejecución de 75 contratos.
Los contratos revisados son para la atención de personas en condición de víctima, nuevamente, del programa del adulto mayor y de actividades de capacitación.
La contratación analizada es del periodo 2013-2015, es decir, cuando era alcalde de la ciudad Enrique Vásquez Zuleta y el secretario de Desarrollo Social, Aléxander Granados.
Sin embargo, Cárdenas aclaró que no necesariamente la responsabilidad de las posibles irregularidades recaíga sobre Granados, “eso depende de las pruebas que recaude la delegada disciplinaria”.
Cabe recordar que este año fue capturado el exsecretario de Desarollo Social, John Jairo Lemus, otros funcionarios y contratistas por el desvío de los recursos de la estampilla pro adulto mayor. Lemus estuvo en ese cargo en el 2016.
En las celdas del CTI de la Fiscalía, Lemus, otros dos exfuncionarios y dos contratistas esperan el llamado a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.
Al calificar los hallazgos realizados como “muy delicados”, Cárdenas reveló que se encontraron “pagos sin los soportes respectivos, falta de idoneidad de los contratistas y legalización de hechos cumplidos”.
Para explicar esta última conducta la Personera puso este ejemplo real de lo que se halló: A cargo de un contrato de arrendamiento que se inició en noviembre se pagaban cánones de arrendamiento de los meses de septiembre y octubre.
Además, se detectaron presuntos sobrecostos en algunas facturas que hicieron parte de esos contratos. Una de esas facturas que llamó la atención es de la compra de 90 libras de carne por un valor de un millón 600 mil pesos.
“El valor de esa factura fue cotejado con los precios (de la carne) del mercado para la época de los hechos y se evidencia un desborde”, dijo Cárdenas.
PEREIRA
